Pidieron el juicio político al magistrado que benefició a presos por el coronavirus

La agrupación Usina de Justicia pidió que se le realice el juicio político al juez Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación de Buenos Aires, señalado por otorgarle prisión domiciliaria a presos debido a la pandemia de coronavirus.

La acusación es por "incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo". En un comunicado explicaron que "el temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia".

Una nota publicada en Infobae destaca que Violini quedó en la mira de la agrupación formada para representar los derechos de las víctimas, luego de que hiciera lugar a un habeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerenses, en medio del coronavirus, que actualmente está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Usina de Justicia pidió ser “amiga del tribunal” en la discusión. Y, por otra parte, pidió ahora el juicio político para Violini, por “la gravedad institucional que evidencian los hechos” en torno al habeas corpus colectivo, que buscaba evitar contagios de Covid-19 dentro de las cárceles argentinas.

El escrito firmado por el abogado Fernando Soto remarcó también que el habeas Corpus Colectivo “no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal” y que “de no ser el Dr. Víctor H. Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el Magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional, además de haber incumplido la Ley Nacional nro. 27.372 y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica)”.

"Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el Derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal. Por el contrario, es en las situaciones de emergencia cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes", explicaron.

La presentación completa