El reclamo judicial contra el gobierno de Mendoza de la nueva jueza federal

El reclamo judicial contra el gobierno de Mendoza de la nueva jueza federal

Este viernes se oficializó la designación de Susana Pravata como jueza del Juzgado Federal 4. La elegida de Alberto Fernández para ese cargo presentó hace dos años una demanda contra el gobierno provincial para que se le reconozca dinero que se le adeuda en concepto de antigüedad.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

El viernes se publicaron diferentes decretos presidenciales con los cuales Alberto Fernández designó a tres magistrados federales en la provincia de Mendoza: Pablo Salinas en el Tribunal Oral Federal 2, Pablo Quirós en el Juzgado Federal 2 y Susana Pravata en el Juzgado Federal 4. Esta última tiene un litigio contra el gobierno de la provincia de Mendoza desde el año 2018.

El expediente aún está vivo en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y en concreto la nueva jueza federal inició una acción procesal administrativa en contra del Gobierno de la Provincia. Mediante la misma exige la nulidad de la Acordada N° 28.814 dictada por la Sala Tercera Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por la cual se rechazó el reclamo de reconocimiento del adicional por antigüedad.

Pravata se desempeñó durante años como abogada contratada en la Asesoría de Gobierno, hasta que en el año 2015 el por entonces gobernador Francisco Pérez la postuló para jueza tributaria, cargo en el que quedó designada en febrero de ese año.

El reclamo por antigüedad en realidad es un reclamo salarial, ya que se trata de un ítem que incide directamente en los haberes de los magistrados. El inconveniente es que a Pravata no le computan años en los que estuvo trabajando en la Asesoría de Gobierno desde el año 2003 hasta el 2015 en calidad de contratada y eso impacta directamente en sus percepciones.

Por eso, llevó su reclamo ante la Corte provincial. "El reclamo efectuado por Susana Pravata ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se hizo con la finalidad de que le fuera reconocido su derecho a percibir el adicional por antigüedad que debía abonársele por el desempeño de su cargo de jueza provincial, y que había sido desconocido en sede administrativa, al no serle computados los años durante los cuales su –incuestionable- 'relación laboral' se había canalizado en forma 'ininterrumpida' mediante la figura de 'contratada'", explican representantes de la magistrada.

Específicamente, el planteo de Pravata tiene como sustento la existencia de pronunciamientos similares por parte de la Corte y se funda en que la norma que regula el pago del adicional no excluye a los servicios prestados por personas que prestan servicios en calidad de “contratadas”.

Por otro lado, sostienen que el artículo 9 de la Ley 4322, en su segundo párrafo, dispone que la “determinación de la antigüedad total de cada agente se hará computando los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales o municipales”. 

"Como se puede observar, esta norma hace referencia al término 'servicios', sin efectuar distinciones entre los prestados en planta permanente, en calidad de contratados, etc", explicó el abogado Ernesto Bustelo a MDZ para justificar el reclamo de Susana Pravata.

Al margen de ese conflicto judicial, siendo jueza tributaria Pravata rindió concurso para convertirse en jueza del Juzgado Federal N° 4 y tras ser postulada por Alberto Fernández para el cargo, y pasar el filtro del Senado, el presidente la designó en ese lugar el viernes pasado.

Se trata de un juzgado que se creó en el año 2010 y entre sus competencias aparecen las causas previsionales y tributarias. Sin embargo nunca se designó un magistrado por lo que se ha ido acumulando trabajo. Según los números que se manejaban en el año 2019 ya eran casi 160.000 las causas en el Juzgado Federal 2 por la falta de funciones en el Juzgado Federal 4.

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