Un diputado salteño pidió ejecuciones y fue imputado penalmente

En diputado provincial salteño Gustavo Orozco fue imputado por el delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública, tras opinar que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente al diputado justicialista  por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.

La audiencia de imputación se realizó hoy, vía Zoom, debido a que el diputado no se encontraba en la ciudad de Rosario de la Frontera, que está a 185 kilómetros al sur de la capital salteña.

Orozco, quien representa al departamento Rosario de la Frontera, integra el Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, de la Cámara baja provincial, y tiene mandato hasta 2021.

El legislador negó los hechos endilgados y pidió prestar declaración por escrito, sin embargo, en la red social Facebook, publicó: “Los delincuentes que maten a un policía en el delito y aquellos que violan deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.

“Esto es lo que respondí a los medios salteños cuando preguntaron qué pienso de la inseguridad que últimamente estamos viviendo”, agregó.

Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad, y que, conforme a las diligencias realizadas, se pudo establecer que el imputado habría manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que -de acuerdo a la legislación argentina- constituiría un delito, el homicidio.

Asimismo, para el fiscal, el legislador presenta a este delito, en estas circunstancias, como un hecho meritorio y digno de aceptación por todos, lo cual podría generar la falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la ley.

Rodríguez López consideró que el comentario del imputado “podría generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad civil por el contexto y la relevancia que tendría, en virtud de que se trata de un funcionario público, elegido por el voto popular”.

Finalmente, el fiscal sostuvo que “se suma a todo ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a la pandemia”.