Destituyeron al juez que presionó a colegas por un acuerdo millonario

Destituyeron al juez que presionó a colegas por un acuerdo millonario

El juez de la Quinta Cámara del Trabajo fue destituido luego de que el Jury de Enjuiciamiento determinara que existió un desorden de conducta por parte del magistrado presionar a sus colegas e impulsar el avance del expediente del cual era parte.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Finalmente el Jury de Enjuiciamiento decidió destituir al juez de la Quinta Cámara del Trabajo Antonio Sánchez Rey. Se trata del magistrado que era investigado por presionar a sus compañeros de Cámara, Jorge Consolini y Viviana Gil, para que homologaran un acuerdo con la ART Provincia para que le pagaran 4.5 millones por un accidente laboral. Lo encontraron culpable de desorden de conducta.

En un fallo dividido que terminó con 12 votos a favor de la destitución y 9 que adherían a una moción de suspensión, se determinó castigar al magistrado que ahora perderá el beneficio de jubilarse con el 82% móvil. El Jury está integrado por los 7 miembros de la Corte, 7 diputados y 7 senadores. Según trascendió, los votos a favor de la destitución están identificados con la UCR, mientras que desde el peronismo pedían 180 días de suspensión.

El procurador Adjunto, Gonzalo Nazar, había expresado en sus alegatos que desde el ingreso del expediente a la Quinta Cámara del Trabajo que integraba "el propio Sánchez Rey de una u otra manera y en más de una oportunidad les hizo saber  (a sus colegas) que no debían preocuparse. Que no había obstáculos morales. Que si se abstenía de intervenir se estarían equivocando. No obstante, desde el día uno dijeron que no querían intervenir", adhirió.

"Cuando advirtieron que el expediente avanzaba de hecho por voluntad de Sánchez Rey y dijeron que querían excusarse, Sánchez Rey redobló la apuesta y los increpó de forma irrespetuosa e indecorosa. A todas luces incompatible con la calidad de magistrado compañero de colegio", remarcó Nazar basado en el testimonio del juez Jorge Consolini y la jueza Viviana Gil.

Para la mayoría de los integrantes del Jury existe evidencia suficiente para demostrar que existió un desorden de conducta por parte del magistrado y que no actuó conforme a los valores que se esperan de un juez. Sin embargo, se rechazó la otra acusación por "mal desempeño".

En concreto, la acusación apuntaba a que Sánchez Rey intentó incidir en el accionar de sus colegas de Cámara Viviana Gil y Jorge Consolini. En su declaración testimonial Gil aseguró haberse sentido violentada moralmente por el accionar de Sánchez Rey interviniendo en un proceso del cual era parte y por eso decidió excusarse, lo cual motivó el enojo del juez. "Hizo todo lo contrario a no intervenir. Su accionar fue total mala fe tratando de violar las reglas del proceso y nuestra condición de magistrados", agrega el testimonio de Gil. 

Desde la defensa de Sánchez Rey afirmaron que la doctora gil "no solo ha falseado los hechos, los ha magnificado". En concreto, el abogado Diego Sánchez Azcona, hijo de Sánchez Rey, aseguró que las mentiras y falsedades denunciadas por escrito por Gil tiene por objetivo justificar por qué no se excusó desde un primer momento de intervenir en el expediente. "La declaración que presta parece una declaración pensada. Miente para justificar su postura y excusación", sostiene el letrado.

"La defensa de Sánchez Rey habla de la mala suerte de que el expediente quedara justo en esa Cámara. Y es mala suerte, porque choca con la ética. Debía resolverse en otro tribunal. Pero esta mala suerte inicial era fácil de torcer. Si era mala suerte y tenemos por acreditado desde el primer día que Gil y Consolini no querían resolver en la causa, él debía decir: 'no se preocupen nos excusamos los tres' y el expediente iba a la Sexta Cámara del Trabajo", cuestionó Nazar.

Resumen del caso

El magistrado era investigado por haber presionado a sus compañeros de Cámara para que homologuen el acuerdo de indemnización por 4.5 millones de pesos por un accidente laboral que había sufrido en el año 2017 en la playa de estacionamiento del Poder Judicial, donde se apretó el brazo con el portón eléctrico. Por el caso también se inició una causa penal por sospechas de fraude en el acuerdo alcanzado con Provincia ART, pero fue sobreseído.

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