La irresistible tentación de controlar lo que se dice desde el Estado

La irresistible tentación de controlar lo que se dice desde el Estado

El Gobierno busca impulsar un observatorio que analice y evalúe si los mensajes de redes y de los medios son verdaderos, si generan "odio" o no. La propuesta fue cuestionada desde diversos sectores.

MDZ Política

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Las intenciones reales de cualquier medida pueden ser revestidas con eufemismos. Pero alcanza con rascar un poco y analizar antecedentes para descubrir lo que puede pasar. Con la creación del "NODIO" ocurre lo mismo: es una nueva señal de la irresistible tentación que tiene el poder político de controlar los mensajes. Se trata del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica que busca crear la defensoría del Público creada por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Aunque los argumentos que dio la titular del organismo, la periodista Miriam Lewin, parecen nobles, parten de una base peligrosa: que un organismo dependiente del poder político tenga el poder de decidir qué mensaje es "verdad o mentira", cual es parte del "discurso del odio" o de la concordia.

"El Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”. Tiene como finalidad proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias", explica el proyecto original. El problema es quién tendrá la vara para determinar esas categorías. Alcanza con analizar el discurso político argentino para darse cuenta que en general desde el poder se construye la idea de "mentira" sobre cualquier mensaje que moleste. 

Pero además puede haber un intento de exceder las funciones del propio organismo porque se basa en una ley que solo regula los medios electrónicos; es decir la radio y la televisión. La Defensoría fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que fue emblema de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No tanto por la ley en sí, sino por los objetivos: fue la ley "anti Clarín" más que de regulación general. 

La intención de auditar los mensajes es un tema recurrente en la política argentina. Por el temor a la independencia y por la errada convicción de que "quien controle los medios, controlará todo". Lo mismo se adecúa a las redes sociales. Es real que son caldo de cultivo para la proliferación de mensajes no chequeados o que buscan distorsionar. Pero las comunidades virtuales tienden más a "consolidar opiniones" que a crearlas. Incluso hay estudios recientes realizados en el marco de la pandemia de coronavirus que indican que las redes y los medios ayudaron mucho más a difundir mensajes reales que fake news. Y hubo muchos servicios de chequeo profesional que ayudaron. Claro, la mayoría de esos servicios no eran del Estado como se pretende hacer en Argentina, sino de la sociedad civil y de organizaciones profesionales. 

La llamada "infodemia" que denuncian muchos dirigentes no es tal. E incluso hubo una revalorización de la palabra y de los medios profesionales que, vale decir, en los últimos años también habían sido parte de la caída de la credibilidad que afectó a las instituciones. 

La intelectual Adriana Amado, una de las más lúcidas analistas de medios de Argentina, explicó lo que ocurre en la propia presentación del "NODIO", a la que fue invitada como panelista. No son los Gobiernos los que habitualmente "controlan" los mensajes en el resto del mundo. De los 215 servicios de chequeo de información "solo 7 son parte de un organismo gubernamental" y están en Malasia, Nigeria, Tailandia, India, Polonia, Bélgica y Austria. "Algunas de estas iniciativas se apoyan en leyes restrictivas de libertad de expresión en #redessociales de esos países", explicaron desde Info Ciudadana.

Desde distintas organizaciones relacionadas con los medios y el periodismo cuestionaron la intención de controlar los mensajes y en todos los casos advierten sobre lo mismo: el riesgo que implica que desde el poder político se busque controlar lo que se dice. “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión... Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión", indicaron desde ADEPA.

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