Radicales y peronistas congelaron el diálogo por el presupuesto
El Presupuesto 2020 no se discutirá en la Legislatura provincial hasta fines de enero, por lo menos. Así lo acordaron el oficialismo y la oposición, en una decisión que refleja más que nada la necesidad de aflojar las tensiones que dejó el conflicto por la reforma de la ley 7722.
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La reforma derogada finalmente por Rodolfo Suarez por presión de la sociedad provocó incendios en las dos principales fuerzas políticas. Había sido un acuerdo de ambas partes con bendición nacional de Alberto Fernández y sancionar rápido el presupuesto hubiese significado reincidir en un experimento de diálogo político con el peronismo que, en su debut, salió muy mal.
Nada tienen que ver una cosa con la otra, pero el golpe de la reforma de la 7722 seguramente hizo que Suarez repensara sus estrategias. El gobernador defendía la necesidad de "acelerar y acelerar". Pero ahora cedió cuando desde el otro bando le pidieron parar.
Lo acordado con el PJ es que se tratarán las leyes de Avalúo e Impositiva esta semana en la Legislatura. Luego comenzará un receso vacacional que unos cuantos legisladores piden a gritos. Desde el 24 de enero se retomarán las negociaciones por la moderada primera pauta de gastos de Suarez, que tiene una sola intriga: el endeudamiento.
El Gobierno y el oficialismo ya han mostrado sus cartas. Quieren de mínima que el PJ avale la refinanciación de deudas que vencen este año. De allí podría salir la plata para aplicar una medida anunciada en la que el Gobierno no dará marcha atrás: el congelamiento por seis meses de la tarifas de micros y electricidad.
Si no hay aval opositor en la Legislatura al roll over, se reducirá más el desde ya acotado plan de obras de este año. Advierte el Gobierno que esa decisión afectará a los intendentes oficialistas y opositores que iban a recibir esas obras.
La única solución alternativa sería que el congelamiento tarifario de Mendoza sea financiado por el Gobierno Nacional. En este sentido, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, acaba de anunciar que subsidiará a las provincias con 5.000 millones de pesos.
Se calcula que a Mendoza podrían tocarle alrededor de 300 millones de pesos si se suscribe al programa. Una cifra muy menor si se compara con los 3.000 millones que dice necesitar para mantener el boleto en 18 pesos. Ínfima también si se la compara con los 75.000 millones de pesos que invertirá la Nación para que no suban las tarifas en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Para tener una dimensión del problema, hay que decir que el Presupuesto provincial tiene una partida de 8.000 millones de pesos para el transporte público. Pero ese subsidio fue armado contando que el boleto de colectivo subiría por lo menos a 25 pesos desde este mes.
Este escenario complejo es el que esperará a los legisladores a la vuelta de las vacaciones. Para el oficialismo, el problema principal del peronismo mendocino es que todavía adolece de falta de conducción a la hora de tomar decisiones.
Con la reforma de la ley 7722, la instrucción de Alberto Fernandez a favor de impulsar la minería alcanzó para alinear a la mayoría del justicialismo. Pero por ahora no asoma una solución de ese tipo para el endeudamiento radical, que es una espina clavada para el PJ desde la era de Alfredo Cornejo y un caballito de batalla opositor para varios de sus referentes.
Aunque hay una diferencia importante a tener en cuenta en este caso. No habrá marchas de repudio si radicales y peronistas se ponen de acuerdo esta vez en el financiamiento necesario para frenar los aumentos de las tarifas.