Los límites del "mágico" congelamiento de tarifas

El 2 de enero pasado, el gobernador Rodolfo Suarez congeló los sueldos de los funcionarios y las tarifas de transporte público y del servicio eléctrico.

La medida rige por 180 días, pero la orden de un gobernador no puede frenar la inflación mágicamente y el día 181 es un problema que, por ahora, no tiene solución.

De hecho, el EPRE convocará el mes que viene a una audiencia pública para analizar un pedido de aumento por incremento de costos de las distribuidoras que superará el 60 por ciento.

Leyes y decretos ordenan disparar este proceso de revisión tarifaria en forma periódica, aunque la suba no se vaya a aplicar durante los próximos seis meses.

La Secretaría de Servicios Públicos reconoce en este sentido que las distribuidoras tienen un atraso tarifario de 13 meses. En ese periodo, la economía acumuló 55 por ciento de inflación.

Edemsa y el resto de las compañías mendocinas se nutren del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es uno de los elementos de la tarifa eléctrica. Los otros dos son nacionales: el costo de abastecimiento y transporte y los impuestos. 

El último incremento del VAD provocó una suba del 16 por ciento en la factura del servicio, la cual se aplicó a mediados de 2019, a partir de una revisión de los costos que abarcaba hasta diciembre de 2018.

Las distribuidoras eléctricas esperaban una nueva readecuación del VAD en el inicio de 2020. No será así: el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, confirmó esta semana el congelamiento tarifario de dos de los tres servicios en el que tiene incidencia (el otro es el agua). En este periodo las eléctricas podrán, en todo caso, negociar el plan de obras

Pero el proceso de incremento, cuyo primer paso será una audiencia pública con fecha a definir, tiene que seguir adelante para evitar juicios contra la Provincia.

"No subiremos por 180 días y después veremos cuándo se traslada el aumento a la tarifa", señalan en el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la última palabra al margen de los procesos del EPRE.

El Gobierno provincial dilatará la suba del servicio eléctrico mientras busca soluciones financieras. Pero asegura que no hay muchas.

El aumento a las eléctricas equivale a 3.000 millones de pesos. El Gobierno planea asumir ese costo por la vía de la refinanciación de deudas que se vencen este año o a través de un recorte de obra pública.

La concesión o no al Poder Ejecutivo de esa refinanciación de deudas, llamada roll over, es una pulseada que la clase política ha decidido postergar hasta fines de este mes, por lo menos. 

Recién entonces se va a discutir el Presupuesto 2020 en la Legislatura, del cual el endeudamiento es un capítulo central.

El roll over pedido por el Ejecutivo supera, en total, los 6.000 millones de pesos. Y lo que no pague el Ejecutivo en deudas, es casi un hecho que se convertirá en subsidios a las empresas de servicios. 

Lo que no ocupe en la electricidad, sería usado en el transporte público, ya que, como manda la decisión de Suarez, el boleto seguirá costando 18 pesos durante 6 meses y por ello habrá que elevar en cifras millonarias los subsidios estatales.

Antes del congelamiento, el Gobierno provincial planeaba elevar el precio del pasaje a no menos de 25 pesos, para cubrir de ese modo los mayores costos del servicio. Además, el proyecto de presupuesto contempla para este año subsidios al transporte público por 8.000 millones de pesos, aunque el gasto en 2020 por los colectivos superaría los 10.000 millones, con la inclusión de la media y larga distancia.

En este contexto, el gobierno de Suarez pide que la Nación retome el rol que cumplía hasta que Mauricio Macri firmó con las provincias el Pacto Fiscal.

Hasta entonces, un tercio del transporte lo pagaba la Provincia, otro tercio lo cubría la Nación y el tercio restante se cubría a través de la recaudación del boleto.

El pacto fiscal de Macri eliminó, casi en su totalidad, los aportes nacionales. A cambio las provincias habían recibido un aumento de la coparticipación federal: la Nación devolvió el 15 por ciento que recortaba Anses. 

Ese esquema desapareció con la llegada de Alberto Fernández al poder y los anuncios de congelamiento tarifario. La gran queja de las provincias, en especial Mendoza, es que Fernández aseguraría los subsidios millonarios que hacen falta para cubrir los costos de congelar tarifas en la zona metropolitana de Buenos Aires (unos 75.000 millones de pesos), pero no en el interior del país.

"Pedimos ecuanimidad en el reparto de los recursos. Si vuelven a recibir subsidios ellos, nosotros también", exigen en el Gobierno mendocino.

La novedad de la semana fue la reaparición de un fondo compensatorio del transporte público que distribuye 5.000 millones de pesos entre todas las provincias. Pero en el gobierno de Suarez aclararon rápidamente que ese fondo ya existía en la era Macri y señalaron que está lejos de ser una solución para Mendoza: le aporta mensualmente apenas 63 millones de pesos. La Provincia, en cambio, necesita más de 3.000 millones para este año.

La sospecha de Suarez y su gabinete es que el reparto discrecional de fondos que habilita la ley de emergencia nacional no va a favorecer a Mendoza. Esa distribución ya comenzó con anticipos financieros para cinco provincias en crisis que están gobernadas por el justicialismo.

Desde Alfredo Cornejo para abajo, todo el radicalismo mendocino está subido al reclamo de que haya federalismo en la distribución de fondos.

 No es una batalla perdida, en principio. El futuro de los subsidios nacionales podría comenzar a conocerse la semana que viene, en una reunión que ha organizado el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, con sus colegas de todas las provincias, para tratar este tema. Allí estará Mema por Mendoza.

En el Gobierno provincial dicen que este encuentro podría aportar "claridad". "Ahí veremos qué requisitos nos ponen para acceder al subsidio nacional", expresó un funcionario.

Seguramente el resultado de esta reunión influirá en las discuciones legislativas del presupuesto y en el cálculo final de los costos del congelamiento tarifario. Pero el escenario político del presupuesto es muy difuso.

Mucho ha ocurrido en apenas un mes de Suarez y Fernández. La relación política entre ambos arrancó con un idilio que duró mucho menos que el verano. El fuerte reclamo social contra la reforma de la ley antiminera 7722 dinamitó el acuerdo que los dos habían sellado a favor de ese cambio y esto modificó el juego en Mendoza.

Tras el fracaso del diálogo a favor de la minería, el peronismo local volvió a reforzar su postura opositora. Votó en contra las leyes de Avalúo e Impositiva en la Legislatura esta semana y muestra los dientes de cara a la discusión presupuestaria.

El discurso peronista ronda en torno a la crisis total de las cuentas públicas, un problema que busca cargar en las espaldas de Cornejo. Aunque en algún momento, además de ejecutar libretos políticos de ocasión, todos deberán buscar soluciones a los problemas reales de la economía, que los siguen esperando. 

Ese tiempo está por llegar.