El Gobierno y los intendentes firmaron el acuerdo que cierra el conflicto

El Gobierno y los intendentes firmaron el acuerdo que cierra el conflicto

El pacto consiste en desistir de todos los recursos cruzados que habían presentado y que demoraban el fallo. Especifica además que la enmienda que limita las reelecciones tiene que regir a futuro y no para las elecciones de este año. Elevaron el texto a la Corte este mediodía. 

El Gobierno y los intendentes justicialistas definieron hoy, con más rapidez de la que se esperaba, un acuerdo que cierra el conflicto por las reelecciones.

Esto fue confirmado por uno de los abogados de los intendentes del PJ, José Luis Correa. "Está firmado", aseguró Correa, además de indicar que el acuerdo era llevado este mediodía a la Suprema Corte de Justicia por el fiscal de Estado, Fernando Simón; y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.

El acuerdo consiste en el desistimiento respecto de todos los "recursos cruzados" que habían presentado las partes.

Por un lado el Gobierno levantó el recurso de reposición "in extremis" que había interpuesto para que fuera revisada la cautelar de la Sala Segunda de la Corte, la cual, a comienzos de este mes, admitió que los intendentes se presentaran como candidatos a la reelección.

Correa indicó que, además, esa parte "consiente expresamente que los intendentes puedan inscribirse a la reelección", tanto en las PASO del 28 de abril como -eventualmente- en las generales del 1 de setiembre.

También en forma concreta, la Provincia toma el compromiso de no interponer ningún otro recurso "ordinario o extraordinario" en el expediente.

En ese mismo sentido va el gesto de los intendentes: la defensa levanta el recurso extraordinario federal que había presentado para prolongar el conflicto en la Corte Nacional.

El texto, además, señala expresamente que la enmienda debe regir a futuro.

Eso sí, tanto el Gobierno como los jefes comunales "mantienen sus pretensiones": Alfredo Cornejo considera que fue constitucional la promulgación de la enmienda y los intendentes no.

"En el acuerdo, pedimos a la Corte que dicte sentencia", completó el abogado Correa.

Firmaron este pacto Correa y Efraín Quevedo Mendoza en nombre de los cuatro intendentes (Jorge Gimenez, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro); el fiscal de Estado y el asesor de Gobierno.

Las condiciones del acuerdo político responden a lo que se había anunciado en este diario como necesario para cerrar el conflicto. Sin embargo, sí fue sorpresivo que se llegara tan rápido a la definición. 

Una breve cronología así lo demuestra. El miércoles, los intendentes y el Poder Ejecutivo se reunieron en la Corte para habilitar una conciliación, pero no hubo ningún tipo de acercamiento. Ayer, repitieron en el mismo ámbito, pero sólo anunciaron buenas intenciones y los jefes comunales hablaron de "preservar la seguridad jurídica".

Obviamente, en el medio había ocurrido lo más importante: el miércoles a la noche, Cornejo llamó a una conferencia de prensa para anunciar que el Gobierno no iba a obstaculizar la reelección de los intendentes peronistas.

Eso precipitó las negociaciones políticas, a pesar de la cautela de los abogados defensores, quienes tenían objeciones.

Ahora, sin presión política alguna, quedará en manos del plenario de la Corte dictar el fallo de fondo que establezca quién tiene la razón en este pleito. El gobernador ya ha dicho que espera dejar como legado un fallo que cambie las condiciones para la reforma constitucional y el propio acuerdo pide que exista sentencia.

El criterio del gobernador, expresado en la promulgación de la enmienda que modificó el artículo 198 de la Carta Magna, es que para ello no hace falta el voto de la mitad más uno del padrón general de electores y que alcanza con la mayoría de los que van a votar.

Los jefes comunales sostienen lo contrario: dicen que el decreto de Cornejo choca con un plebiscito de 2011 en el que la gente rechazó que se fijara ese umbral.

La pelea había comenzado en noviembre, cuando después de analizarlo un año y medio y muy cerca del proceso electoral, el gobernador decidió promulgar una enmienda votada en 2009 para limitar la reelección de los intendentes.

Ese decreto provocó la reacción de los jefes comunales del justicialismo que llevan varias gestiones en sus comunas (cuatro de los cinco), quienes presentaron en diciembre una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

Luego adelantaron los comicios de San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle y ejecutaron una maniobra clave: presentaron a la Corte una cautelar para frenar el decreto de Cornejo. Argumentaron entonces que buscaban evitar el "daño irreparable" que provocaría un decreto que estaba siendo revisado por la Justicia.

La Corte concedió la cautelar y comenzó entonces una guerra de acciones judiciales entre las partes que el gobernador decidió cortar esta semana, al darse cuenta que la Corte provincial nunca lograría resolver la cuestión de fondo antes de las PASO en los cuatro departamentos.

La solución que acordaron las partes se parece bastante a lo que sugirió el fiscal de Estado, quien en una presentación respaldó los argumentos del gobernador pero expresó que el fallo no podía correr para el proceso electoral vigente.

La casualidad quiso que se produjera un fuerte contraste hoy. Los intendentes del PJ mendocino consiguieron en forma definitiva el permiso para otra reelección el mismo día en que un fallo de la Corte Nacional bloqueó esa posibilidad para dos gobernadores: Alberto Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Sergio Casas, de La Rioja.

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