Al igual que CFK, Macri quiere expropiar La Rural

La causa para la expropiación había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que después confirmó la Corte Suprema, recuerda este lunes diario La Nación, que da a conocer la novedad.

"¿Se dieron cuenta de que están defendiendo un decreto de Cristina?", cuestionó meses atrás a funcionarios uno de los abogados de La Rural. "Es que pensamos que es correcto", recibió como respuesta.

El cuestionamiento a La Rural pasa por transacción de compra del terreno durante el Gobierno de Carlos Menem. "El predio fue legítimamente comprado, tal como lo establecía el marco legal vigente. Si tienen dudas, que vayan a la Justicia, pero no pueden ser juez y parte por decreto", dicen los ruralistas.

La Sociedad Rural Argentina ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri coincide con Cristina Kirchner en la "invalidez" del decreto de Menem (el 2699). 

"Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular", afirma el documento, y enumera entre los "vicios" que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. "El precio de la venta fue 'vil', considerando el valor del Predio Ferial de Palermo", agrega.

También el Ejecutivo afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado "en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina".

Tras el decreto de pedido de expropiación de Cristina, La Rural apeló y logró que la Cámara Federal Civil y Comercial suspendiera el decreto. El 21 de agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida cautelar de la Cámara.

El año pasado, la administración de Macri contestó la demanda, decidiendo así seguir con los pasos procesales hasta que no se defina la cuestión de fondo. "El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre", explicaron en el Gobierno.