Paco y Raquel sellan su pacto

En los próximos días asistiremos a la concreción de todo esto. El gobierno y los gremios de la Salud (ATE y Ampros fundamentalmente) firmarán el acuerdo paritario correspondiente al periodo 2015 y marcarán un hito a nivel nacional.

En medio de una tensión paritaria a nivel nacional y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, buscando imponer un techo en la negociación de aumentos salariales para que estos no superen el 25%, Pérez terminará pagándoles a sus empleado subas del 35%.

Bien por los gremios. Pero eso traerá detrás de sí, entre otras consecuencias, la profundización del desequilibrio entre los trabajadores públicos y los privados de Mendoza, a quienes se les hará imposible obtener ese porcentaje de aumento este año, amén de que ya corren con otras desventajas, como es el caso de la estabilidad laboral.

La combativa Raquel Blas habrá sumado otra estrella este año en su simulacro de tironeo con el Gobierno. Pero desde Hacienda nadie explica cómo harán para asumir subas del 35% cuando los ingresos crecerán el 22%.

Algo es seguro. Un Estado que hoy solo cumple (y con dificultades como se vio el mes anterior) con el pago de sueldos, deberá acudir a la toma de nuevo endeudamiento de corto plazo (emisión de letras) durante el segundo semestre de 2015 para poder cumplir con lo que está firmando en paritarias.

Paco está cumpliendo a rajatabla lo que le planteó a su propio equipo hace unas semanas nada más: "Lleguemos hasta junio, pasemos las elecciones y después vemos".

Es muy probable que hasta julio no se registren problemas con los salarios públicos, producto de los ingresos nacionales que crecen en esta parte del año por el goteo del Impuesto a las Ganancias y de la ayuda financiera que hacia finales abril aportó Daniel Scioli a través del Banco Provincia.

Pero todo eso cambiará al mes siguiente y se mantendrá la constante de los últimos dos años: se pagará como se puedan los salarios, pero se seguirá acumulando la deuda con los proveedores, se continuará con la bicicleta de los aportes a los municipios y se mantendrá la restricción en el gasto en obra pública para sostener solo un par de proyectos, como la ampliación del Acceso Sur y el chiche de Paco: la Villa Olímpica.

El importante pase a planta de personal contratado que se está registrando desde hace unos meses y que tendrá su punto más alto con la firma del acuerdo paritario con el sector de la Salud, es la ratificación de que esta administración no cambió los métodos de hacer política que el propio Pérez simuló combatir con decretos.

Los contratados que fueron y serán efectivizados, en su gran mayoría, forman parte del pelotón que ingresó al Estado durante esta gestión como parte del mecanismo de pagar favores políticos con contratos.

Así lo demuestra un rápido relevamiento, por caso, del listado de los 1.000 contratos que están a un paso de subir de categoría en Salud.

Hace exactamente un año, en la Asamblea Legislativa de 2014, el Gobierno y Raquel Blas acordaron de madrugada el levantamiento de una protesta y sellaron un pacto cuyos primeros resultados estamos viendo hoy.

Es evidente a esta altura que la líder de ATE y Pérez son socios políticos.

La sindicalista saca su rédito, porque no hace preguntas a la hora de revisar el listado de personal que pasará a planta y en dónde no todos son médicos y enfermeros, sino que también se acumulan militantes por decenas.

Y el gobernador porque se suma a la lamentable tradición de Julio Cobos y de Celso Jaque de entender que la política, básicamente, funciona mediante el conchabo en el sector público, además de espantar en pleno proceso electoral la posibilidad de paros en los hospitales.

Es claro que para Raquel, esta relación promiscua le permitió engrosar la cantidad de afiliados a ATE en los últimos años. Allí hay que encontrar, por caso, la militancia a desgano que viene haciendo desde el año 2007, cuando se sancionaron por ley los ingresos por concurso al Estado.

En la discusión paritaria anterior, se prendió la primera luz de alarma en la Legislatura de lo que se venía: unos 600 empleados del Coprosamen (la Comisión Provincial de Salud Animal de Mendoza) pidieron su efectivización como agentes estatales cuando en realidad ni siquiera eran personal contratado, sino empleados de una fundación que le presta servicio al Estado para el control sanitario. Los delegados que se reunieron con los legisladores en aquella oportunidad, argumentaron fundamentalmente que estaban buscando el beneficio que les representaría ser afiliados de ATE.

Los términos del pacto

Durante los últimos días de abril se produjo un hecho inédito en la política mendocina de estos días. De manera reservada se reunieron los equipos técnicos de Alfredo Cornejo, los encargados de las políticas de Salud de Adolfo Bermejo y un par de técnicos de la cartera del ministro Oscar Renna para discutir el acuerdo paritario con Blas y con Isabel del Pópolo, la representante gremial de los médicos.

Los radicales plantearon allí su rechazo casi total a lo que se estaba negociando. Los enviados de Bermejo pidieron "que no se firme cualquier cosa" y mostraron su preocupación por los términos del acuerdo.

Y los técnicos de Salud solo atinaron a levantar los hombros. "Todo esto es una decisión política, depende el gobernador", se despegaron.

En términos generales, lo que se firmará en paritarias abarca mucho más que el 35% de incremento salarial y seguramente este será uno de los temas más calientes en la campaña si es que, como debe, el gobernador envía una vez firmado el acuerdo para su homologación legislativa.

Por empezar, está planteado en los términos de la discusión paritaria el pase a planta permanente de todos los contratos del año 2012, 2013 y 2014.

Se trata de un millar de empleados que serán efectivizados más allá de la vigencia de la ley 8.729 que prohíbe en el artículo 82 y expresamente, el pase a planta en paritarias del personal contratado en cualquiera de sus modalidades, sin cumplir los requisitos exigidos por las leyes vigentes de concursos.

Esto es, entre otras cosas, traspasar personal sin especificar que trabajo harán y, mucho menos, si realmente hacen falta esos empleados.

Aquí cabe una particularidad. El Régimen Salarial de los Empleados de Salud se aplica al personal encuadrado en el Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud y al Convenio Colectivo de Trabajo de los Administrativos y Técnicos de la Salud.

Comprende a los empleados en relación de dependencia que prestan servicios en los hospitales públicos y en los centros de salud, pero también al personal de OSEP, de la DINAF, a los profesionales de la Dirección General de Escuelas y además, aunque suene extraño, a los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda que actualmente es una dependencia del Ministerio de Infraestructura. Pero que hasta el año 1999, se encontraba en el organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Salud.

El crecimiento de la planta de la obra social de los empleados públicos es evidente y las maniobras de pase a planta y de aumento de personal en el IPV registrados últimamente fueron notorios. Es un escándalo soterrado desde marzo en el organismo encargado de la construcción de viviendas, la creación de la Gerencia de Gestión Integral del Hábitat Social con la incorporación de varios cargos nuevos.

Si bien el cálculo del costo para el Estado este año del acuerdo de subas del 35% más el masivo pase a planta no está especificado aún, se estima que no bajará de los $1.200 millones.

Otro de los puntos es la efectivización de las clases interinas y subrogantes, que no es otra cosa que una maniobra oficial, con la anuencia de los gremialistas, para dejar instalados cargos jerárquicos que complicarán a la futura gestión.

Y aquí la mirada vuelve a estar instalada en la OSEP. Actualmente existen 850 subrogancias en Salud, 400 de ellas ya efectivas hace tres años y quedan 450 que son posteriores al 2011. De ellas el 90 % pertenecen a la obra social.

Del Pópolo obtiene lo suyo también. El acuerdo incluye el traspaso de personal del régimen 33 al régimen 27, cambio estatutario que permitiría que unos 800 enfermeros pasen a formar parte de Ampros como profesionales.

El asunto aquí es no solo que crece el gremio. Sino que de un régimen de 36 horas semanales, los enfermeros podrían terminar trabajando 24 horas por semana al menos en los nombramientos nuevos, más allá del incremento del gasto en materia de personal.

El tema a resolver todavía sigue siendo que hacer con Ganancias. Aquí se habló desde cambiar la base del impuesto, hasta que el empleador retenga el impuesto y luego lo devuelva en parte a los empleados. También se barajó bajar la carga horaria en algún porcentaje a los médicos afectados con este impuesto y asimismo analizar bajar del 35 % al 30 % el aumento y eliminarle las retenciones a quien hoy les recaen. Es decir que, por beneficiar a 1700 médicos del sector público, terminarían perjudicando a muchísimos más se desempeñan en el ámbito privado.

De cualquier forma también es cuestión de plata. Darle el beneficio de Ganancias a la Salud implicaría un costo de $ 5 millones mensuales, que se convertirían en más de $20 millones si el beneficio se extiende a todos los estatales. Recursos que también aportaremos todos, en beneficio del acuerdo político y sindical que está en ciernes.