Fracasó la negociación por el endeudamiento
Fracasó definitivamente este miércoles la posibilidad de que el oficialismo y los radicales lleguen a un acuerdo por el endeudamiento. En consecuencia, ambas partes acudirán hoy al mediodía a la Suprema Corte de Justicia para comunicar su desacuerdo y quedará en manos del alto tribunal resolver el conflicto.
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Fueron inútiles las dos semanas de reuniones, con tires y aflojes en torno a la situación financiera y "los números de la provincia". Anoche, en un encuentro en la Casa de Gobierno que duró apenas 40 minutos, la delegación de la UCR cerró todas las puertas a dar el permiso legislativo que reclama Francisco Pérez desde fines del año pasado para tomar deuda por unos 1.200 millones de pesos.
El Poder Ejecutivo también se mantuvo firme en sus planteos. Insistió en que necesita endeudarse para terminar el año. Tiró incluso sobre la mesa, otra vez, la posibilidad de no poder pagar sueldos si no cuenta con esa herramienta. Fue en vano: "Nos dijeron que lo van a analizar en setiembre", dijeron en el oficialismo.
Tras el fracaso, uno de los funcionarios que participó de la reunión aseguró que, a pesar de todo, es legal que el Gobierno tome deuda. "Vamos a tomar alguna de las opciones que tenemos", se plantó.
Los radicales notaron esa convicción por parte del Ejecutivo, por lo cual no fue necesario extender demasiado el encuentro. Más aún cuando hubo algunas recriminaciones y chicanas.
De la fugaz reunión participaron, por el oficialismo, los ministros Rodolfo Lafalla (Gobierno), Marcelo Costa (Hacienda) y Francisco García (Legal y Técnico); el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús; y el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá.
Por el lado del radicalismo acudieron el presidente radical, Sergio Pinto; los senadores Juan Carlos Jaliff y Armando Camerucci: y los diputados Martín Kerchner y Víctor Scattaregia.
Lamento oficial
"Vamos a avisar a la Corte que lamentablemente la negociación fracasó", confirmó ante la consulta de este diario el ministro de Gobierno. Hoy irá a tribunales en compañía del fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández; y el asesor de Gobierno, César Mosso Gianinni, dado que ambos fueron quienes pidieron extender una semana más el diálogo.
Lafalla fue uno de los que más fichas le puso a esta negociación. Anoche, insistía en que Pérez "no pide mucho". "El endeudamiento es para la amortización de deudas de este y anteriores gobiernos", dijo.
Lo cierto es que ahora la pelota vuelve a la Corte, después de rodar mucho en el terreno de la política sin que nadie pueda anotar un gol. Esto significa que los jueces tendrán que resolver si la reconducción presupuestaria que sancionó la Legislatura a instancias del PJ es constitucional o no.
Hay que recordar que esa acción del radicalismo incluye una medida precautoria, para que la reconducción no se aplique. El argumento de la UCR es que la ley habilita a reutilizar el endeudamiento aprobado el año pasado, a pesar de que fue sancionada por mayoría simple, no por dos tercios de las cámaras, como ordena la Constitución provincial.
Los tiempos de resolución de la pulseada judicial son muy importantes, dado que el Gobierno parece dispuesto a aplicar la ley sin esperar a que la Corte se exprese.
El Ejecutivo, hasta aquí, solo ha descartado endeudarse en el exterior, pero no por una cuestión legal, sino por el encarecimiento de ese tipo de crédito por la situación de los fondos buitres. Creen que en el mercado local la tasa no será tan alta.
A la vez, el propio gobernador Pérez ha desacreditado la opción de pedirle una ayuda de urgencia al Banco Nación. Según reconoció hace poco el ministro de Hacienda, existe la chance de que la Provincia le solicite a su agente financiero "girar en descubierto" una suma cercana al 90 por ciento de la nómina salarial, lo cual representaría una ayuda transitoria de más de 900 millones de pesos. Pero Pérez les dijo a los diputados justicialistas el martes que la tasa de interés de esa asistencia sería muy cara.
Tampoco aceptó el Gobierno anoche otras opciones planteadas por el radicalismo, como el pedido de adelantos de coparticipación federal o ATN.
Los radicales aseguraron en ese breve encuentro que los números "no son tan malos y pueden pagar los sueldos". El diagnóstico oficial fue, como siempre, muy diferente, pero los funcionarios no dieron pistas concretas de la solución a la cual echará mano.