Histórico: imputaron a dos camaristas federales por ser cómplices de la dictadura
La resolución del juez federal Walter Bento es contra Luis Miret y Otilio Romano. Se los acusa de no haber querido investigar casos de desapariciones, torturas y homicidios. Romano está señalado, además, como partícipe secundario de esos delitos y de haber garantizado la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.
El juez federal Walter Bento imputó a los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano ser cómplices de la violación sistemática de Derechos Humanos durante la última dictadura militar.
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La resolución fue la respuesta al requerimiento presentado el mes pasado por el fiscal Omar Palermo, para que magistrados y ex funcionarios judiciales que actuaron durante esos años sean acusados formalmente de haber formado parte del aparato represivo en Mendoza.
Luis Miret, actual camarista federa del Mendoza, fue imputado por no promover la investigación penal de 31 hechos de desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos mientras se desempeñó como juez federal de primera instancia.
Miret, además, está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, precisamente, por las denuncias vinculadas con su actuación entre 1975 y 1983. Por este motivo fue expulsado como docente por la Universidad Nacional de Cuyo y reincorporado luego de que el conjuez Luis Santamaría obligara a esa casa de estudios a contratarlo nuevamente como profesor.
Pese a la gravedad de la acusación, la situación de Miret es liviana si se la compara con la imputación contra otro de los camaristas involucrados: a Otilio Romano se lo señala como sospechoso de omisión “sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y represión” –según reza la resolución de Bento- de una numerosa cantidad de delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y de los que tomó conocimiento cuando era fiscal federal en esta provincia. También se lo menciona como partícipe secundario en 94 casos desapariciones, torturas y homicidios.
De no estar protegido por los fueros que posee por ser magistrado, Romano debería haber sido detenido inmediatamente después de ser citado a indagatoria.
Siempre según el expediente, Romano benefició con su accionar la impunidad de los responsables del plan sistemático de desaparición de personas en nuestra provincia.
Su caso también está siendo tratado en el Consejo de la Magistratura, pero el proceso está interrumpido porque otro conjuez, Carlos Parellada, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el camarista para evitar que ese organismo lo investigue.
Contra ex juez Guillermo Max Petra Racabarren existen cargos por no investigar 26 denuncias de desapariciones y secuestros.
Otro ex juez, Gabriel Fernando Guzzo, recibió la misma acusación que Romano, pero en un total de 107 casos. En condiciones normales quedaría detenido por no tener fueros, pero su estado de salud impediría que la imputación se concrete.
Otro ex magistrado, Francisco Lucena Carrillo, deberá presentarse a indagatoria por 20 desapariciones forzadas y torturas por las que nunca inició un expediente.
Por último, para Bento no hubo argumentos ni pruebas para involucrar en esta historia a los ex fiscales federales Edgardo Díaz Araujo, Ernesto Peñaloza y Carlos Ernesto Fuego.
De no estar protegido por los fueros que posee por ser magistrado, Romano debería haber sido detenido inmediatamente después de ser citado a indagatoria.
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