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Política

La "honorable" familia del Tribunal de Cuentas

A pesar de que existe una normativa que prohíbe designar a familiares y amigos en ese organismo, los integrantes del Tribunal de Cuentas han incorporado a parientes y conocidos. Interpretan el Acuerdo que ellos firmaron y dicen que sólo corre para hijos, padres, hermanos o cónyuges. Entrá y conocé quién es quién.

Jorge Hirschbrand

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Se supone que gran parte del personal del Tribunal del Cuentas de Mendoza forma parte de una elite de profesionales especializados en diferentes áreas. Es la única manera para justificar que quienes conducen ese organismo hayan nombrado a tantos familiares y amigos en diferentes cargos, a pesar de que existe una normativa que explícitamente lo prohíbe.

Ese es el panorama dentro del tribunal que, en teoría, debe controlar y fiscalizar que el resto de los estamentos del Estados cumplan con todas las normas contables, administrativas y, especialmente, éticas.

Hasta donde se pudo contar, 26 personas que trabajan de manera activa en diferentes áreas del Tribunal de Cuentas son parientes o allegadas de las máximas autoridades. El dato, que ya de por sí es llamativo, contrasta con lo que establece punto 6 del Capítulo 5 del Acuerdo 4.733 firmado por los integrantes del Tribunal. La sección en cuestión se refiere a las prohibiciones que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Concretamente, tienen prohibido: “Designar o promover la designación de parientes o amigos para que presten servicio en la repartición, prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado”.

El documento fue firmado en su momento por todos los integrantes del Tribunal de Cuentas: Salvador Farruggia (presidente), Roberto Ros (vocal), Francisco Barbazza (vocal) y Alberto Zeballos (vocal).

De familiares y amigos
Precisamente, Farruggia, tiene a varios conocidos trabajando cerca de él. A saber: Carina Galeota y Julieta Galeota (sus sobrinas), Eduardo Perdicaro Farruggia (su primo), Irina Montano (sobrina política), Verónica Espósito (sobrina política), Federico Marinelli (novio de la hija de la secretaria), Fernanda Videla (sobrina de la secretaria), Gracia Mantolvani (amiga personal) y Arturo Barrionuevo (es yerno de un amigo de Farrugia).

Francisco Barbazza tiene algunos contactos menos, pero que trabajan en el Tribunal: Evelina Saffe (nuera), Silvina Jurín (cuñada de la nuera), Ana Lía Torres (amiga de la familia) y Mónica Beta (simplemente, vecina).

Mario Angelini, quien no aparece como firmante en la norma, pero como vocal también debe abocarse, saluda a diario a: Pablo Pavón (sobrino), Gabriela Elaskar (hija de una amiga persona) y Federico Cusumano (ex yerno).

Jorge Ros, otro de los vocales que firmó el acuerdo 4.733 habría colaborado para el ingreso de: Jorge Ortiz (sobrino), Daniel Oviedo (sobrino) y Marcela Iturrez (pariente político).

Pero la lista no termina allí. Otro de los vocales del Honorable Tribunal de Cuentas, Alberto Zeballos, tiene relación con Cecilia Saccone (sobrina) y Leticia Sosa (sobrina).

Julio Gómez, a cargo de la Secretaría Relatora, tiene vínculos afectivos con Gustavo Barbera (ahijado), Miguel Cicala (ahijado) y Norma Vázquez (amiga).

Julio Braconi, director de Recursos, tiene trabajando a su sobrino, Juan Diblasi; y Enrique Sánchez, director General del Tribunal, a su sobrina, María José Belelli.

Para explicar esta situación, Salvador Farruggia respondió a través de la responsable de prensa del organismo y afirmó que “en ningún caso se trata de parientes directos. Esto es: hijos, cónyuges, hermanos o padres. Por lo tanto, cualquier persona tiene el mismo derecho constitucional a ocupar un cargo.

Se trata de una interpretación de la normativa vigente, ya que no se establece el grado de parentesco que debe existir. Además, se aclara, corre la misma prohibición para amigos –o conocidos-, si fuera el caso.

Un porcentaje las personas mencionadas forman parte del staff de abogados, contadores o ingenieros en sistemas que trabajan en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto desde ese punto justifican la idoneidad. Sin embargo, otros, sólo cumplen funciones como auxiliares administrativos. A ellos, se agrega otra cantidad indeterminada de familiares que ocupan puestos públicos en otras áreas del Estado. Según fuentes consultadas, estos puestos son consecuencia de una práctica habitual relacionada con el intercambio solidario de favores.

El Tribunal de Cuentas es una dependencia estratégicamente clave para cualquier gestión. Los cargos en ese lugar son eje de grandes negociaciones entre partido políticos, ya que quienes accedan –como ocurre con las autoridades actuales- ocuparán su sillón por tiempo indeterminado.

Es allí donde se aprobarán -o no- todas las acciones del gobierno provincial, del Poder Legislativo, Poder Judicial, municipios y organismos descentralizados. Y es allí donde se dejarán pasar –o no- irregularidades vinculadas con el desmanejo financiero y donde se monitorea el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal.

En su sitio web, se promueve que el Tribunal “tiene como visión satisfacer la necesidad de la comunidad en materia de control de la actividad financiero patrimonial del Estado… para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción”. Y se aclara que una de las misiones es “desarrollar el control de la administración de los fondos públicos con integridad, moral e independencia de criterio, en un ámbito de respeto de la ley, de las instituciones republicanas y de las personas”. Sin embargo, el gran garante de la transparencia política provincial, está cuestionado.

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