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Preocupa al gobierno una posible reunión entre militantes de Derechos Humanos y Cristina K
Podría concretarse esta semana. El objetivo es decirle a la presidenta que interceda para que Celso Jaque pida la renuncia del subsecretario de Seguridad, Carlos Rico. Por las dudas, están organizando un gran acto de repudio al funcionario para el 24 de marzo.
Cristina Perceval es el nexo para que los organismos de Derechos Humanos puedan reunirse esta semana con la otra Cristina: Fernández de Kirchner. El tema de agenda no es novedad: plantear a la presidenta la situación incómoda que genera tener al comisario Carlos Rico en la subsecretaría de Seguridad de la provincia.
Desde que el tema se instaló en la agenda de la opinión pública, la polémica creció hasta instalarse de lleno en el plano nacional. Y la aparición de una nota de tapa en Página 12, firmada por Horacio Verbitsky, es la prueba necesaria para entender que se trata de un punto que molesta en el gobierno nacional y que genera antipatía hacia la gestión de Celso Jaque.
¿Qué buscarán los organismos de DDHH con esta reunión? Acrecentar la presión política sobre el gobernador para que no tenga otra chance que prescindir de los servicios de Rico en Seguridad. El tema es que, si se va Rico, se va Juan Carlos Aguinaga. Del mismo modo en que llegaron juntos, están dispuestos a irse juntos.
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En Casa de Gobierno saben de esto. Y también saben que el costo político de quedarse sin ministro de Seguridad sería mayor al de soportar los reclamos de las agrupaciones de familiares de desaparecidos y de ex presos políticos. Por eso, a la hora de elegir, Jaque optó por Aguinaga y sus comisarios retirados sospechados de participar de la historia negra argentina; sin olvidarse de dar un tibio apoyo a sus funcionarios de peso en el área de Derechos Humanos, Diego Lavado y Pablo Salinas.
“Acá no se trata de una cuestión judicial; es una cuestión política. No se puede permitir que personajes que fueron cuadros formadores de la represión sean funcionarios de un gobierno democrático. Que hagan su vida civil como quieran y que la Justicia se encargue de buscar pruebas para condenarlos. Pero no pueden formar parte de un gobierno”, advirtió el legislador nacional Jorge “Pampa” Alvaro.
La historia de Rico durante el período 1976-1983 gana un párrafo nuevo cada día. Se supo que fue un alumno modelo en la Curso de Instrucción Contrasubversivo; que instruyó a policías de Mendoza para eso mismo y que integró el Grupo Especial ’78, armado para, según sus palabras y las del ministro Aguinaga, “preservar la paz” durante el desarrollo del Mundial. Lo que ahora también se sabe, es que comandos de elite similares, que operaron en otras subsedes donde también se jugó el campeonato de fútbol, participaron de operaciones de secuestros, torturas, homicidios y apropiación de bebés.
“Es un logro que este tema se mantenga vigente, porque más allá de que un sector del gobierno pretende ocultarlo, van apareciendo datos nuevos. Aunque no quiera, el gobernador tiene que hacer declaraciones sobre esto cada vez que va a algún lado”, señaló Ernesto Espeche, de la agrupación Hijos.
Con todos estos antecedentes, los organismos piensan llegar hasta la Casa Rosada. Creen que de ese modo podrán conseguir la presión necesaria para que Rico se vaya. Por eso el gobierno provincial está preocupado; sobre todo, porque cada vez suena más fuerte la versión que indica que los famosos 40 millones para Seguridad están trabados, en parte, porque desde la Nación no quieren saber nada con estos ex policías.
Si la reunión no se concreta o los organismos no obtienen el resultado buscado, el 24 de marzo, cuando se conmemoren 32 años del último golpe, todo apuntará a pedir la renuncia de Rico. “Eso no sería ninguna novedad para Rico, ya que si mandó a hacer inteligencia con la gente del Polo Social, seguro sabe todo lo que estamos organizando para el acto”, concluyeron algunos militantes.
La historia de Rico durante el período 1976-1983 gana un párrafo nuevo cada día. Se supo que fue un alumno modelo en la Curso de Instrucción Contrasubversivo; que instruyó a policías de Mendoza para eso mismo y que integró el Grupo Especial ’78, armado para, según sus palabras y las del ministro Aguinaga, “preservar la paz” durante el desarrollo del Mundial. Lo que ahora también se sabe, es que comandos de elite similares, que operaron en otras subsedes donde también se jugó el campeonato de fútbol, participaron de operaciones de secuestros, torturas, homicidios y apropiación de bebés.
“Es un logro que este tema se mantenga vigente, porque más allá de que un sector del gobierno pretende ocultarlo, van apareciendo datos nuevos. Aunque no quiera, el gobernador tiene que hacer declaraciones sobre esto cada vez que va a algún lado”, señaló Ernesto Espeche, de la agrupación Hijos.
Con todos estos antecedentes, los organismos piensan llegar hasta la Casa Rosada. Creen que de ese modo podrán conseguir la presión necesaria para que Rico se vaya. Por eso el gobierno provincial está preocupado; sobre todo, porque cada vez suena más fuerte la versión que indica que los famosos 40 millones para Seguridad están trabados, en parte, porque desde la Nación no quieren saber nada con estos ex policías.
Si la reunión no se concreta o los organismos no obtienen el resultado buscado, el 24 de marzo, cuando se conmemoren 32 años del último golpe, todo apuntará a pedir la renuncia de Rico. “Eso no sería ninguna novedad para Rico, ya que si mandó a hacer inteligencia con la gente del Polo Social, seguro sabe todo lo que estamos organizando para el acto”, concluyeron algunos militantes.