Ya hay dos causas por los autos diplomáticos

La Justicia en lo Penal Económico también investigará el presunto abuso en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de costosos automotores, tras recibir en las últimas horas una denuncia presentada por la Aduana por la supuesta comisión del delito de
contrabando. La denuncia quedó radicada ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y la misma se superpone a la presentación
judicial realizada por la Cancillería ante el juez federal Norberto Oyarbide, subrogado en la feria judicial por su colega María Servini de Cubría.
   Fuentes judiciales indicaron que mientras en el juzgado de Oyarbide aún se aguarda el dictámen del fiscal para dar inicio formal a la causa y empezar a desarrollar líneas investigativas, en el expediente a cargo de Aguinsky ya se comenzaron a concretar los primeros pasos.
   Como primera medida, Aguinsky envió hoy al juzgado federal un "oficio para pedir la certificación de la causa", es decir para averiguar qué hechos y delitos están investigando sus colegas y así determinar si no son dos sumarios superpuestos.
   En caso de corroborarse que los objetos procesales de ambas investigaciones son los mismos, el juez Aguinsky podría reclamar a
su colega Servini de Cubría que se declare incompetente para absorber él todas las denuncias por este caso.
   Pero también podría suceder -como pasó con el caso Skanska- que los delitos investigados en ambas causas sean disímiles, lo cual
permitiría que los dos jueces continúen al frente de sus investigaciones en forma independiente.  Los voceros indicaron que la denuncia que recibió Oyarbide consiste en un sumario administrativo de unas mil páginas donde se enumeran diversas irregularidades detectadas en el otorgamiento de franquicias para importar autos diplomáticos libres de impuestos, que -según se sospecha- luego eran vendidos en el mercado interno. La presentación ante Aguinsky en cambio se focalizaría hacia el posible delito de contrabando agravado y apuntaría a diplomáticos
de diversos países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Cuba, Chile y Bolivia, entre otros.
   En el marco de esa investigación el juez dispuso como medida cautelar la prohibición de la salida del país de los vehículos
importados con las franquicias cuestionadas que treparían a los 98 autos.