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Las estadísticas : entre las cifras de la inseguridad y la propaganda política
Desde el actual Ministerio de Seguridad cuestionaron el sistema de recolección de datos aplicado por la gestión anterior.Precisamente, ese había sido uno de los pocos puntos a favor que tuvo esa área durante el gobierno de Julio Cobos.
Uno de los pocos logros que Seguridad consiguió durante el gobierno de Julio Cobos fue el reconocimiento sobre su sistema de recolección de datos y manejo estadístico del delito. Si bien eso no sirvió para disminuir la sensación de inseguridad, desde los organismos nacionales aceptaron que Mendoza era una de las provincias que más había avanzado en el manejo de datos.
Este punto fue, además, uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno anterior para explicar por qué la provincia aparecía entre los principales centros urbanos con altos índices de criminalidad. Decían que el resto del país no mandaba los datos a la Dirección Nacional de Política Criminal en tiempo y forma. Y que eso hacía que Mendoza quedara en una situación diferente, porque no todos llevaban los números al día.
A pesar de esta situación, ayer, Juan Carlos Aguinaga y su gente criticaron el sistema de datos. Resulta que ahora quieren que las cifras también se cotejen con la información que se desprenda del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que no es más que el viejo Comando Radioeléctrico, con cambio de nombre y numeración: del antiguo 101 al moderno pero aún ineficiente 911. Y aquí la paradoja: reconocen que el sistema Tetra todavía no funciona y aún así confían en que sus datos son fieles.
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Desde que el nuevo Código Procesal se puso en vigencia en el Gran Mendoza, la Dirección de Planeamiento Estratégico de Seguridad recibe el parte de la cantidad de denuncias radicadas en las oficinas fiscales. Por eso no se entiende que se anuncie está práctica como una novedad.
En los países desarrollados, el uso de las estadísticas delictivas es una herramienta para saber cómo ir poniendo en práctica las políticas criminales que, previamente, fueron diagramadas. Son datos de acceso público, pero con ellos no se hacen actos políticos ni propaganda de gestión, porque suele ocurrir que los números no siempre van a de la mano de la percepción de la gente.
A eso se agrega una pieza clave: las estadísticas deben ser analizas en un contexto. No siempre más denuncias significan más delito, y viceversa. El descreimiento en instituciones como la Policía o la Justicia puede hacer que las víctimas renuncien a su derecho de denunciar. En cambio, si la percepción es que el sistema funciona, las denuncias aumentaran porque las esperanzas de que un caso sea esclarecido son más altas.
En el medio, siempre habrá un porcentaje negro y desconocido, y la única manera calcularlo es a través de una encuesta de victimización; sistema que, si está realizado con rigor científico, dibuja un panorama claro de cuál es la situación en un lugar determinado y genera la base de las políticas que allí se aplicarán. Es también el modo de medir la sensación de inseguridad, que, según el ministro Juan Carlos Aguinaga, disminuyó.
Si de confiabilidad se trata, los números que da el actual Ministerio de Seguridad carecen del rigor que se espera de un organismo oficial. Por ejemplo: hace una semana se anunció con bombos y platillos un megaoperativo que terminó con el secuestro de decenas de arma de fuego. Lo que nunca se informó fue que, unos días más tarde, quien en principio aparecía como sospechoso tuvo que recibir un pedido de disculpas formal. Las armas estaban en regla, con toda la documentación correspondiente. Y no se pudo demostrar que alguna hubiese sido utilizada para un hecho delictivo.
Esos suelen ser los resultados de los análisis de inteligencia cuando el gobierno pretende dar golpes de efectos. Es simple: se revisan los archivos y se detecta quienes son los portadores de arma con las licencias sin renovar. Y hacia allí apuntan los operativos. Ya había ocurrido durante la época de Cobos, cuando el entonces director de Inteligencia Criminal, Omar Pérez Botti, anunciaba secuestros a diario de armas. La mayoría tuvo que ser devuelta a sus dueños legales.
A eso se agrega una pieza clave: las estadísticas deben ser analizas en un contexto. No siempre más denuncias significan más delito, y viceversa. El descreimiento en instituciones como la Policía o la Justicia puede hacer que las víctimas renuncien a su derecho de denunciar. En cambio, si la percepción es que el sistema funciona, las denuncias aumentaran porque las esperanzas de que un caso sea esclarecido son más altas.
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