Petróleo: luces, sombras y conflictos en un sector que Cornejo quiere potenciar

El Gobierno insiste en promocionar la industria y hay proyectos que avanzan. Pero también litigios que complican esos planes.

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Pablo Icardi

El petróleo en Mendoza, lo poco que va quedando.

La semana pasada hubo tres hechos que definen parte de la realidad petrolera que vive Mendoza. Hablamos del tema porque se trata de una actividad cuyo impacto trasciende a esa industria; por su impacto económico, ambiental y social. Como ocurre desde hace años, esos hechos están atravesados por intentos de promoción, dudas ambientales y tensiones judiciales.

El Gobierno abrió el proceso para autorizar otros dos pozos exploratorios, en el área La Brea (en Malargüe) utilizando la fractura hidráulica como técnica para extraer petróleo de la roca madre “Vaca Muerta”. Nuevamente se trata de pozos ya explotados. La empresa que pidió autorización es Grecoil, una firma que era propiedad de José Luis Manzano y que quedó bajo el control de Phoenix, la empresa madre de Petrolera El Trébol. Es el grupo que más avanzó en Mendoza en cuanto a la exploración y explotación de petróleo no convencional. Así, de manera incipiente el Gobierno profundiza su política para avanzar en la promoción de la actividad en base a la regulación que el fracking tiene en Mendoza. Como anticipó MDZ, YPF se sumará con un proyecto piloto. Aunque por ahora Mendoza sigue captando recursos marginales en comparación con Neuquén, buscan que el crecimiento de la inversión en el uso de técnicas no convencionales crezca de manera sostenida. No solo para la fractura hidráulica, sino también para el petróleo pesado.

Para ello usan herramientas políticas de atracción de inversiones que también han generado polémica Una de ellas e la reducción de regalías y otros beneficios fiscales. Ocurrió, por ejemplo, en el área Llancanelo, donde se extrae petróleo extra pesado. Pero también en Chachahuen, de donde se saca crudo de manera convencional pero el gobierno accedió a reducir regalías a cambio de una promesa de mayor inversión.

En ese caso, por ejemplo, se cruzan las improntas de varias gestiones. El área fue concesionada en 2008 a Ketsal-Kilwer, un grupo empresario que no tenía espalda para hacerse cargo de las inversiones prometidas. Se la adjudicaron con una promesa de pago del 23% de regalías (una oferta difícil de mejorar). Esas empresas (también bajo gestión de Manzano), vendieron la concesión y la operación a YPF. Algunos de los activos “basura” que las petroleras Ketsal-Kilwer le vendieron a YPF fueron revertidos por la provincia. Otros, están en producción.

Chachahuen resultó ser el área más productiva de Mendoza y se dividió. Ahora, en una de esas subdivisiones (el área Cerro Morado), YPF y el Gobierno acordaron reducir las regalías 5 puntos a cambio de aumentar la inversión. Pero se impuso una cláusula gatillo para que la petrolera estatal pague más en caso de que el precio del petróleo suba. Una especie de “125” petrolera que busca equilibrar las ganancias. El canon extraordinario lo pagaría la empresa si el precio supera los 63 dólares. Esos recursos son coparticipables, por lo que los intendentes también siguen de cerca lo que ocurre.

En ese caso el Gobierno mantiene la relación de negociación que lleva con YPF: tratar de exigirle, sin espantarlos. Es que la petrolera recurrió la imposición del canon extraordinario y pidió bajar más las regalías. En el Ejecutivo no le dieron lugar. La clave para ganar credibilidad será el control del plan de inversiones por el cual YPF pagará menos regalías. 

Con la petrolera estatal la relación actual es mucho más "técnica" que en gestiones anteriores. Mendoza tiene poder de lobby interno pero, como le ocurre a todas las provincias petroleras, mira de costado las decisiones trascendentes. Es que a pesar de los discursos y de tener una silla en el Directorio, en realidad Mendoza no es accionista real, sino testimonial (nunca se compraron las acciones que supuestamente se repartieron). Por eso, por ejemplo, la Provincia o recibirá ni un dólar de los dividendos que YPF decidió repartir este año (el viernes se anunció el pago de las ganancias).

Litigios 

Al mismo tiempo, llegó a la Suprema Corte una Acción Procesal Administrativa, es decir una demanda por una decisión del Gobierno, que también es parte de la tortuosa historia reciente de Mendoza en el manejo de los recursos naturales. Se trata del área petrolera Chañares Herrados, que ahora está bajo el control de Medanito. Tras años de tensiones y polémicas, Cornejo decidió quitarle la concesión a la empresa por falta de cumplimiento de los planes de inversión. Esa decisión venía madurándose desde hace años. Pero el proceso tiene una alta complejidad. Es que se trata de un área que está en producción y que no se puede “cerrar” para volver a concesionarla. Por eso, por ejemplo, hasta que se cambie de manos la empresa Medanito sigue a cargo.

El Decreto de caducidad de la concesión fue recurrido administrativamente y también en la justicia. En la empresa aseguran que le decisión fue arbitraria, a pesar de que reconocen que no se cumplieron los planes de inversión. Según ellos, estaban en plena negociación y “el Decreto se firmó dos días antes de una reunión” que tenían para definir el futuro del área. En Chañares herrados hay aproximadamente 40 pozos y trabajan unas 50 personas. “Estamos en proceso de perforación a más de 3500 metros para hacer fractura por primera vez en la cuenca cuyana. Hay planes de inversión”, aseguran desde la empresa. La disputa judicial no será corta y las dudas que surgen es qué pasa con el área mientras tanto. El Gobierno podría avanzar en volver a concesionarla para cambiar el operador, como ya pasó con Puesto Pozo Cercado (que era de la misma empresa). Medanito amenaza con trabar cualquier licitación vía judicial.

Chañares Herrados es un área que fue atravesada por conflictos de todo tipo. La prórroga de la concesión se dio también con promesas exorbitantes de inversión que llevaron, incluso, a la denuncia contra funcionarios políticos. En los orígenes de esos planes también aparece la mano de José Luis Manzano, que era parte de la sociedad cuando se firmaron los contratos. Justamente Manzano es omnipresente en la industria petrolera mendocina, a pesar de no aparecer en primer plano en ningún lugar.

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