Corrupción

Extinción de dominio: un placebo que no cura la falta de justicia

Mañana entrará en vigencia la Ley de Extinción de Dominio en Mendoza. En un mes, debe estar el listado de causas en las que se puede aplicar. Pero hay dudas sobre sus alcances. En la Provincia no se ha investigado la corrupción y la ley puede ser un atajo que no otorga garantías. 

domingo, 7 de abril de 2019 · 12:27 hs

La corrupción escandaliza, pero hay dudas sobre qué tan profundo llega a calar la repercusión que genera un hecho de ese tipo en la comunidad. Es decir; si la corrupción o la transparencia (para ponerlo al revés) es importante de verdad en nuestra escala de valores o simplemente es parte del show. Este año, cuando habrá que votar en la provincia y la Nación, se cruzarán dos ejes temáticos que curiosamente entran en tensión: el voto bolsillo, tomando como eje la crisis económica que golpea por todos lados, y la honestidad de los gobiernos. Está grabado a fuego el nefasto discurso que tiene como consigna el “roba pero hacen”, que en época de elecciones cobra más fuerza.

En Mendoza el tema volverá a la agenda pública esta semana. Mañana será promulgada y entrará en vigencia la Ley de Extinción de Dominio, que busca recuperar los activos que fueron adquiridos con dinero de la corrupción o el narcotráfico, entre otros delitos. Tiene improntas polémicas porque no es necesario que haya una condena penal para detonar el mecanismo para quitar los bienes a los sospechosos y depende del Ministerio Público Fiscal, primero, y de los fiscales y jueces civiles, luego, para que se haga efectiva.

La ley tiene un efecto panfleto inmediato: nadie puede estar en contra de quitarle los bienes mal habidos a los corruptos. Al contrario. Desde mañana el Ministerio Público Fiscal tendrá 30 días para analizar las causas que entren en el encuadre que la ley indica y a cuyos acusados podría aplicárseles la extinción de dominio. El paso siguiente es que cada causa vaya a un fiscal civil para ejecutar esos bienes. Pero los funcionarios judiciales que han analizado la norma aseguran que es complejo. De hecho, no están tan seguros que de manera inmediata pueda aplicarse la extinción de dominio a las causas que ya están tramitando porque el entramado de requisitos a cumplir es difícil de lograr.

La causa “Tupac” es en la que parece haber más herramientas para avanzar. Sin embargo faltarían pasos porque Nélidad Rojas, Ramón Martínez y el clan familiar (que tienen un patrimonio abultado que tiene origen sospechoso) aún no están imputados por el delito de administración fraudulenta o fraude al Estado, uno de los que podría detonar la extinción de dominio. En ese caso, por ejemplo, estuvo a punto de ejecutarse una de las herramientas que el Estado ya tiene para recuperar bienes adquiridos de manera irregular. En particular para uso de la Justicia y la Policía (las normas indican que los vehículos pueden ser solicitados para esos usos). Pero no hubo voluntad política y la medida quedó trunca.

También aparece difícil de ejecutar en otras causas que están prontas a cumplir 3 o 4 años. Es el caso de la sospecha de enriquecimiento ilícito de Diego Martínez Palau y Pablo Roseau y hasta la denuncia presentada por los actuales funcionarios contra el ex gobernador Francisco Pérez, también por enriquecimiento ilícito.

Efecto placebo

La realidad contrasta con la ansiedad discursiva del Gobierno, que desde que presentó el proyecto de ley buscó capitalizar el tema con las sospechas sobre funcionarios del gobierno anterior. Ahora aseguran que el Gobierno no ejecutará acciones para “lograr algún resultado en la justicia” con respecto a la extinción de dominio.

El problema de base es que la Justicia ya tenía las herramientas para juzgar a quienes están bajo sospecha de corrupción y no hizo uso suficiente. La principal herramienta es el Código Penal. Históricamente el Poder Judicial ha tenido atrofiados los músculos para investigar el poder. Mucho más en tiempo real. Y los fiscales que muestran voluntad de avanzar, tienen que superar obstáculos internos también. Alcanza con hacer un balance de las causas que fueron resueltas. Ya no solamente buscar condenas por corrupción, sino al menos expedientes que hayan avanzado. En la mayoría ocurrió lo peor: que mueran deshechas en el tiempo y sin resolución. Ocurrió con sospechas de enriquecimiento ilícito desde el año 2003 en adelante; con la megacausa de los Vale Más, que apenas consiguió unas leves condenas contra funcionarios de segundo plano pero donde no se juzgó a nadie importante ni a empresarios; y tampoco con las sospechas de arreglos de contratos petroleros, de salas de juego y otras concesiones del Estado que tuvieron un andar vidrioso y que favorecieron a grupos económicos. Solo por nombrar algunos ejemplos.

En ese contexto, la ley de extinción de dominio puede ser un atajo para lograr resultados efectistas, pero que no necesariamente será hacer justicia. Es, para ser redundantes, el Código Penal, con una justicia ágil, independiente y con recursos para investigar al poder quienes tienen esa tarea. Si no hay cambios, la extinción de dominio será un placebo que no curará la falta de justicia.