Al Estado le sigue costando plata el caso Vale Más

La Corte reguló los honorarios complementarios de los abogados de Alberto Monetti y actualizó los montos de acuerdo a los intereses acumulados entre el 2012 y el 2017. Monetti fue el que denunció el fraude con los tickets, pero el Tribunal de Cuentas ignoró detalles de la denuncia y decidió formularle cargos millonarios a él. La Corte anuló el falló del órgano de control y determinó que el Estado debe pagarle millones de pesos a los abogados que defendieron al exfuncionario.

REDACCIÓN MDZ ONLINE

Al Estado le sigue costando plata el caso Vale Más

El escándalo de los tickets Vale Más sigue sumando capítulos para convertirse en un claro ejemplo de lo que es el "Estado bobo": se denunció un fraude millonario contra el Estado, el Tribunal de Cuentas formuló cargos millonarios contra el denunciante y finalmente la Suprema Corte revirtió lo formulado por el órgano de control. Como resultado, la plata robada con los Vale Más nunca apareció y nadie fue condenado por el fraude.

Esta semana, esta historia tuvo un nuevo capítulo. La Suprema Corte reconoció el pago de honorarios complementarios a los representantes legales de Alberto Monetti, quien denunció el fraude perpetrado desde Casa de Gobierno y algunos municipios. En concreto, el máximo tribunal -con las firmas de Dalmiro Garay y José Valerio- sumó al pago original a los letrados los intereses acumulados entre los años 2012 y 2017, por lo que el Estado deberá pagar otros 500 mil pesos a los profesionales del derecho.

En abril de este año se supo que la Suprema Corte había autorizado el pago de $5.4 millones a los letrados que defendieron a Monetti en la causa Vale Más. La Corte anuló el fallo del Tribunal de Cuentas que formulaba cargos millonarios contra el exfuncionario, entendiendo que él había sido la persona que detectó la irregularidad que el órgano de control le pedía subsanar. Pero como consecuencia de ello, el Estado fue emplazado a pagarle a los abogados de Monetti.

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El año pasado la Suprema Corte anuló un fallo del Tribunal de Cuentas por el cual le habían ordenado pagar a Alberto Monetti, el denunciante e investigador del caso de corrupción, más de 10 millones de pesos por el desfalco de los Vale Más. Ese fallo tuvo varias idas y vueltas: primero la Corte le redujo el monto a pagar. Y luego anuló por completo la decisión del Tribunal de Cuentas.

El cargo que se impuso fue 17 millones de pesos y en base a ello se calcularon los honorarios, sin embargo, eso no contemplaba los intereses.

Por ese motivo, los jueces Dalmiro Garay y José Valerio aclararon que es pertinente hacer lugar al pedido de regulación complementaria teniendo en cuenta "la suma correspondiente a los intereses devengados desde el 01.12.2012 – día siguiente a la fecha del cálculo contenido en el fallo N° 15.974 (30.11.2012)-, hasta el día 06.11.2017 -fecha de la sentencia (fs. 903/918), puesto que anuló el fallo en cuestión".

De los $17 millones de cargo, la suma con intereses aumentó a $21 millones y modificando la base de cálculo de los honorarios. En otras palabras, el Gobierno deberá pagar otros 600 mil pesos por el caso de corrupción que la Justicia nunca resolvió.

Repaso sobre los Vale Más

El caso Vale Más estalló en el segundo semestre del 2006. El propio Monetti, que había sido nombrado a cargo del programa, detectó que había un circuito paralelo creado para robar: se emitían ticket que nunca pasaban por los beneficiarios y no habían sido pedidos oficialmente, pero sí cobrados. Además, se hallaron padrones de beneficiarios duplicados, donde hasta se constató que se habían falsificado las firmas. El fraude fue millonario (al menos el 10% del programa habría sido desviado) pero no hubo justicia: las cuatro causas penales que se armaron terminaron en la nada.

El Tribunal de Cuentas tuvo una actuación zigzagueante. Había aprobado las cuentas del FIDES (y el Vale Más) a pesar de las numerosas irregularidades. Luego del escándalo público intentó revertir parte de esas actuaciones. Y entre otras cosas sancionó a Monetti. Incluso entre el ex funcionario y el Tribunal comenzó una historia particular de denuncias.

El año pasado la Corte redujo el fallo por el cual le ordenaban pagar 14 millones de pesos a Monetti. Luego anuló el fallo por completo.

La Corte revisó sus pasos y confirmó otro error del Tribunal de Cuentas: el fallo por el que aplicaba la sanción era extemporáneo porque se habían vencido los plazos constitucionales. Por eso, en una medida excepcional, la Corte aceptó recurso de reposición "in extremis solicitado por Monetti y le dio la razón.

Los honorarios se engrosan por dos motivos. Uno, el monto original del fallo del Tribunal de Cuentas que fue recurrido. Pero también por la cantidad de instancias que tuvo el juicio. La síntesis es mucho más simple: a través de los Vale Más se robaron y se desviaron para fines políticos millones de pesos con gran parte de la clase política como partícipes. No hubo condenados y tampoco se recuperó un peso. Como corolario, el mismo Estado deberá pagar millones por las malas actuaciones administrativas y judiciales.

Regulación de honorarios

CUIJ: 13-02122877-4((012174-10819301))
MONETTI ALBERTO Y OT C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
*102138673*

Mendoza, 05 de diciembre de 2.018.-
Y VISTOS:

El llamado al acuerdo de fs. 1000, y
CONSIDERANDO:

I.-a.- A fs. 959 los Dres. Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal solicitan se practique liquidación y se corra vista de la misma a la demandada y a Fiscalía de Estado, a los efectos de regular los honorarios complementarios de los profesionales intervinientes.
b.- La demandada refiere a fs. 990, al contestar el traslado conferido a fs. 961 que, siendo el Tribunal de Cuentas un organismo extrapoder carente de autonomía financiera, los honorarios devengados deben ser abonados por la Provincia de Mendoza, por lo que estará a lo que conteste Fiscalía de Estado oportunamente, por imperio de lo previsto en el art. 43 inc. 4° de la Ley 3.918, arts. 2 inc. f) y 10 de la Ley 728, y su obligación de la defensa de los intereses provinciales, lo que solicita se tenga presente.
c.- A fs. 993/995 vta. Fiscalía de Estado entiende que si el Tribunal considera procedente la petición efectuada por los letrados de la parte actora, se deberá practicar liquidación calculando los intereses que habría reclamado Fiscalía en la ejecución de los cargos dejados sin efecto en autos, es decir, los que corresponden a la tasa legal vigente en los distintos periodos que comprenden el lapso de tiempo que se debe liquidar -Ley 3.939; Tasa Pasiva; Tasa Activa, Tasa Libre 36 meses; Tasa U.V.A.-.
Refiere que el art. 26 de la Ley 9.003 establece la tasa del 12% anual siendo la que aplica el Tribunal de Cuentas al dictar sus fallos, la que entienden, salvo mejor criterio, no es de aplicación una vez judicializada la causa.
Considera que la liquidación, al único efecto de regular honorarios complementarios, si correspondiese, debe hacerse a la fecha de la sentencia dictada en autos.
II.- Antecedentes.
A fs. 923 los Dres. Ernesto N. Bustelo y Guadalupe Simone Cajal solicitaron la regulación de sus honorarios profesionales.
Mediante auto de fs. 926/927, teniendo en cuenta la imposición de costas efectuada en la sentencia de fs. 821/852, posteriormente modificada a fs. 903/918, las que quedaron a cargo de la parte demandada, se practicó el cálculo tomando como base la suma de los importes correspondientes a los cargos impuestos a los accionantes y que fueran controvertidos mediante la acción incoada en autos, la que asciende a pesos DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.632.041,62) determinados al 30.11.2012, sobre la que se aplicó la escala del art. 2 de la Ley Arancelaria.
III.- Solución.
El art. 4 inc. a) de la Ley Arancelaria establece que, corresponde se practique regulación complementaria en el supuesto de que los intereses sobre el monto del juicio no estuvieren determinados a la época de la regulación. La norma precisa, luego de afirmar que los intereses integran el monto del juicio que “… si al momento de practicarse la regulación éstos no estuvieren determinados, el profesional tendrá derecho a una regulación complementaria cuando los citados rubros quedan establecidos…”.-
En el caso, el día 06.11.2017 se dictó sentencia, haciendo lugar a la acción deducida por Alberto C. Monetti y Fanny Salomón, con la consiguiente anulación del Fallo N° 15.974 dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas con fecha 19.12.2012, con costas a cargo de la demandada.
De acuerdo a lo expuesto, teniendo en cuenta que al regularse honorarios profesionales a fs. 926/927, restaba determinar la suma correspondiente a los intereses devengados desde el 01.12.2012 – día siguiente a la fecha del cálculo contenido en el fallo N° 15.974 (30.11.2012)-, hasta el día 06.11.2017 -fecha de la sentencia (fs. 903/918), puesto que anuló el fallo en cuestión-, resulta pertinente hacer lugar al pedido de regulación complementaria solicitado por los profesionales de la parte actora.
A tal fin, deben calcularse intereses sobre la suma de pesos DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.632.041,62) -cargo impuesto en el fallo recurrido- desde el 01.12.2012 al 06.11.2017, aplicando las tasas legales vigentes en cada periodo.
Tal operación arroja como resultado la suma de pesos VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 21.368.366), comprensiva de la suma de pesos VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE ($ 21.260.159) por los intereses devengados a tasa activa desde el día 01.12.2012 al 29.10.2017 y de pesos CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 108.207) por los intereses a tasa libre desde el 30.10.2017 al 06.11.2017.
En consecuencia, sobre el importe total individualizado en el párrafo anterior, corresponde practicar la regulación de los honorarios profesionales complementarios.
En virtud de lo cual esta Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:
1°)- Regular honorarios complementarios por el principal de la siguiente manera: Dr. Ernesto Nicolás BUSTELO, en la suma de pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 2.279.291,28); Dra. Pamela FERNÁNDEZ AJÓ, en la suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 427.366); Dra. María de las Nieves GRANATA, en la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 142.455); Dra. Guadalupe SIMONE CAJAL, en la suma de pesos NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 64/100 ($ 997.189,64) (Art. 2, 13, 31, de la Ley 3.641 y Ley 5.394). Las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo.

2°)- Regular honorarios complementarios por el incidente de caducidad de instancia resuelto a fs. 203/204, de la siguiente manera: Dr. Ernesto Nicolás BUSTELO, en la suma de pesos QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 512.840,78) (arts. 2, 14 Ley 3.641). Las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo.

3°)- Regular honorarios complementarios por el recurso de reposición resuelto a fs. 638, de la siguiente manera: Dra. Pamela FERNÁNDEZ AJÓ, en la suma de pesos QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 512.840,78); Dr. Ernesto Nicolás BUSTELO, en la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 256.420,39) (art. 2 y 14 Ley 3.641 y Ley 5.394). Las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo.

4°)- Regular honorarios complementarios por el recurso de reposición in extremis resuelto a fs. 903/918, de la siguiente manera: Dra. Guadalupe SIMONE CAJAL, en la suma de pesos QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 512.840,78); Dr. Ernesto Nicolás BUSTELO, en la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 256.420,39) (arts. 2, 14 Ley 3.641 y Ley 5.394). Las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo.

5º) A los efectos previsionales pertinentes, dese intervención a la Caja Forense.
Notifíquese.


DR. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI
Ministro


DR. JOSÉ V. VALERIO
Ministro

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Omar PALERMO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.C.T.M.). Secretaría, 05 de diciembre de 2.018.-

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