Cornejo está perdiendo la batalla de los tiempos con los intendentes del PJ

La Suprema Corte apura la resolución de la causa por las reelecciones indefinidas, pero no llegaría a dictar sentencia antes del 28 de abril y los cuatro jefes comunales en conflicto llegarían a la PASO. Hay expectativa por un fallo de la Justicia a nivel nacional en contra de las reelecciones.  

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Marcelo Arce

Cornejo y Nanclares, en la inauguración del Año Judicial.

Prensa Gobierno

El gobierno espera en los próximos días dar dos golpes contundentes en la disputa política y judicial que mantiene con los intendentes del PJ por las reelecciones indefinidas, pelea en la que los caciques parecen haber conseguido una ventaja sustancial. ¿Cuál?: el factor tiempo.

A fuerza de presentaciones y chicanas procesales ante la Suprema Corte, Emir Félix; Roberto Righi; Jorge Giménez y Martín Aveiro, lograron que a esta altura resulte prácticamente imposible para el máximo tribunal emitir una sentencia (acerca de la constitucionalidad del decreto que promulgó la modificación del artículo 198 de la Carta Magna) antes del 28 de abril.

Ese domingo se llevarán a cabo las internas abiertas y obligatorias para definir a los candidatos en esos cuatro departamentos y no hay especialista jurídico que en Mendoza pueda explicar de qué manera, si la Corte sostiene el decreto del gobernador, estos cuatro terminarán impedidos luego para competir en las generales de junio para aspirar a un nuevo período.

El reloj corre para el gobernador, asimismo, por otra cuestión. Si los intendentes llegan a la PASO y obtienen una amplia diferencia ¿Cómo hará Cornejo para sostener el argumento de que existe “un reclamo generalizado” en la sociedad de que hay que ponerle un límite a las reelecciones indefinidas si, en medio de todo este conflicto, la gente los vota y en forma contundente?

Por eso la jugada del viernes. “Yo prefiero una resolución negativa a que no se resuelva nunca. Si se está en contra de la reelección indefinida, se está en contra y se actúa en consecuencia, se está o no se está. Lo que diga la Corte nosotros vamos a acatar, pero que lo diga rápido porque sino pierde legitimidad, si lo dice después de las elecciones de abril pierde legitimidad”, descargó en público el mandatario.

Qué golpes espera dar el gobernador.

Uno de ellos vendrá de afuera, desde Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá el viernes 22 sobre la validez de los intentos para ejercer un nuevo mandato de los gobernadores Sergio Casas, en La Rioja, y Alberto Weretilneck, en Río Negro.

Para poder presentarse otra vez, Casas impulsó una modificación de la Constitución en su provincia que debía ser validada en una consulta popular que Cambiemos trató de frenar, pero que la misma Corte nacional terminó avalando en una primera instancia.

Los riojanos votaron en muy baja proporción (solo el 44% concurrió a las urnas) y la postura del gobernador obtuvo apenas el 25,27% de los votos. Eso desembocó en otra presentación de Cambiemos ante la Justicia, cuya resolución se conocerá en cinco días.

El caso de la re re del gobernador de Río Negro es otro, aunque el fondo de la cuestión sea el mismo: aquí lo que está en discusión es la oficialización de la candidatura de Weretilneck a partir de la interpretación de las limitaciones establecidas en la Constitución rionegrina. La Justicia Electoral frenó al gobernador, pero el Superior Tribunal de Justicia local avaló su candidatura para las elecciones del 7 de abril y todo terminó en la Corte por un amparo presentado por el Frente para la Victoria.

Cornejo sigue muy de cerca estos dos casos porque descarta que la Justicia terminará fallando en contra de los dos gobernadores en conflicto y eso le podría imprimir un espíritu anti reeleccionista a la Corte mendocina.

El otro envión llegó desde San Rafael. De manera ¿inesperada? El gobierno logró un aliado para intentar frenar allí las elecciones. Se trató de Alejandro Cazabán quien, como precandidato por el Frente Renovador a la intendencia, presentó una medida cautelar ante la Sala Primera de la Corte en ese sentido.

Según el ex funcionario justicialista la participación del actual intendente lo afecta y es irregular porque “la igualdad entre precandidatos se encuentra dañada y perjudicada”.

La respuesta a ese amparo está en manos de los jueces Dalmiro Garay, Pedro Llorente y Julio Gómez y no se conocerá antes de diez días. Pero Cornejo confía en que, salvo Gómez, los otros dos le terminen dando a Cazabán lo que pide.

Ya no hay demasiadas dudas acerca de cuáles son los términos en los que esta planteado este conflicto inédito en la vida institucional de Mendoza. El punto a esta altura no está en si lo que hizo el gobernador está viciado por inconstitucional, sino que lo que importa es si los cuatro intendentes pasan o no.

A decir verdad, el Tribunal está dispuesto a acelerar los tiempos para que el daño no sea irremediable, como así también se perfila a respaldar en definitiva la postura de que hay que modificar los criterios impuestos por Aída Kemelmajer de Carlucci en 1989 para avanzar con las reformas de la Constitución.

A través de una resolución, la Corte desoyó el planteo de los Justicialistas y ratificó, por un lado, que fallará a través de un plenario de jueces y que insistirá, además, con su idea de encontrar una salida negociada al conflicto. El presidente Jorge Nanclares volvió a convocar a una audiencia conciliatoria para el próximo miércoles, aún sabiendo que está condenado al fracaso.

En una discusión en dónde las dos partes se juegan el todo por el todo, no hay viabilidad de que exista acuerdo.

Los cortesanos más cercanos a Cornejo ya le transmitieron a este la realidad: si se respetan los plazos de las partes, la sentencia por la cuestión de fondo (la constitucionalidad o no del decreto de promulgación del 198) ya apunta a salir después de las PASO y antes de la elección general de junio.

Las partes tendrán desde el lunes diez días hábiles para responder los dictámenes del Fiscal de Estado y de Asesoría de Gobierno que se dieron a conocer la semana pasada y de allí se decidirá luego si se llamará a una audiencia inicial antes de que la causa entre en estado de sentencia. En todo este tramiterío procesal, los intendentes tendrán también a favor de su estrategia dilatoria a los feriados de Semana Santa.

Con este panorama, Cornejo suma otra preocupación. Si bien el criterio de la mayoría de los siete jueces sería que hay que reformular el fallo de Sala II de hace 30 años que encorsetó a las reformas constitucionales, es sabido que fallos de este tipo “no se definen hasta que se definen” como relató un conocedor del laberíntico mundo de la Corte.

Los jueces saben que están ante una situación compleja. Los que están vinculados al PJ no dudan en que la decisión del gobernador con el 198 fue pasar a retiro Giménez, a Aveiro y a Righi y que lo que Cornejo desesperadamente pretende es terminar con la dinastía de los Félix en San Rafael. Pero lo que tienen bajo análisis es la norma, no la intención. ¿Cómo redactan esa motivación política en términos jurídicos para voltear el decreto? Es imposible saberlo. De la misma manera que nadie se atreve a aventurar cómo se terminará resolviendo esta historia.

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