Opinión
Corrupción: culpables o inocentes, según quién juzgue
Ante las mismas sospechas, la justicia federal y provincial actúan de manera diferente. Por qué todos pueden salir perjudicados ante la diferencia de criterio. Los casos de los intendentes.
El mismo origen de los fondos, las mismas sospechas, distinto resultado. Las investigaciones por sospechas de corrupción o fraude con recursos públicos tienen en Mendoza un recorrido dispar y esa diferencia de criterio depende, incluso, de qué fuero sea el que investiga.
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Ha ocurrido, por ejemplo, que ante un mismo delito investigado, en la justicia federal se exculpe a funcionarios políticos y en tribunales provinciales se los acuse de manera directa. En el medio, las dudas.
La justicia federal acaba de dejar prescribir una causa en la que se investigaba al ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado por desviar fondos. La causa “murió”, aunque fue iniciada en 2016. Salgado recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social para realizar obras, pero los recursos fueron usados para pagar sueldos. En realidad se trata de una maniobra que se hizo frecuente en años anteriores. La causa no avanzó y prescribió. El juez que tomó esa decisión fue Marcelo Garnica, el mismo que la semana pasada dictó la falta de mérito sobre otro ex intendente. Se trata del caso de Juaquín Rodríguez, que fue exculpado en una causa por malversación en la que se investiga el desvío de fondos que tenían como destino la construcción de dos barrios. Esa causa es muy similar, aunque en una escala mucho menor, a la que se sigue contra la organización Tupac Amaru por el mismo programa de viviendas sociales construidas en Lavalle. En la justicia provincial sí hay funcioanarios políticos imputados. Incluso hay otro detalle. Originalmente la causa por fraude en la que se investiga a la Tupac fue instruida en la justicia federal y nunca tuvo avances. Ante el mismo delito, las mismas pruebas y los mismos hechos; distintos criterios.
En esos casos las dudas sobre quién debe investigar fueron resueltas por la Corte Suprema. Aunque los fondos eran de origen nacional (porque los trasfería el Gobierno federal), luego se “provincializaban” a través de organismos locales.
La noticia de la prescripción de la causa contra Salgado genera repercusiones más allá del caso en sí. Sobre todo porque hay expedientes similares que han tenido una dilación enorme y pueden correr el mismo camino. Esto, incluso, perjudica a quienes acusan, pero también a los acusados que aseguran ser inocentes. No es lo mismo ser exculpados porque la justicia investigó y no halló nada, a serlo por inoperancia de quienes tienen como responsabilidad hacer justicia.
Las causas más atrasadas tienen que ver con las sospechas de enriquecimiento de funcionarios. Se trata del único delito que invierte la carga de la prueba, pues allí los funcionarios deben justificar el origen de los fondos con los que compraron los bienes. Sin embargo, son las más atrasadas. Esta semana, por ejemplo, habrá movimientos clave en el expediente donde se investiga si el intendente de Lavalle Roberto Righi se enriqueció de manera ilegal. La fiscal Gabriela Chaves instruye esa causa, la misma que lo imputó en la causa Tupac, y sospecha que el Intendente no puede justificar los bienes que tiene. Pero no solo cuenta con el patrimonio del Jefe Comunal, sino de su familia: apunta a que allegados a Righi operan como testaferros. En particular investigan los bienes de un hermano del Intendente. Esta semana un juez penal decidirá si la causa sigue a cargo de Chaves. Pero también se cuestionaron los peritajes contables y los contadores que hicieron ese trabajo. Se trata de elementos clave en la causa. Si Chaves y los peritajes se sostienen, el intendente podría ser imputado formalmente en poco tiempo. Si no, la causa podría naufragar.