Opinión
Monseñor Pilatos
El gobernador Alfredo Cornejo, ante la consulta de MDZ Radio, el sábado, fue al hueso en el caso de los abusos a niños sordos del instituto Antonio Próvolo y admitió que no está conforme con la supervisión realizada por la DGE. Esa es la tarea que le toca, además de formarlos.
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El gobierno tiene varias áreas que confluyen en la problemática que nadie pudo prevenir ni atender a tiempo: la Dirección de Educación Especial, la de Educación Privada, el área de Orientación Psicopedagógica (todas estas de la DGE) y la Dirección de Discapacidad de Desarrollo Social. El Defensor de los Discapacitados, Juan Carlos González, una vez conocidos los hechos pidió que se expulse a la orden religiosa de Mendoza. Las obras sociales privadas también pudieron haber auditado y descubierto el horror de los abusos, pero no lo hicieron. Y sobre todo tuvo tarea por hacer el Arzobispado de Mendoza, a quien hasta el propio Vaticano derivó la decisión de poner en orden la situación, aunque de eso no se trate: debe saber quién está al frente de cada dependencia eclesiástica y si está en condiciones psicológicas, actitudinales y hasta legales de hacerlo.
Aquí nos detendremos, mientras el gobierno toma las decisiones que todavía no ha decretado en lo que respecta a sus responsabilidades.
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En el principio de los hechos todo fue silencio. La actitud del arzobispo Carlos María Franzini de mandar a Marcelo De Benedectis, sacerdote de San Nicolás y Santiago Apóstol a hablar en nombre del Arzobispado, no satisfizo a nadie ni adentro ni afuera de la Iglesia. Por ello el Vaticano le pidió a la Conferencia Episcopal Argentina que le efectuara un llamado de atención. El mismo día en que MDZ contactó a fuentes de la "Santa Sede" para requerirles el punto de vista de la máxima jerarquía, en la persona o en los funcionarios inmediatos de Jorge Bergoglio (el papa Francisco), Franzini recibió el pedido de dar la cara, cosa que finalmente hizo el viernes a las 18, rodeado de una amplia cantidad de colaboradores y en una parroquia, fuera de la sede arzobispal que permanece infranqueable para el común de los humanos.
Previo a la conferencia con los periodistas en la que insistió con una reacción emocional al asegurar que sentía "dolor e indignación" a la vez que reclamaba "justicia", emitió un comunicado anticipando su postura.
Así y todo, y a pesar del clásico latiguillo aprendido de la política en torno a la "investigación hasta las últimas consecuencias", el arzobispo se defendió diciendo:
- "No hemos sido notificados de antecedes penales de los sacerdotes imputados".
- "Tampoco hemos recibido denuncias o comentarios sobre irregularidades que hubieran sucedido en dicho Instituto; de haber ocurrido hubiéramos actuado inmediatamente".
En este punto cabe señalar que la información sobre los abusos fueron dados a conocer por la prensa el fin de semana. La senadora Daniela García venía trabajando desde hacía tiempo en la recolección de información y entregándola al fiscal Fabricio Sidoti. Puede ser verdad que no fueron notificados formalmente, pero está bastante claro que la jerarquía eclesiástica lee los diarios. Caso contrario, no hubiese designado al siempre bien dispuesto padre De Benedectis como vocero, en un primer (y frustrado) intento por frenar el escándalo.
Luego, el comunicado del Arzobispo, acompañado por la tarde de sus propias y envalentonadas palabras al dar la cara seis días después de conocidos los hechos a nivel público y el mismo día en que se le requirió al Vaticano por parte de MDZ su opinión, informó lo que se esperaba desde hacía tiempo: "Hemos quitado las licencias ministeriales a los sacerdotes acusados". Curioso, porque antes habían dicho que no tenían injerencia alguna en la vida interna de la congregación que administra el instituto Próvolo. Mentir es un pecado, pero tampoco admiten que se habían equivocado. En el mismo sentido, el arzobispo dijo que dispusieron "que se suspenda todo tipo de actividad pastoral en el predio del instituto Próvolo", ratificando que, al final, cuando quieren sí tienen poder de decisión sobre las congregaciones.
Las dudas siguen reinando después de la aparición que intentó aplacar el vendaval por no contar con un sistema de recursos humanos capaz de saber quién habla y actúa en nombre de la Iglesia.
Es que Franzini adelantó que desde ahora se aplicará un sistema mediante el cual las autoridades eclesiásticas obtendrán "una declaración jurada cuando se reciba a un sacerdote en cualquier orden instalada en la provincia". Y "se exigirá que los presbíteros no tengan antecedentes penales ni problemas de adicciones".
Con esto, el Arzobispado no solo sobreactúa poniéndose a la misma altura de cualquier político acosado por denuncias, sino que se sigue sacando responsabilidades de encima. No será la institución la que evaluará al "personal" que ejerce en su nombre, sino que funcionará como una "confederación" de entidades privadas que ejercen tareas eclesiásticas, pero sin que haya responsabilidad de la conducción, verticalista para algunas cosas, y relajadamente horizontal para otras. Como una delegación a "franquicias" que se caerían recién luego de que cometan algún error o ilícito. Nada de prever. Todo dejado a la buena de Dios.
No es cambio, es reacción. Y así nos trae al presente aquel mito de Poncio Pilatos ante el hecho cruel que le dio origen al cristianismo hace 2 mil años.