Siete cabos sueltos sobre los abusos en Mendoza

 Despojados de broncas y prejuicios, situaciones éstas que adquirimos cuando la información nos remite a injusticias de la vida cotidiana, el caso de los abusos en el instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo deja abiertas diferentes cuestiones que merecen de un análisis pormenorizado. A ello, le debe seguir un monitoreo en torno a la causa judicial, para corroborar que la "catarata de denuncias", tal como lo ha calificado la vicegobernadora Laura Montero que actuó como nexo entre las víctimas y la justicia, sean investigadas hasta el final y halladas las responsabilidades y culpabilidades del caso, con las consecuentes sentencias condenatorias y las absoluciones que correspondieren.

Hablamos de responsabilidades por un lado y culpabilidades por el otro, porque comienzan a emerger elementos que indican que para que hoy nos podamos haber enterado que personal religioso de una institución educativa sometían a abuso sexual a niños sordos, antes seguramente hubo acciones, ocultamientos, complicidades, omisiones o incumplimiento de deberes, en una cadena que debe ser claramente identificada. Los culpables, con la condena que el Código Penal establezca. Pero también hay que posar la mirada sobre los que tuvieron diversos grados de responsabilidad.

1- El instituto Próvolo posee dos instancias de dependencia y control, o mejor dicho tres, si incluimos la casa de retiros espirituales que promociona y avala el Arzobispado en su página web y que dirige un sacerdote paraguayo consagrado al sacerdocio en la iglesia veronesa de la que salieron todos los sacerdotes implicados, aunque a él la causa no lo menciona. Las dos primeras son la escuela para niños sordos, en donde el Gobierno participa financiando el salario de 15 de sus 45 docentes, y el hogar, que estaría contrariando el espíritu de la ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia que promueve su cierre desde el año 2003: 13 años de ninguneo a la ley.

2- Como institución educativa, hay psicólogos trabajando allí. ¿Jamás detectaron señal alguna de posible abuso de parte de los niños de entre 10 y 12 años que ahora sí han decidido confiar sus horribles vivencias a otras instancias, y no a las que están pagadas para funcionar como alarmas ante cualquier posible alteración en los chicos?

3- Llegado a este punto, ya vemos que hay, al menos, dos instancias de control de gestión: la Iglesia y el Gobierno, a través de la Dirección General de Escuelas. Pero también -en todo caso- desde Desarrollo Social, bajo cuya jurisdicción funcionan todos los hogares de niños y adolescentes que sobreviven a la ley que busca su extinción, y más aun tratándose de chicos con discapacidad.

4- Agreguémosle a esto una instancia más de responsabilidad. Es que el Arzobispado de Mendoza, en su comunicado a la prensa, rápido y conciso, al darse a conocer el hecho, instruyó a su vocero para que dejara en claro ante la prensa de que se trata de "una congregación" y no de una dependencia puramente dependiente de la Diócesis. Vale decir que la Compañía de María -promotora de los centros Antonio Próvolo existentes- tendría algo que decir que no sea despojarse de su responsabilidad, ¿o sí?

5- Pero hay algo que resulta curioso y que algunos observadores vinculados tanto a las familias afectadas como al Gobierno dejan trascender cuando se habla de auditorías y controles: hay varias obras sociales que mantienen convenios con el instituto cuestionado. ¿Tampoco recibieron ningún indicio? ¿Los controles son suficientes? ¿Qué pasa en otros hogares e instituciones similares a lo largo y ancho de Mendoza y el país?

6- Se ha escuchado en los últimos días que habría denuncias de supuestos abusos dentro de la institución desde, al menos, 2008. ¿Ante quién se formularon las denuncias? Si no fueron tales y tan solo un comentario entre padres o víctimas, ¿a quién se lo hicieron? ¿Quien escuchó y prefirió callar?

7- El instituto tuvo un antecedente que salió en todos los diarios del mundo. Uno de los detenidos en Mendoza por abuso es el padre Nicola Bruno Corradi, que ahora tiene 82 años, pero que abusó de niños en el instituto del mismo nombre en Verona, Italia, entre 1955 y 1984. La Iglesia decidió reubicar a todos los implicados en el escándalo de Italia y lo envió a Mendoza. ¿Nadie en el Arzobispado de Mendoza reclamó sus antecedentes? ¿Lo hizo acaso Migraciones al momento de admitirle su ingreso al país? ¿La Dirección General de Escuelas aprobó su presencia con los alumnos del instituto educativo? ¿Lo hizo acaso el Ministerio de Desarrollo Social con el hogar?

Hasta ahora se conoce que lejos de manejarse en forma independiente del Estado, el instituto Próvolo cada vez fue adquiriendo mayor relación y dependencia. Por ejemplo, en el año 2010 el gobierno mendocino consideró que debía ampliarse el subsidio estatal que recibía y en 2013 la Dirección General de Escuelas aprobó sin -ofrecer ningún cuestionamiento- la escolaridad extendida para el establecimiento.

Algunos vinculan la presencia dentro del gobierno educativo de Mendoza de un hombre de la Iglesia a cargo de la Educación Privada de la DGE, justo en el año 2010. Tagliabue es presentado hoy por el Arzobispado de Mendoza como delegado rectoral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Argentina. Desde el gobierno acusan que en su tiempo como funcionario en Mendoza -también lo fue durante una de las dictaduras en la provincia de Buenos Aires, ministro entre 1967 y 1971- se extendió el apoyo a carreras de colegios confesionales de nivel terciario, dando a entender que, al financiar determinadas materias y carreras, el Estado laico empezó la inédita tarea de pagar la formación de sacerdotes en el seminario diocesano, aunque lo haga en forma indirecta, disimulada.

Lo único que deja en claro la situación que se está viviendo en Mendoza es que somos una de las provincias con mayor cantidad de casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, que la sociedad y parte (no toda) la política los ha naturalizado de algún modo al no reaccionar masivamente y que el entramado de relaciones entre todos los poderes y la Iglesia hacen difícil encontrar un punto de quiebre, un "momento bisagra" como el prometido por el papa Francisco al llegar a la conducción del Vaticano y el Catolicismo con respecto a las acciones pedófilas de sus miembros en el mundo.

Nancy Cortez, la valiente la intérprete de lenguaje de señas de la Legislatura provincial que recibió el primer testimonio sobre los abusos en el instituto Próvolo, dijo algo que marca el fin de esta nota, que es el principio de un caso: "Esto no termina acá; esto recién empieza". Que así sea.