Nueva Roma
La Iglesia, aun con su crisis de legitimidad a cuestas, en un mundo (occidental) donde las prácticas públicas y privadas fueron alcanzando un grado de secularización impresionante en las últimas décadas, es una organización mundial con una historia que empequeñece a otras. Repasemos.
La elección de un Papa argentino, y por ende latinoamericano, abre un conjunto de escenarios que solo se va a poder vislumbrar con asidero con el correr del tiempo. ¿Cuánto de la agenda papal tendrá como centro a nuestro continente? ¿Qué grado de politización le va querer imprimir Bergoglio a su relación con los gobiernos populares de la región? Lo que se puede decir ahora es que esta elección de la Iglesia coincide con un proceso de integración regional inédito, con gobiernos democráticos que lograron con éxito aumentar su independencia de los poderes fácticos locales, así como la autonomía relativa respecto a los demás poderes mundiales. No es antojadizo pensar que para todos estos gobiernos vendrá un capítulo particularmente intenso en su relación con las iglesias locales, envalentonadas con una jefatura oriunda de estas tierras. Y en la mayoría de estos países, las jerarquías católicas tienen relaciones tirantes con los gobiernos de izquierda, cuando no de franca oposición.
Todavía más extrema fue la postura de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que apoyó activamente el golpe de Estado contra Chávez en el 2002 a través de su entonces presidente Baltazar Porras.
En definitiva habrá que ver, tal vez con más detenimiento que las primeras acciones de Bergoglio, en qué medida las iglesias latinoamericanas en cada país asumen la noticia y se posicionan frente a los gobiernos. El carácter eminentemente conservador de esas jerarquías eclesiásticas (bastante más a la derecha que el nuevo papa, por cierto) y el historial reciente donde éstas se ubicaron sin ruborizarse como parte de la oposición, no auguran un futuro tranquilo.
Conceptualmente, más allá de la dinámica concreta que tome en los próximos meses o años, la relación entre la Iglesia y los gobiernos latinoamericanos parece encaminarse a discutir en qué medida se avanza o no en la separación entre Iglesia y Estado. Viejo programa liberal del siglo XIX, tiene todavía evidentes puntos pendientes en América latina. En este sentido, los gobiernos kirchneristas estuvieron en la vanguardia de ese proceso, necesario y profundamente democrático. El matrimonio igualitario mostró hasta qué punto una sociedad mayoritariamente católica quiere al mismo tiempo avanzar en la conquista de derechos civiles, entendiendo que la milenaria organización eclesiástica no tiene porque tener allí una última palabra.
En el mismo camino de separación entre los deberes terrenales de los gobiernos democráticos y los deberes espirituales de la iglesia, todavía queda por resolver la eliminación del obispado castrense, que supone una relación especial entre los hombres de las fuerzas armadas y uno solo de los cultos que practican los argentinos. Esta institución se encuentra en un limbo desde que en el 2005, el entonces obispo castrense Antonio Baseotto sugirió como destino del Ministro de Salud una piedra al cuello y el fondo del mar, ante lo cual Néstor Kirchner le quitó el reconocimiento oficial y el puesto quedó vacante hasta el día de hoy.
Finalmente, en este proceso de sana separación entre organizaciones de muy distinto orden y naturaleza (el poder estatal, regido por métodos de elección democráticos, contrapesos republicanos, circunscripto a un territorio, y la Iglesia, una monarquía absolutista con un poder simbólico que alcanza a 1200 millones de personas, desparramados por todo el planeta) deberá afrontar discusiones mucho más complejas, como el soporte económico por parte del Estado a las escuelas religiosas católicas o el debate por la despenalización del aborto.
Más allá de esta agenda lógica de temas, que de una u otra manera ya están en el debate social desde hace años, asoma el apresuramiento de algunos actores políticos opositores por presentar la unción de Bergoglio como una esperanza para sus intereses. No parece una forma de acción aconsejable. La sociedad argentina dio muestras de escindir sus plegarias de sus elecciones políticas, como lo demuestra el apoyo que tuvo el gobierno de Alfonsín para sancionar el divorcio en los 80 o el matrimonio igualitario durante el primer mandato de Cristina. Buscar en la Iglesia -como lo hicieran con los medios de comunicación- un discurso que los unifique, los alejaría de cualquier rasgo de modernidad y pulsión democrática.
Fuente: Télam