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Opinión

Discutir los medios (Primera parte)

Discutir lo medios es un derecho de todos que debemos ejercer. Constituye un buen entrenamiento para el análisis vincular a los mismos con posicionamientos políticos que claramente juegan un rol en el rumbo de lectores y audiencias. Aquí, la primer entrega para el debate sobre uno de los temas del momento.
Foto: Gerardo Gómez/ MDZ
Foto: Gerardo Gómez/ MDZ
Más allá de las especulaciones políticas que se hacen en torno a la iniciativa del gobierno nacional para implementar una nueva ley de radiodifusión en la argentina, es cierto que a los medios, públicamente, poco se los discute. Se los discute por abajo, es decir, en ámbitos de reflexión académica y política, o por arriba, por caso, en negociaciones superestructurales entre gerentes, propietarios de medios, gobernantes, por el pautado oficial, a través de operaciones políticas, etc. Pero nunca se los discute centralmente.

Sería interesante entonces, preguntarse por el rol que debiera cumplir la comunicación en una sociedad democrática, si se debiera limitar la concentración de medios y otorgamiento de licencias, entre otras cuestiones.

El nivel de concentración fenomenal que existe en el rubro, producto de la política que les concedió tal posibilidad desde hace más de 30 años, es hoy una realidad patente e inobjetable.

¿Hace falta aclarar que cuando se forman multimedios, los niveles de objetividad y derecho a la información diversa, se ponen en riesgo? ¿Es una novedad decir que mientras más concentración mediática, mayores son los niveles de presión para “negociar” con el poder político? ¿Es un despropósito plantear que cuando hay menos pluralidad de opinión hay menos democratización y reflexión en la sociedad? ¿Por qué entonces está instalada la idea de que si hay un medio estatal y público, éste, es menos independiente que aquel que pertenece a una cadena de multimedios? ¿Qué es ser independiente entonces, en este mapa comunicacional actual? ¿Porqué no pueden tener una licencia de radio un sindicato, una ONG, una comunidad aborigen o un barrio; y sí la pueden tener, casi exclusivamente de acuerdo a la ley vigente, empresarios que, provenientes de otros rubros, invierten en comunicación, adquiriendo diarios, canales y radios sin más? ¿Quién pone las reglas de juego en el mercado comunicacional, los grupos concentrados o la sociedad a través de su participación para construir un modelo más democrático y diverso? ¿Por qué es tan escasa la participación de los trabajadores de los medios en sus gremios o mejor, porqué no se permite la agremiación de trabajadores en muchos medios?

Estas son algunos de los interrogantes que nos debiéramos plantear como sociedad, especialmente en Mendoza, donde el mapa comunicacional no dista mucho de la realidad nacional.

Creo importante distinguir en esta reflexión dos niveles en la discusión: primero que se trata de discutir políticas públicas (de Estado) y no de gobierno. Es decir, si el gobierno toma a lo público para sí (propaganda política de gestión), es tan reprochable como el privado que se apropia de lo público, haciendo pasar sus intereses particulares como los intereses de la sociedad toda.

Segundo, es inevitable que esta discusión y su posible materialización en ley, se produzca bajo el clima político que “genera” el gobierno de turno. Es decir, una ley no cae del cielo. La misma, debiera ser generada por los actores involucrados en espacios de participación, y luego, los representantes políticos que la gente elige para el legislativo, la trate y le de forma de ley.