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Opinión

Y los pobres que se pudran en bodegas abandonadas

El caso de los niños abandonados en la bodega de Maipú debe necesariamente hacernos reflexionar. Aquí están las causas señores, en vivo y en directo y a la vuelta de su casa, del ominoso camino a la violencia social. ¿Quién sino el estado puede controlar el oprobio del mercader sin escrúpulos sociales?
Si bien nadie públicamente osaría afirmar tamaña declaración, en relación al título de esta columna, si puede comprobarse en los hechos aquello que en el inconsciente de los propietarios de la empresa Gravamen S.A. pudo quedar registrado a partir del deschave que la subsecretaría de trabajo hiciera días atrás en una bodega abandonada en Maipú. A raíz de un caso de deshidratación y gastroenteritis de un bebé que llegó al Centro de Salud Rusell del departamento, saltó la chispa que desató el rastreo por parte de las autoridades del municipio y la Secretaría de Trabajo. Se descubrieron a 20 niños entre 60 personas en completo estado de abandono, tal como lo relata el cronista de Mdz en su nota del día martes 29 de abril.

Según la crónica del periodista Calivares “…las 18 familias vivían en condiciones infrahumanas, con una desidia total por parte de los empleadores que habían contratado a  cada uno de los jefes de familia para trabajar cosechando olivo en una finca que se halla alrededor de la bodega”. El estremecedor relato nos deja atónitos cuando dice que “El paisaje en el lugar es totalmente desolador, una bodega abandonada –la ex Superiora- sin estufas, sin nada que la caliente, con 18 viviendas precarias levantadas con nylon, una al lado de la otra y que se hallaban levantadas por palos”.

Este caso no es más que uno de los tantos ejemplos de la irresponsabilidad y voracidad de algunos empresarios que a costa de reducir a condiciones de barbarie a niños y familias pobres que trabajaban para ellos, buscan mayor rentabilidad, mientras nadie los descubra. La pregunta es ¿Cuántos casos más tendrán la provincia oculta?

La explotación infantil, o la “infantilización de la pobreza”, ya fue denunciada en notas anteriores desde esta columna, aunque también en estudios estadísticos y en proclamas de ong´s. No obstante, hay quienes se resisten a la legalidad y atentan contra derechos humanos básicos. Y aquí sí debemos reconocer la actuación de la secretaría de trabajo que no escatimó en acercarse al lugar donde sobrevivían estas familias. Esta es la verdadera función de un área dedicada también al control y cumplimiento de la ley para con los empresarios.

Mendoza encabeza, junto a otras provincias, el vergonzoso ranking de mayor explotación del trabajo infantil. Justo cuando se conmemora el día del trabajador nos enteramos de un caso de esclavitud y miseria, temas que ya debieran tener principios de solución con el otorgamiento del Ingreso Universal Ciudadano que proponen ong´s como “Pelota de trapo”, para no encontrarnos más con estos cuadros. Y después nos dicen a quienes proponemos mayor intervención del Estado en la economía y en la sociedad, que somos atrasados. Por favor. Si esto no es atraso semifeudal, mano de obra esclava en plena Mendoza glamorosa de hoteles cinco estrellas y visitas internacionales, entonces, de qué estamos hablando? De atraso para algunos y de adelantos para otros.

Cuando esos chicos semiesclavos salen a robar, luego son doblemente castigados por la moral pública. “¡Hay que matarlos a todos, que se pudran en la cárcel!”reclamarán las hordas en busca de sangre justiciera. Por eso hay que reflexionar ante estos hechos que son casos testigos clarísimos de exclusión que cultivan el resentimiento y el odio por ser sometidos a condiciones infrahumanas. No debe se la única empresa que se maneja con estos códigos de contratación fuera de la ley, por ello, debemos exigir más controles desde el Estado y denunciar estos casos y derivarlos a la justicia y que paguen los culpables a la medida del delito.