Gaza, Trump, Maduro y cómo la geopolítica está afectando la economía
Esta semana pasará a la historia como la primera en la que Gaza se levantó contra su verdadero opresor: Hamás. Desde que Israel se retiró por completo de la Franja en 2005, el grupo terrorista contó casi siempre con una combinación de apoyo y resignación por parte de sus 2 millones de habitantes. El respaldo se vio desde que arrasó en las elecciones de 2006. Un resultado que hace comprensible el salvajismo con el que fueron recibidos los rehenes israelíes llevados a Gaza el 7 de octubre de 2023. Y que también permite entender que en los más de 530 días transcurridos algunos sigan en casas de familias colmadas de odio.
Claro que otros gazatíes - hasta ahora los menos - se oponían a su dominio. Pero lo hacían en silencio por un temor lógico: Hamás es mucho más brutal con los palestinos díscolos que con los judíos. Pero eso cambió esta semana, cuando cientos se animaron a salir a las calles de lugares como Jan Yunis y Jabalia para decir basta. Para pedir que los asesinos dejen de exponer a sus hijos a morir como mártires en nombre de su causa asesina. Es una muestra de la debilidad en la que se encuentra el grupo y puede marcar un quiebre. Porque sin cobertura civil va a ser mucho más fácil para Israel destruirlo. Y porque, aunque sea poco probable, puede ser el comienzo de un camino hacia una solución de largo plazo para el drama de Gaza.
Una angustia parecida es la que está motorizando las protestas en Turquía. Desde hace dos semanas, miles de jóvenes están pidiendo la liberación de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y máximo líder de la oposición al presidente Recep Erdogan. Fue arrestado el 19 de marzo bajo una larga lista de cargos disparatados justo cuando se disponía a ser consagrado como candidato presidencial de una gran alianza opositora. A pesar de ser un país musulmán, Turquía era un estado laico, aliado a Occidente y miembro de la OTAN. Ahora está en vías de volver a ser un sultanato de la mano de un Erdogan cada vez más radicalizados en sus políticas islamistas y autoritarias. Estas tensiones provocaron una devaluación de más del 10% de la lira turca. Una señal de estos tiempos en los que las ambiciones de poder de algunos líderes están haciendo crujir a la economía global.
No muy lejos, en Arabia Saudita, se negoció en estos días un acuerdo que puede dar vuelta el orden mundial vigente desde la invasión de Rusia a Ucrania. Delegados de Donald Trump y Vladimir Putin llegaron a un entendimiento para garantizar la libre circulación en las aguas del Mar Negro, que bañan las costas de Rusia, Ucrania y Turquía, entre otros países. Se lo presentó como una tregua marítima por 30 días, que permitiría que los países involucrados en la guerra puedan sacar sus cargamentos de granos y fertilizantes. Bastante poco frente a la propuesta original de Trump de un cese total del fuego por un mes. Pero lo relevante no esta limitadísima tregua, sino lo que Rusia estaría obteniendo a cambio: un levantamiento de sanciones económicas decisivas, como las que desconectaron a sus bancos del sistema SWIFT de transacciones financieras. El permiso sería para el Rosselkhozbank, un banco agrícola. Pero todo indica que es la punta de lanza para el total restablecimiento de las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos.
Una decisión de Trump que muestra el ensanchamiento de la grieta que lo separa de los líderes europeos. En una cumbre de aliados de Ucrania celebrada en París ratificaron las sanciones contra Rusia y algunos, como Francia y Reino Unido, insistieron en su disposición a enviar tropas para garantizar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz, si es que algún día se firma. La sola presencia de soldados franceses y británicos implicaría el colapso de cualquier forma de paz, porque Putin jamás lo aceptaría. Lo consideraría un acto de guerra. En Bruselas parecen cada vez más preparados para ese escenario: Hadja Lahbib, comisaria europea de Gestión de Crisis, presentó un kit de supervivencia para mantenerse a salvo durante 72 horas en caso de ataque. Incluye agua, linterna, radio y dinero en efectivo, “por si las tarjetas de crédito se vuelven un plástico inservible”.
No son las mejores señales para un mercado que sigue tratando de asimilar el torrente de anuncios comerciales que llega a diario desde la Casa Blanca. Algunos, siguen mostrando su eficacia geopolítica. Tras convencerse de que Maduro es una amenaza para la seguridad nacional, parece decidido a ahogar al régimen. Sobre todo después de que informes de inteligencia señalaran que algunos criminales venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron enviados a Estados Unidos por agentes de Diosdado Cabello con la intención deliberada de desestabilizar. Por eso anunció aranceles del 25% a todos los países que le compren petróleo a Venezuela. China e India, dos de los que están en el top 5 de compradores, ya anunciaron la suspensión de estas operaciones.
La noticia se conoce cuando Venezuela se hunde en una nueva crisis energética y cambiaria. Desde el próximo miércoles, el sector público pasará de 40 a 13,5 horas semanales de trabajo para atenuar los problemas de generación de energía eléctrica. A los crónicos, asociados a la falta de inversión, se sumó ahora una sequía que está afectando a las hidroeléctricas del país, que genera hoy el 20% de su potencial. No sorprende que el dólar haya superado nuevamente los 100 bolívares en este clima. Es la cuarta vez en la historia. En las tres anteriores, la respuesta del régimen fue cambiarle el nombre a la moneda y sacarle ceros. Son 14 los ceros borrados desde 2007.
Otros anuncios comerciales de Trump lucen menos eficaces. Es lo que está pasando con todos los que no buscan determinados objetivos de política exterior, sino que son puramente económicos, destinados a potenciar la industria nacional. El miércoles entrarán en vigor los aranceles recíprocos: Estados Unidos pasará a cobrarle a todos los países lo mismo que estos les cobran a las compañías estadounidenses para vender en sus mercados. Pero al anunciado “día de la liberación” se sumó un 25% de aranceles a todos los autos y autopartes importadas. El 50% de los vehículos y el 60% de los componentes que se venden en el país son importados. Lo curioso es que muchas empresas locales se van a ver afectadas, ya que venden muchos modelos que producen en países con los que hay acuerdos de libre comercio, como México y Canadá. Llama la atención que Trump avance en esa dirección cuando hace tres semanas, por presión de las automotrices, había dado marcha atrás con los aranceles del 25% a todo lo importado de esos países.
El Índice de Confianza del Consumidor que mide The Conference Board cayó a su nivel más bajo desde 2021 y las perspectivas de corto plazo están en su peor momento en 12 años. Consecuencia lógica de lo que muchos ciudadanos perciben como una combinación de tozudez con improvisación. Mucho no ayuda que The Atlantic haya revelado que Jeffrey Goldberg, su editor en jefe, fue incorporado por error y sin que nadie se diera cuenta en un grupo de Signal en el que altos funcionarios compartían detalles de operaciones militares. El vicepresidente JD Vance, el secretario de defensa Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional Michael Waltz son algunos de los que formaban parte del grupo creado en esta red de mensajería similar a WhatsApp, pero más segura. La única condición para que no haya filtraciones es no sumar a un periodista por error.
Este escenario global tan inestable entraña tanto peligros como oportunidades para Argentina. Por eso es tan urgente que se concrete un acuerdo con el FMI como el que se está discutiendo, con muchos fondos y mucha flexibilidad para usarlos. Si se pudiera sostener la estabilidad macroeconómica, y considerando los recursos estratégicos que tiene el país —energía, minería y alimentos—, las perspectivas se vuelven muy favorables. Especialmente con un Brasil que se vuelve menos confiable a partir de las dudas que generan las políticas fiscales y las alianzas geopolíticas de Lula. Y ante la amenaza de crisis política que genera el juicio a Jair Bolsonaro por un golpe de Estado que puede haberse deseado y hasta proyectado, pero que nunca se puso en marcha. Como le pasó a Lula en 2018, los jueces vuelven a hacer política con fuerza. Basta ver que cuatro de los cinco jueces de la sala del Supremo Tribunal Federal que resolvió enjuiciar a Bolsonaro fueron nombrados por el propio Lula o por Dilma Rousseff. Uno fue su ministro de Justicia hasta 2023 y el otro su abogado personal en todo su periplo judicial. Una historia que se repite, pero espejada.