El último país normal del mundo tiene nuevo presidente: qué cambia
Las elecciones terminaron con una derrota clara para un oficialismo pro mercado. Probablemente, el gobierno más liberal que tuvo Uruguay en décadas y el presidente preferido por todos los círculos empresariales de la región, que sin duda anhelaban tener un líder como él en sus propios países.
Sin embargo, su delfín perdió por cuatro puntos frente al candidato de una coalición de izquierda, que pertenece, además, al ala más populista de esa alianza. Una facción heredera de una organización guerrillera y extremista como fue el movimiento Tupamaro.
A pesar de estos acontecimientos, que en cualquier otro lugar habrían desatado pánico en los mercados, reacciones violentas o declaraciones de figuras públicas anunciando su intención de abandonar el país por considerarlo ya perdido, en Uruguay no generaron absolutamente nada de eso. Para los uruguayos, el triunfo de Yamandú Orsi y la derrota de Álvaro Delgado fue business as usual. Y el cambio de mando de Luis Lacalle Pou al presidente electo, que asume el 1 de marzo, será una transición de gobierno más.
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Lo que más impacta de esta reacción es el contraste con lo que sucede en el resto del mundo. En países pobres y ricos, con miles de años de historia o con apenas un siglo, en sociedades culturalmente homogéneas o heterogéneas: sin importar estas distinciones, casi todas las democracias occidentales están en crisis.
Claro que en Uruguay hay síntomas de los mismos problemas que se ven a nivel global. Pero no conmueven los cimientos de un sistema que se muestra sólido. Esto permite que los cambios que va a tratar de implementar Orsi no afecten el rumbo general por el que la República Oriental navega desde hace años.
Un país normal en medio del caos global
La raíz de la crisis de las democracias occidentales está en el corazón del sistema: hay un problema grave de representación. Los ciudadanos dejaron de creer en sus representantes. Y si algo no puede fallar en una democracia es la ilusión sobre la cual se sostiene: que quienes gobiernan no lo hacen a título personal y persiguiendo sus intereses particulares, sino en nombre del pueblo.
Esta crisis tiene múltiples manifestaciones alrededor del planeta. La primera, y más evidente, es la caída en los niveles de participación electoral. Tanto en países con sufragio obligatorio como en aquellos con voto optativo, se observa una tendencia a que vote menos gente que antes. Esto se ve también en el colapso de los partidos tradicionales y en la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Suelen ser proyectos personales creados en torno a determinados líderes, que con frecuencia cambian de nombre o se disuelven al perder popularidad sus dueños.
De ahí vienen los outsiders de los que tanto se ha hablado en los últimos años. Figuras ajenas al elenco político tradicional, que basan su discurso en atacar a lo que en España y aquí llamamos la casta. El establishment político y, de paso, también el mediático.
La degradación de la convivencia pública que se ve en todas partes es una consecuencia de estos cambios. La impugnación de los nuevos jugadores a los partidos tradicionales, y la respuesta agresiva de su parte a quienes los amenazan, crea una dinámica de conflicto creciente que era desconocida en muchas democracias consolidadas. Esto dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos básicos, un elemento clave que permitió al mundo desarrollado mantener políticas de Estado que perduraron independientemente de qué partido gobernaba.
El resultado es una política más inestable, gobiernos más débiles que tienden a durar menos y, en algunos casos, la aparición de líderes de perfil autoritario como respuesta. Y cuando todas las formas de representación política fracasan, la amenaza siempre latente de la protesta callejera, a veces violenta, como alternativa de expresión pública.
Por eso, Uruguay es posiblemente el último país normal que queda en el mundo. En la segunda vuelta de este domingo votó alrededor del 90% del padrón, una cifra casi imposible de encontrar en cualquier otra parte. Los candidatos que se enfrentaron pertenecen a dos fuerzas establecidas en el sistema político desde hace tiempo: el Partido Nacional tiene 188 años de historia y el Frente Amplio ya superó el medio siglo. Además, el Frente es desde hace 20 años la principal fuerza del país, aunque en 2019 Daniel Martínez haya perdido por un estrecho margen frente a Lacalle Pou.
La normalidad se ve en las características de Orsi y Delgado, que son dos políticos profesionales con amplia experiencia. Orsi proviene de la militancia universitaria y fue dos veces intendente de Canelones. Delgado, que también comenzó en el ámbito universitario y ocupó cargos diversos legislativos y ejecutivos hasta llegar a la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Lacalle Pou.
No sólo son normales por su trayectoria, sino por su perfil. Basta con observar el debate de la semana previa a las elecciones. Ambos se trataron con un respeto inusual para los estándares actuales de cualquier show de este tipo en el mundo. Sin levantar la voz, sin estridencias. Presentaron programas de gobierno que, aunque diferentes, reflejan posturas con las que ambos están claramente dispuestos a convivir.
Las razones de esta normalidad uruguaya son diversas, pero hay dos principales. La primera está ligada a la historia. Uruguay tiene el sistema de partidos más antiguo del mundo, incluso más que el de Estados Unidos, que es la democracia más longeva si consideramos las que se han mantenido ininterrumpidamente.
La segunda tiene que ver con la cultura política. Uruguay tiene muchas décadas de ejercicio en el deporte de confrontar ideas para luego concertar, formar pactos y construir alianzas. Es uno de los pocos países donde las coaliciones se mantienen estables durante tanto tiempo. El mejor ejemplo es el Frente Amplio, donde distintos partidos conviven desde hace medio siglo a pesar de sus diferencias. Al mismo tiempo, rivales históricos como el Partido Colorado y el Partido Nacional demostraron la plasticidad necesaria para competir entre sí en las últimas primeras vueltas, para formar luego acuerdos que les permitieron ganar la presidencia en 2019 y gobernar juntos desde entonces.
Hay un factor adicional: los partidos tienen una relación estrecha con organizaciones de la sociedad civil. Eso les permite un contacto con la realidad que no se observa en otros lugares, donde el establishment político vive en un universo diferente al del resto de la población.
Está claro que las cuestiones demográficas juegan un rol decisivo en todo esto. Uruguay es un país de apenas 3,4 millones de habitantes, en un territorio de 176 mil kilómetros cuadrados sin barreras geográficas internas, y donde todos hablan el mismo idioma. Además, desde principios del siglo pasado, se implementaron políticas sociales pioneras, muchas de las cuales incluso antecedieron a las de naciones desarrolladas, que contribuyeron a que fuera uno de los países con menor desigualdad de América Latina.
Todo esto ha permitido que Uruguay sea, en muchos sentidos, algo bastante parecido a una sociedad de iguales, donde los gobiernos la tienen más fácil que en sociedades más complejas. Estos son sólo algunos de los factores que lo convirtieron en una suerte de isla frente a la polarización, la crisis de representación política y las crecientes tensiones que afectan el funcionamiento de las democracias en el resto del mundo.
Por supuesto que el aislamiento frente a las tendencias globales no es total. Uruguay ha tenido sus propios outsiders, como es el general Guido Manini Ríos, que irrumpió con Cabildo Abierto en 2019, un partido de una derecha más dura, con énfasis en la seguridad ciudadana. Pero luego de quedar cuarto en esas elecciones, terminó integrándose a la coalición republicana que gobernó con Lacalle Pou.
Un caso más reciente es el de Gustavo Salle, un ex frenteamplista que fundó Identidad Soberana, un partido que combina la izquierda económica con el nacionalismo antiglobalista en el plano cultural. Quedó cuarto en primera vuelta con el 2,8%, lo suficiente para ganar dos bancas en la Cámara de Diputados que lo van a dejar a Orsi sin mayoría plena en el Congreso. Algo con lo que no tuvieron que convivir ni Tabaré Vázquez ni Mujica.
Qué cambia con Orsi
Está claro, no va a ser todo continuidad. De hecho, en el fragor de la campaña surgieron iniciativas que generaron cierta preocupación en el mercado. No provinieron directamente de Orsi, sino de sectores del Frente Amplio vinculados con el movimiento sindical. Estos impulsaron, en la primera vuelta, un referéndum que proponía bajar la edad jubilatoria a 60 años y eliminar los fondos privados de pensión.
La propuesta terminó siendo rechazada en las urnas, pero fue un problema para un candidato que necesitaba ganar el voto independiente. Esa inquietud se calmó en parte cuando se manifestó públicamente en contra del referéndum y anunció que su ministro de Economía sería Gabriel Oddone, un economista de la Universidad de la República experto en historia y considerado como moderado por todos. Oddone es el único miembro del gabinete que Orsi confirmó antes de las elecciones, una clara señal de la previsibilidad que buscaba proyectar.
El principal compromiso de campaña de Orsi fue "crecimiento con inclusión social". Esto podría evocar en los argentinos varias experiencias fallidas, pero sería una comparación errónea. Esa consigna dicha en uruguayo no implica estimular irresponsablemente la demanda para aumentar el consumo a expensas de un déficit insostenible. Lo que significa, más bien, es apuntalar el crecimiento económico mediante medidas de estímulo a las pequeñas y medianas empresas, con algún refuerzo a ciertos programas sociales ya existentes en el país.
Otro reaseguro que ofreció el hoy presidente electo fue la promesa de no aumentar impuestos. Lo hizo recién en el debate previo a la segunda vuelta, forzado por las dudas que generaban algunas de las propuestas más ambiciosas de su programa.
Entonces, se espera mayor énfasis en programas estatales y menor entusiasmo que con Lacalle Pou hacia iniciativas destinadas a atraer inversión privada. Pero, en lo esencial, Uruguay seguirá siendo una economía bimonetaria, con orden fiscal, respetuosa de la propiedad privada y con una protección social significativamente superior a la media latinoamericana.
Algo similar se verá en política exterior. Con Lacalle Pou, Uruguay se convirtió en uno de los países más enfáticos en denunciar las dictaduras de la región. Eso será imposible en un gobierno del Frente Amplio, donde anidan sectores con vínculos cercanos al chavismo y al régimen cubano. Por lo tanto, habrá un giro en esta postura. Es muy probable que Uruguay deje de sumarse a iniciativas, como las impulsadas por la Cancillería argentina, para condenar conjuntamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por Nicolás Maduro.
Del mismo modo, no veremos a un presidente uruguayo tan obsesionado como el actuar en buscar acuerdos de libre comercio ni con presionar a sus socios del Mercosur para modificar las reglas del bloque regional. La postura será más cauta. Pero tampoco hay que imaginar un gobierno contrario a los acuerdos de libre comercio, ya que esa es una política de Estado. Y el reclamo por un Mercosur más flexible continuará, aunque planteado con un tono diferente.
¿Y con Argentina? Como lo dijo el propio Orsi, Uruguay no puede darse el lujo de pelear con sus dos hermanos mayores: ni con Argentina ni con Brasil. Por otro lado, las afinidades ideológicas entre los presidentes no siempre garantizan mejores relaciones. Orsi reconoció a Milei haber dado luz verde al dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, una antigua demanda de los uruguayos para permitir el ingreso de buques de mayor calado, que había sido rechazada por gobiernos argentinos anteriores. Del otro lado del charco tampoco se olvidan de los cortes de puentes en pleno conflicto por las pasteras, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El Uruguay de Orsi estará dispuesto a trabajar con Argentina en muchas iniciativas, aunque también se diferenciará en otras. Eso sí, siempre con cautela, evitando las estridencias y cuidando las formas. Lo que se espera del último país normal que queda en el mundo.