Estados Unidos sitúa a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra de tráfico de personas

Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial. Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros diecinueve países en la "lista negra", como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.

De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela al señalar que "no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo".

EE. UU. apunta que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que se refiere en su informe como "régimen", no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.

También destaca que el Ejecutivo venezolano "continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad".

Sobre Cuba, el reporte indica que, "pese a la falta de esfuerzos significativos", el Gobierno de La Habana ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.

Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una "política del Gobierno o patrón de beneficio" de los programas de exportación de trabajadores "con fuertes indicios" de trabajo forzoso.

En este punto, el Gobierno estadounidense menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana "siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas" y sin abordar "violaciones laborales y delitos de tráfico".

Respecto a Nicaragua, el informe asegura que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega ha "minimizado" la gravedad de este fenómeno. En concreto, el reporte indica que Managua no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en "ofensas de tráfico" de seres humanos, pese "a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios", ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.

EE. UU. apuntó que diversos "observadores" han cuestionado la validad de que el Ejecutivo nicaragüense documente el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos "observadores" han señalado que el Gobierno "oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas".