Uruguay aprobó una polémica ley de "mano dura"

Considerado en los últimos años como un país propicio para la implementación de normas de corte 'progresista' y afines al pensamiento político de la centroizquierda latinoamericana, Uruguay aprobó hoy una controvertida y amplia ley que modifica profundamente múltiples aspectos sociales, como la regulación del derecho de huelga y la flexibilización de la legítima defensa policial, en el marco del giro político que inició el vecino país con el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Se trata de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete legislativo de 475 artículos que constituyó el eje de campaña de la coalición partidaria que en el balotaje se encolumnó detrás de la candidatura de Lacalle Pou (Partido Nacional, de derecha), integrada por los Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente (centroderecha) y Cabildo Abierto (derecha). Entre sus artículos contiene reformas al sistema financiero, de salud, educación, laboral, a las fuerzas de seguridad, al código penal y todas las otras áreas consideradas estratégicas en el país.

El proyecto fue aprobado este martes por el Senado con el voto de 18 de los 30 senadores, prácticamente todos de la coalición oficialista, luego de meses de debates y negociaciones que produjeron más de 40 cambios a la iniciativa original impulsada por el gobierno de Lacalle Pou y que según el propio Ejecutivo, no modificó la esencia del texto.

Pese a este largo recorrido legislativo, el centroizquierdista Frente Amplio (FA), la principal fuerza opositora que gobernó durante 15 años hasta principio de este, rechazó de plano la ley. "Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados. ¡La historia los juzgará! Desde el FA seguiremos luchando para no retroceder en los derechos conquistados", reaccionó la coalición opositora en Twitter tras la aprobación en el Congreso.

La LUC declara, en uno de sus artículos, ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados “que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, y se faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.

En cuanto al código penal, define un incremento para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas. Para los menores en edad imputable, amplía a 10 años la pena máxima. Aumenta de 12 a 16 años la máxima por violación y fija en 30 años la pena por sicariato (asesinato por encargo), según informó la agencia de noticias Télam.

Pese a las fuertes críticas de la oposición, que la calificó como "una ley antipopular, represiva y regresiva", Lacalle Pou celebró su primera gran victoria legislativa. "El Parlamento acaba de aprobar finalmente la LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos", escribió en su Twitter el mandatario, que había enviado el proyecto al Parlamento el 23 de abril, en plena pandemia del coronavirus, lo que multiplicó las críticas del FA.

El coordinador de la bancada del FA, Charles Carrera, argumentó que los cambios hechos en la Cámara de Diputados son "de fondo y de forma" y "no hacen otra cosa que ratificar" la postura que la bancada asumió desde el primer día, cuando se opuso en general al proyecto de ley, citó el diario El Observador.

A su vez, dijo que las modificaciones de forma "no hacen a la cosa y terminan siendo de alguna manera aspectos decorativos", pero que "lo preocupante son los cambios de fondo" y cómo ellos terminan "empeorando aún más un proyecto que venía bastante mal en su contenido", aseguró. En ese sentido, dijo que la coalición de gobierno comete "el craso error" de apostar al "uso irracional de la fuerza" de los organismos del Estado y cree equivocadamente que a partir de cambios normativos se puede solucionar la delincuencia.

Como ejemplo, puso la introducción del proceso abreviado para los adolescentes en conflicto con la ley (artículo 28) que, según Carrera, "tiene una lógica propia para los adultos que alcanzan a entender la naturaleza de sus actos y pueden de alguna manera negociar una pena", que no es el caso de los menores. "Es un contrasentido y un abuso del Estado que se les aplique", dijo.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, en tanto, le respondió más adelante: "Creo que esta es la forma de hacer política que se merece el Uruguay, que se mereció siempre. Todos hemos cometido errores y lo bueno es reivindicar esta forma de debatir nuestras controversias. Acá nadie nos va a imputar ningún tipo de responsabilidad para el futuro, porque nadie se considera con semejantes posibilidades de manejo de la historia ni muchísimo menos".