Se cumplen tres años de la "ley del odio" en Venezuela

Se cumplen tres años de la "ley del odio" en Venezuela

La normativa fue sancionada en noviembre de 2017 y le permite a Maduro silenciar a las voces que más se hacen escuchar en su contra.

MDZ Mundo

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En noviembre de 2017, Nicolás Maduro promulgó la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una herramienta legislativa que le permite no sólo silenciar a las voces que más se hacen escuchar contra la dictadura, sino incluso a ciudadanos que se quejan por los servicios público o el manejo del coronavirus.

Fuentes periodísticas han dado distintos testimonios sobre el origen de esa ley, la mayoría asegura que fue a partir de los señalamientos que funcionarios chavistas experimentaban en la calle, restaurantes y aviones por su vida de lujos, situación que el régimen pretendió acallar por medio de esa vía ante el creciente descontento popular.

Según un informe publicado el 19 de noviembre por la ONG Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPSyV), la “ley del odio” de Maduro permitió “perseguir e intimidar a medios de comunicación, periodistas, religiosos, trabajadores de la salud, empleados públicos y hasta ciudadanos comunes por hacer valer su derecho a la libertad de expresión y opinión, creando de forma progresiva un ambiente de autocensura generalizado”.

Además, el informe agrega que, como obligación, los "prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales".

De hecho, el gobierno dictatorial de Maduro incluyó en esa ley una serie de amonestaciones para quien la incumpla. Entre estas amonestaciones, figura “Una multa desde el tres por ciento hasta el cuatro por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción”.

El informe del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela advierte que durante "estos tres años, muchos representantes del Estado y simpatizantes oficialistas se han valido de la existencia de sus artículos para intimidar y amenazar a trabajadores de la prensa y medios de comunicación en todo el país". 

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