Especial para MDZ: un "Congreso infame" está desangrando a Perú

El autor de la siguiente columna, escrita hoy, es Víctor Manuel Álvarez Pérez, abogado y profesor de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas en la Universidad Tecnológica Nacional de Perú en Lima.

Perú desangrándose: ¿Crisis política o inexistencia de política?

Las protestas de un gran sector de la población estos últimos días, contra un sistema (se insiste en llamarlo “sistema político”), que desborda ilegitimidad, ha puesto en evidencia, como nunca antes, que ya la mayoría (espero) lo ve como lo que realmente es: un contubernio de intereses sórdido de grupos autodenominados “partidos políticos” (alguna vez sí lo fueron), anclados en el congreso (sí, con minúsculas, para adjetivarlo), gracias a un sistema electoral que desde hace muchos años ha mostrado gruesas fallas -y se ha mantenido así adrede-, permitiendo la llegada de otros grupos con más rasgos de criminalidad que políticos, con discursos demagógicos y populistas, al extremo que fueron compitiendo con los escombros de los primeros, y terminaron por desplazarlos casi por completo en la actualidad.

El deterioro causado en la vida política, económica y social de estos grupos es enorme.  La falta de ética, de solidaridad, de respeto a la institucionalidad, su desprecio al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos humanos, signos vitales y evidentes de estas facciones, en irónica y cruel contradicción, son las que han llevado a la dolorosa tragedia que enluta hoy al país. Al momento de escribir estas líneas, se ha asesinado a dos jóvenes, de 22 y 24 años, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, dos estudiantes que alzaron su voz de protesta justamente contra este sistema infame, a los que debo rendir homenaje, que protestaban contra este sistema cleptocrático y corrupto; hay 47 personas desaparecidas, y más de un centenar de heridos, la mayoría de ellos por perdigones, bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo a corta distancia o por proyectiles de arma de fuego.  Una represión en extremo dolosa y salvaje, digna de las peores dictaduras, generada por un “régimen” que duró apenas 6 días y un congreso nefasto.

¿Cómo llegamos a esta situación?  Es la consecuencia de un largo proceso de severo deterioro de la política en el país, que ha llevado al extremo de considerar que no tenemos un sistema de partidos políticos.  Y hemos visto desmoronarse, gobierno tras gobierno, a los presidentes de turno, a tal punto que las cuentas son estas: un ex presidente, Alberto Fujimori, condenado y cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción; otro más, Alejandro Toledo, procesado por serios cargos de corrupción, prófugo en el extranjero, con trámite de extradición en curso; un tercero, Ollanta Humala, también procesado por delitos de corrupción, que estuvo preso, con mandato de prisión preventiva, y ahora se encuentra con impedimento de salida del país; el cuarto de turno, Alan García, se suicidó cuando empezaron a aparecer evidencias de su participación en serios y graves casos de corrupción; y un quinto presidente, esta vez Pedro Pablo Kucinsky, renunció, luego que aparecieran evidencias de sus de vinculaciones con actos de corrupción, al tener pendiente un pedido de vacancia en su contra, y se encuentra con mandato de prisión domiciliaria. Este es, en síntesis, arbitrariamente estrecha y resumida, el saldo en cuanto a los ex mandatarios. Las consecuencias en la vida social, política y económica son colosalmente devastadores.

Tras la renuncia de Kucinsky, al haber sido elegido como su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, éste asumió el cargo de presidente de la República. Una serie de graves acontecimientos fueron sucediéndose, como el cierre del congreso elegido para el período 2017 – 2021, por Vizcarra, en base al artículo 134 de la Constitución, luego de un enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo sin precedentes; y la reciente vacancia del propio Vizcarra, al haber sido sindicado por postulantes a colaboradores eficaces ante las fiscalías anticorrupción, de recibir sobornos, por el actual congreso elegido para terminar el período del anterior cesado, hecho que fue considerado de inmediato por los flamantes congresistas, como causal de “incapacidad moral permanente” del presidente; y llevó a que asumiera las funciones de la presidencia del país, al no haber vice presidentes en funciones, el presidente del congreso en ese momento, Manuel Merino.

Más allá de la ilegitimidad de este congreso de marras, de conocerse abiertamente su naturaleza espuria y desnaturalizada, lo que hace, en mi criterio, que sus actos sean nulos de pleno derecho, debo señalar que la vacancia de la presidencia que decidió, constituyó un golpe de Estado, porque significó el quiebre de la institucionalidad, la vulneración de la separación y equilibrio de poderes, un golpe a la democracia. Esto es rechazado de manera categórica por algunos, espero bien intencionados, que consideran que se respetó escrupulosamente el proceso y el artículo 113 de la Constitución que señala, justamente, la causal de incapacidad moral permanente para la vacancia de la presidencia de la República.  Una figura que nadie sabe bien qué es o qué comprende, pero que no contiene rasgos penales, con seguridad.  Se sostiene, entonces, que va por la línea de lo ético.  El presidente, al ser sindicado de hechos de corrupción, habría incurrido en violación de la Constitución, por conducta incompatible con ella y con su cargo. 

Hay mucha discusión e interpretaciones.  Sin embargo, puedo señalar que, de haberse considerado una falta de orden penal, que de hecho lo es, pues las sindicaciones y Vizcarra vienen siendo investigados en una fiscalía anticorrupción, no se podía activar la acusación al presidente conforme al artículo 99 de la Constitución, que establece el Antejuicio, prerrogativa que le corresponde, dada la norma del artículo 117 del mismo texto constitucional que impide la acusación al presidente, durante su mandato, salvo los casos que se señalan en esa norma.  Y esos no son los que se están investigando ahora.  De tal manera que, una forma rápida y expeditiva de deshacerse de él, sabiendo además que este era un presidente sin bancada en el congreso ni partido político que lo respaldara, era la vacancia por esa causal.

Entonces ¿debíamos continuar con un presidente con esas condiciones y características?  Es evidente que las sindicaciones eran, y son muy graves.  No obstante, son solo eso: sindicaciones. No hay prueba contundente ya que los sindicadores son “postulantes” a colaboradores eficaces”, vale decir, para que tengan esa condición sus afirmaciones deben todavía ser investigadas por la fiscalía ¿Y qué se debe investigar? Que tengan fundamento real y que la información permita conocer las circunstancias en que se cometió el delito.  Y eso no ha ocurrido.  De hecho, de haber tenido el presidente bancada en el congreso, no se hubiera conseguido los votos para la vacancia.  Hubiera continuado su mandato con todas las sindicaciones en su contra. 

Entonces ¿se le puede calificar a priori como “incapaz moral permanente”?  Todo depende de los votos.  Otra pregunta ¿Es este congreso moralmente apto para decirnos qué debemos entender por “incapacidad moral permanente”?  Si por sindicaciones de dos postulantes a colaboradores eficaces se determinó que el ex presidente lo es ¿qué podremos decir de los 68 congresistas que tienen investigaciones fiscales y procesos judiciales abiertos en curso por graves delitos?  Por qué este congreso mantuvo a alguien que tiene hasta 6 denuncias penales, en la Comisión de Fiscalización, por qué las agrupaciones que llegaron a colocar congresistas, no dicen nada respecto de las investigaciones y procesos penales en los que están comprendidos sus congresistas?

Era evidente, asimismo, la confrontación aguda entre Ejecutivo, representado por Vizcarra, y el Legislativo.  Las primeras expresiones fueron las críticas abiertas y directas del ex presidente a las normas del congreso dirigidas a traerse abajo una serie de medidas encaminadas a la reforma política, lo que se llevó a que este congreso no respetara lo aprobado en referéndum por la sociedad el año pasado y se dictaran normas que dejaban sin efecto varias de las medidas para la reforma, con diferentes argumentos, como elecciones primarias en los partidos políticos, o la presentación de proyectos para retomar la bicameralidad, con la que algunos congresistas pretendían tener carta abierta para la reelección, expresamente prohibida, también por referéndum.

Otras normas de clara confrontación con el Ejecutivo, de carácter populistas al extremo, agudizaron la crisis, como las que se pretendieron dar para reincorporar miles de ex profesores que fueron retirados por negarse a ser evaluados o que no tenían título de docentes, como parte de la intención de impedir la reforma del sistema educativo; o proyectos de normas que favorecían groseramente intereses de los dueños de pseudo universidades que no fueron licenciadas, no fueron validadas para su funcionamiento por no reunir estándares mínimos de calidad académica, ni de infraestructura, entre otros, como parte del proceso de reforma universitaria, que se pretende destruir por dichos grupos que son los dueños también de los mal llamados “partidos políticos” que tienen bancadas en el congreso, y han apuntado al órgano que viene llevando a cabo dicho proceso, entre mil obstáculos, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU); y actitudes de evidente complicidad y protección de congresistas, algunos de ellos con decenas de investigaciones fiscales y procesos judiciales en curso, por delitos de corrupción, contra el patrimonio o de violencia.  El afán sería desmantelar el sistema de fiscalías anticorrupción, dentro del cual ellos mismos están investigados o tienen allegados o vinculados que deben investigarse.   

De tal manera que lo que se evidenció es una confabulación al interior de este congreso por parte de estos grupos, o la mayoría de ellos, para armar una vacancia que nos deja la sensación que respondió a una componenda para la repartija sucia de intereses, hacerse del Ejecutivo, como en efecto, ocurrió, con el voto de 105 de los 130 congresistas (se necesitaban 87), y no tanto un afán “moralizador” o de buenas intenciones para librarnos de un presidente de una “incapacidad moral permanente”.   

La reacción no se dejó esperar.  La protesta empezó a generarse por el evidentemente descarado artilugio.  La actuación del anterior congreso y del actual, conformados por organizaciones o agrupaciones sin mayor trayectoria política seria (sobre todo, en este último) o con trayectorias muy cuestionadas por diferentes sectores de la sociedad, de congresistas con investigaciones abiertas, en la mayoría de los casos por delitos de corrupción, expresada en leyes populistas o de un evidente favorecimiento de intereses personales o de grupo, empezó a colmar los ánimos de una sociedad que, si bien, está dividida en grupos de interés muy marcados y antagónicos, en donde encontramos colectivos ultra conservadores, con una agenda muy peligrosa de retroceso en reconocimientos de derechos, hasta grupos que piden un cambio total de la Constitución, salió a manifestarse en las calles, de manera multitudinaria y férrea, reclamando contra lo que se pensaba era una arbitrariedad del congreso, y luego de las primeras reacciones de represión del reciente fenecido régimen, exigiendo la renuncia de Merino, cosa que se dio luego de los trágicos sucesos señalados.

Preocupa enormemente una tremenda estrategia que ha ganado la distracción de todos, de parte de este congreso espurio y deslegitimado.  Resulta que el gran culpable de todo este caos y vacío de poder es Merino. Y ellos pretenden quedar como héroes salvadores de esta situación crítica al marcar distancia, censurarlo, y nombrar un nuevo presidente interino. Los grandes responsables, además de Merino y sus ayayeros, claro, es este congreso infame.

Ahora se buscan salidas e interpretaciones que siempre serán objetables. La Constitución no prevé en lo absoluto nada de lo que se está diciendo o de lo que se quiere hacer. Pero, sobre todo, ya distrajeron la atención: son ellos, los miembros de este congreso los que, en un acto infame, aprovechando que nadie sabe bien qué es la incapacidad moral, la usaron como chaveta para cortar la cabeza del ejecutivo, este congreso es el que tiene incapacidad moral permanente en cualquier sentido que se le quiera dar, y debe cerrarse, suena radical, lo sé, pero no representa a nadie, salvo a los cómplices y corruptos.

El grito en las calles es "ESTE CONGRESO NO ME REPRESENTA", y no debemos legitimar ninguno acto de esos señores. Lo que ha pasado, las muertes, los heridos, la vulneración muy grave de derechos humanos es responsabilidad de Merino y sus compinches, pero no perdamos de vista que este congreso es el que generó todo este caos. Ya han salido algunos a decir que no se arrepienten de su voto por la vacancia, Martha Chávez, una radical partidaria y congresista de Fuerza Popular, el grupo fujimorista, ha gritado furibunda que Merino es el presidente. La junta de portavoces hasta ayer de este congreso pidió la renuncia de Merino poco antes que ésta se produjera, y se nombró una nueva Mesa Directiva que se encargaría de conducir el proceso al interior del congreso, de elección de una Mesa Directiva “de consenso”, de la cual saldría el o la que asumiría la presidencia.  Y luego de las reuniones y conversaciones, al parecer una conversación entre perros y gatos, rabiosos, no hubo tal consenso.  Renan Espinoza, congresista no agrupado, señaló públicamente las pugnas por cuotas de poder, y las miserias y angurrias de este congreso. Impresionante, inconcebible luego de todo lo ocurrido, y gráfico de que eso no tiene ninguna legitimidad. Dijo casi textualmente, esto es insoportable y "debemos largarnos todos".

Ayer mismo, también, finalmente, se llegó a una lista única, y se dice “de consenso”, aunque habría que decir, más bien, “a regañadientes”, por lo que ha trascendido, que resultó ser encabezada por la congresista de la agrupación de izquierda, Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban. Al ser la presidente de la misma, habría sido ella la que hubiese sido nombrada para asumir la presidencia, conforme dispone el artículo 115 de la Constitución. Y se votó… y no hubo consenso.  De modo que, en estos momentos, el Perú no tiene presidente y el congreso sigue peleándose por cuotas de poder.

Ahora hay un vacío enorme de poder y una agudización de la crisis.  Lo dije antes, la vacancia es inconstitucional, se llevó a cabo con fraude a la Constitución.  Los actos de poder deben ser también constitucionales, y la declaración de la vacancia del presidente por parte del congreso lo es, no pueden contrariar el espíritu de la Constitución, ni tergiversar el orden constitucional y democrático, ello responde al Principio de Supremacía Constitucional. Al forzarse una vacancia, a todas luces producto de componendas, incluso frente a una expresa opinión en contrario por diferentes actores políticos y sociales, se incurrió en fraude a la Constitución. Y eso es un acto nulo, y éstos no producen efectos ni consecuencias jurídicas.  Pero esto último, lo deberá decidir el Tribunal Constitucional.  En este caso deberían retrotraerse las cosas al estado anterior a la vulneración de la Constitución.  Aunque, en lo personal, estimo poco probable un pronunciamiento en ese sentido.

A este respecto, la mayoría de las voces se decantan a favor de la irretroactividad de lo que resuelva el TC, con lo cual, solo quedaría aceptar lo que este congreso determine si llega a un consenso respecto de quién encabezará la Junta Directiva que asumiría la presidencia.  Al parecer, a estas horas, ya se habría logrado ese consenso.  Veremos que dice la gente, la sociedad peruana, en las calles. 

Lima, 14 de noviembre de 2020

Víctor Manuel Álvarez Pérez