Ordenan detener a españoles por crímenes del franquismo
La jueza María Servini ordenó la detención a efectos de extradición del ex ministro -de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979-, Rodolfo Martín Villa, y del ex ministro-secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, en la única causa penal que existe en el mundo por los crímenes del franquismo.
El exhorto de la magistrada, ha incluido a otros 18 acusados en el expediente y ha solicitado los arrestos preventivos de todos ellos con fines de sus respectivas extradiciones a Argentina para tomarles declaraciones como imputados.
A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta.
Los otros acusados
La lista de ex franquistas 'extraditables' se completa con Fernado Suárez González, Jesus Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer, Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975);Antonio Barrera Irimo, ex ministro de Hacienda (1973-1974) y ex vicepresidente segundo (1974) [fallecido el pasado 24 de septiembre].
Como a Utrera Molina, a Licino de la Fuente, Carro y Barrera dehaber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia, Antonio Carro, le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
También figuran José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1975-1977), Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la Iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
(El Mundo)