Luz: recortarán un fuerte pedido de aumento de las distribuidoras

Edemsa y las otras empresas provinciales no sólo quieren cobrar una suba por la inflación registrada, sino que además han incluido en el planteo una proyección para el futuro. Es así que el pedido empresario alcanza entre el 130 y 140 por ciento, con un impacto concreto en la factura del 45 por ciento. Para el EPRE, eso "no corresponde jurídicamente". En consecuencia, el aumento tarifario previsto para mayo rondaría el 16 por ciento.

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Cornejo y Latorre, titular del EPRE.

Prensa Gobierno

El Estado provincial se ha comprometido a atajar la pretensión de las distribuidoras eléctricas mendocinas de cobrar aumentos "a cuenta" de la inflación que se registrará en los próximos meses.

Por lo menos eso es lo que dice la presidente del EPRE, Jimena Latorre, quien dio este viernes explicaciones del proceso que está en marcha para actualizar la tarifa según la inflación.

Los costos y la ganancia de llevar la electricidad a cada casa se refleja en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es uno de los componentes fuertes de la factura que pagan los usuarios. Ese VAD se puede revisar cada año y, en la correspondiente a 2019, Edemsa y el resto de las once distribuidoras eléctricas provinciales tienen una pretensión fuerte: piden un aumento que va del 130 al 140 por ciento.

Si se aceptara este pedido empresario, la factura de la luz podría subir en el orden del 45 por ciento en los próximos meses. Sin embargo, en el EPRE, hay un cálculos muy diferente.

Según el órgano de control del Estado provincial, corresponde "solamente" otorgar el 68 por ciento de aumento por inflación en el VAD. De ese modo, la factura subirá en promedio el 16 por ciento, poco más de un tercio de lo que piden las empresas.

Latorre explicó el por qué de esta diferencia en una entrevista de Radio Nacional: "La gran diferencia entre los pedidos de las distribuidoras y los números del EPRE es temporal. Ellos no sólo calculan el año transcurrido, sino que también hacen una proyección de inflación, lo cual jurídicamente no corresponde, ya que las actualizaciones se aplican a índice vencido", explicó la funcionaria.

La decisión final no es del EPRE, pero es un hecho que su criterio tendrá fuerte incidencia hacia el final de proceso, que se produciría en mayo, cuando Alfredo Cornejo firme el decreto que determinará la suba definitiva de la luz.

Hay que recordar que el servicio eléctrico ya tuvo un aumento. En enero, la tarifa se incrementó 26 por ciento en promedio, aunque por un factor ajeno a la caja de las distribuidoras locales: subió el denominado "costo abastecimiento", que regula los precios de producción y transporte de la energía.

Este valor se administra a nivel nacional y subirá dos veces más en el año (mayo y agosto).

Mientras tanto, el proceso para darles un aumento del VAD a las distribuidoras de la provincia se produce en momentos en los que hay cierta incertidumbre a nivel oficial por las deudas que arrastra la principal prestadora de Mendoza: Edemsa.

A pesar de que cuenta hoy con "tarifa plena", la empresa eléctrica más importante de Mendoza tiene una deuda que ronda los 2.500 millones de pesos con Cammesa por la compra de energía, y no se descarta que pueden sancionarla con restricciones o cortes.

Según Latorre, ante esta situación, el Gobierno y el EPRE "miran y vigilan".

"Es una situación entre privados. Hemos intimado a la distribuidora a cumplir con sus obligaciones y no tenemos noticia de que esta deuda se haya ejecutado. Sí sabemos que la distribuidora ha renovado el pago de facturación corriente y que estaría en negociaciones sobre la deuda pasada. Además, el acreedor no ha ejecutado la deuda, como ha pasado en otras provincias", explicó Latorre.

El Gobierno y el EPRE confían en que haya una solución amigable entre las partes. Dicen que la ejecución de una deuda por parte de Cammesa tendría pasos previos tales como el embargo o la reducción de capacidad de entrega. Aunque el Estado provincial tiene el 39 por ciento de las acciones de la empresa, no posee acciones de control, las cuales son de la parte privada: el 51 por ciento de Edemsa está en sus manos.

La relación del Poder Ejecutivo con Edemsa no es la mejor. El reciente cobro de multas por 101 millones de pesos, originadas por el mal servicio y que tuvieron que ser reclamadas por la vía judicial, es una prueba clara de ello.

Adonde puede llegar el problema por las deudas millonarias de Edemsa con Cammesa, no se sabe. "Si pusiera en riesgo la prestación del servicio, sí sería motivo de quita de concesión", dijo Latorre este viernes. Aunque dio a la par indicios de que no tendrá que llegar a tanto.

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