Dólares del colchón: cómo usarlos en compras de autos y propiedades

El Gobierno está decidido a posibilitar de cualquier manera a que la población utilice los famosos dólares del colchón para fortalecer el consumo y aminorar la presión que la administración central tiene por hacerse de divisas internacionales. 

Para ellos debe convencer a los ahorristas de que no corren riesgos ni presentes ni futuros, sobre todo si deciden hacerlo comprando bienes que tienen registros dominiales que pueden ser rastreados fácilmente.

Las medidas anunciadas por el Gobierno, denominada "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" posibilitan tanto a vendedores de vehículos automotores, sea por cuenta o por concesionarias y a quienes vendan sus propiedades por cuenta propia o mediante inmobiliarias, no informar al ARCA la operación.

Si bien trae como beneficio el ahorro de un trámite administrativo, sólo otorga un compromiso "no escrito" de que quien realiza la operación no será investigado a futuro habida cuenta de ambas son operaciones donde se registra la titularidad del bien y el fisco queda informado casi automáticamente.

Aunque el ministro Luis Caputo fue muy enfático al respecto al señalar que "cada quien puede usar sus dólares como quiera" y el Gobierno no tiene intenciones de investigar a los consumidores, la realidad es que para que los dólares salidos del colchón no sean cuestionados en el futuro, si es que no hay respaldo legal para contar con ellos, es que el Gobierno decida y el parlamento apoye un nuevo blanqueo de patrimonio y bienes.  

Sucede que las nuevas resoluciones no eliminan las obligaciones tributarias de los contribuyentes y nadie asegura que ARCA no realizará investigaciones y/o denuncias sobre lavado de dinero o simple evasión fiscal ahora o en un futuro. Aunque Caputo dejó en claro que mientras ellos sean gobierno, el Estado preferirá concentrarse en los grandes evasores y no en el gasto cotidiano de cualquier ciudadano promedio.

Los tributaristas, no obstante, advierten que el Gobierno además debe avanzar rápido hacia un cambio de legislación tributaria para dotar de fuerza legal a las medidas.

Compra de propiedades inmuebles

En el caso de que una persona que posee ahorros en dólares guardados fuera del sistema financiero decida comprar una propiedad debe tener en cuenta que ARCA no recibirá alertas automáticas sobre el origen del dinero usado en una compra por montos menores a los $50 millones, algo que para un bien inmuebles es poco dinero ya que con ello sólo se puede acceder a terrenos o viviendas pequeñas alejadas de las zonas céntricas de las ciudades o en zonas rurales.

Aún así, el comprador podrá realizar la operación registral, que incluye la escritura y la transferencia del inmueble sin que la inmobiliaria deba informar al ARCA sea cual sea el monto, de tal manera no se activará de manera automática, como era hasta ahora, un control sobre el incremento patrimonial. Por supuesto que como se pagan los impuestos correspondientes, ARCA puede deducir fácilmente cuál es el gasto que se realizó.

Es necesario tener en cuenta que este tipo de operaciones son las más expuestas porque que incluyen las mayores cantidades de dinero y son las que siguen más de cerca los organismos dedicados a evitar el lavado de dinero del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Compra de automóviles

Aunque también se trata de bienes dominiales, registrados, que computan como patrimonio para el pago de bienes personales, entre otras cosas, si un contribuyente quiere comprar un vehículo, tanto usado como nuevo, tampoco deberá ya informar la operación al ARCA. Lo mismo le pasará a la concesionaria que realice la operación.

Ya sea que el comprador haga la compra en efectivo o con transferencia desde una billetera virtual ya no habrá alerta fiscal automática como sucede ahora. El monto máximo para evitar el reporte, de todas formas, es de $50 millones mensuales, por lo quedan incluidos casi todos los vehículos chicos o medianos. 

Desde ya que toda operación estará sujeta a controles de fiscales y judiciales si existiera sospecha de lavado de dinero o evasión fiscal manifiesta, aunque es el Estado el que deberá establecer esa sospecha y la denuncia correspondiente, sin la colaboración previa preventiva del contribuyente como hasta ahora.