¿Fin de Coviar? Las dudas sobre una “caja” de $3.782 millones y una guerra que se avivó

Desde el pasado lunes que se reavivó la interna vitivinícola con el proyecto de ley para eliminar la Ley 25.849, la cual eliminaría la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), la industria está al rojo vivo. La propuesta del legislador porteño del PRO, del sector de Bullrich, Damián Arabia, generó una nueva batalla que cuenta con más de una década de historia. 

La contribución obligatoria que las bodegas deben hacer a la Coviar, la administración y ejecución de fondos que se obtienen de ahí han sido un punto de discusión con álgidos momentos a través de los años que ha tenido como protagonistas a la propia Corporación y entidades que incluso la conforman como Bodegas de Argentina (BdA) o el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. 

Pero el aporte obligatorio, o lo que eso representa en el presupuesto que ejecuta la Coviar, no es lo único que inquieta en el sector. En el medio, una “caja” que ha llegado a $3.782 millones es otro de los temas donde se presentan grandes diferencias. 

La lupa sobre la “caja” de Coviar

Si bien, como lo señaló MDZ Online, este año, al menos hasta el mes de junio, el presupuesto de la entidad es de $1.725.381.165 o, de acuerdo a la equivalencia hecha desde la organización, US$ 1.643.220. Esto corresponde completamente a los ingresos realizados por las bodegas mediante la contribución obligatoria, sin embargo, esta situación es “excepcional”, ya que años anteriores la “caja” ha sido mucho más abultada. 

Basta con retrotraernos al ejercicio inmediato anterior, el correspondiente a la temporada 2023/2024, donde la Coviar administró fondos por $3.782.233.567. En esta temporada, signada por ser la cosecha más baja de la historia, los ingresos por la contribución obligatoria fue solo de $527.931.421, es decir, menos del 20% del total. ¿Cómo se generó el resto? Aportes del Ministerio de Economía de la Nación, el de Desarrollo Social y recursos provinciales y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Esos fueron los últimos aportes nacionales que recibió la institución, todos durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como Ministro de Economía, una situación que cambió con el ascenso de Javier Milei al poder, quien decidió cortar el flujo de aportes en su plan de achicamiento del Estado Nacional. 

Conforme al informe presentado por la propia Coviar, haciendo una comparativa con los ingresos que se habían dado en la temporada 2022/2023, los aportes de contribución obligatoria pasaron de $310.550.623 a los mencionados $527.931.421. Por ingresos financieros se recibieron $26.800.308 (antes $8.469.741) y las provincias o el CFI transfieren a la Corporación $104.855.000 (en el ejercicio anterior $83.770.060). Hasta ahí, todos los aumentos resultan moderados y hasta por debajo de la inflación anual que se registró en 2023 del 211,4% en promedio. 

Sin embargo, es en los aportes directos de los Ministerios donde se marcó una importante diferencia. Agricultura y Economía de la Nación pasaron de un aporte de $175.100.000 a sumar a las cuentas de Coviar $1.135.800.000. En tanto, Ciencia y Tecnología, Turismo y otros (no se aclara cuales), saltaron de $68.753.702 a $634.500.000. Asimismo, por Afectación Específica (detallado como aportes de contraparte y otros) sumó  $870.701.383 (cuando en el periodo anterior había sido de $248.571.728) y otros ingresos sumaron $492.000.000, algo que no había sucedido en 2022/2023. A eso se suma un saldo negativo de $10.354.545 del periodo anterior. 

Justamente, esa gran suma de dinero y cómo ha sido administrada a lo largo de los años es donde entidades como Bodegas de Argentina (BdA) han puesto la lupa y acusado, al menos públicamente, falta de transparencia y discrecionalidad al momento de ejecutar el presupuesto. Desde su perspectiva, esto es una de las grandes claves detrás de lo que consideran un fracaso del PEVI, el gran objetivo por el que fue creada la Coviar. 

Conforme al informe de Corporación, ese año las mayores erogaciones se hicieron en el Programa de producción primaria, que se llevó $62.429.771 de la contribución obligatoria y $512.000.000 aportados por el Ministerio de Desarrollo Social, más un saldo no ejecutado de $1.116.330. También se destaca el Plan de Desarrollo de Turismo del Vino, el cuál se llevó $607.000.000 de lo aportado por los Ministerios de Desarrollo Social y Turismo y $3.364.000 de la Contribución Obligatoria. 

Asimismo, el ejercicio 2023/2024 dio un saldo negativo de $30.161.448, ya que los gastos totales fueron calculados en $3.812.395.016, cuando los ingresos fueron de los mencionados $3.782.233.567.

La defensa de Coviar

Desde la organización, Carlos Fiochetta, gerente general de la Coviar, defendió el trabajo que viene haciendo la institución desde hace 20 años y relativizó las críticas sobre el “fracaso” del PEVI. Desde su perspectivas, así como hubo objetivos que no se cumplieron, otros lograron llevarse adelante. Asimismo, consideró que las críticas, especialmente desde Bodegas de Argentina, no deberían atribuirse a la organización en sí, sino a un grupo de empresas que hoy tienen mayor peso en la organización. “Hay matices, hay grises, no es que es todo blanco o negro. Pasa en cualquier lado donde hay más de una persona, no todos piensan igual”, aseguró.

Sobre lo que sería la discrecionalidad de la ejecución del presupuesto Fiochetta explicó que es el Directorio de Coviar quien determina cómo se administran los fondos disponibles. “Todos los años se reúne y se arma una propuesta de presupuesto que lo arma el equipo de la Corporación. Pero es el directorio quien define en qué eje del PEVI en que se va a gastar”, explicó. 

Y, sobre la acusación de “falta de transparencia”, Fiochetta fue contundente: “Para acusar a alguien de eso vos tenés que tener elementos y argumentos. Si los tenés, se debe ir a denunciar el acto correspondiente. No se puede tirar una acusación así. Incluso, ya lo está revisando la asesoría letrada de Coviar. Es grave hablar de falta de transparencia. Nosotros tenemos una serie de controles internos y no somos nosotros, sino los miembros del Directorio, quienes gestionan el organismo y es toda gente que hace su trabajo ad honorem”, completó. 

¿La batalla definitiva? 

Aunque el proyecto se presenta como una novedad en un contexto de desregulación de la actividad económica, la idea de poner fin a la Coviar no es nada nueva y está en el sector vitivinícola desde hace al menos diez años. Los primeros en retirarse de hecho (oficialmente no pueden hacerlo por ley) fueron los integrantes del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quienes se retiraron en 2014. 

En su caso, desde ese momento piden eliminar la contribución obligatoria “ya que no se habían cumplido con los objetivos del PEVI, vencido en 2020”, según lo expresaron en sus redes sociales. También aseguraron que hoy representa “una carga” y que esperan “el apoyo de los legisladores mendocinos al proyecto”. 

Pero no son los únicos, en el año 2019 Bodegas de Argentina tomó la misma decisión, pero en su caso tomaron un rol más protagónico en la guerra. Falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión fueron los principales cuestionamientos en aquel momento y se sostienen al día de hoy. 

Se trata de una guerra de varios capítulos, muchos de ellos desarrollados durante los festejos de vendimiales. Así como este 2025 el Agasajo de Bodegas de Argentina iba a ser el único evento al que asistiría el presidente Javier Milei (algo que tuvo que suspender por la inundaciones de Bahía Blanca), lo cual fue interpretado como un guiño al reclamo empresario, si nos retomamos al 2021 encontramos una situación similar a la inversa. 

Por aquellos años, cuando el presidente era Alberto Fernández, y cuando el covid todavía exigía sus protocolos sanitarios, el evento elegido fue el Desayuno de la Coviar, aunque en una versión extendida y retrasos de por medio obligó a acotar discursos y modificar el cronograma el evento de BdA, mientras que por única vez en el predio del INTA en Luján se vivía un clima festivo con amplia presencia peronista y kirchnerista. 

Pero la diferencia entre uno y otro escenario es que lo que ha sucedido este año se parece más a una “batalla final”, donde el campo de batalla se trasladó desde las bodegas y los viñedos al Congreso de la Nación, donde quienes darán la estocada final para uno u otro lado no serán los propios productores, sino diputados y senadores que, en muchos casos, poco conocimiento tienen de la industria. 

Un detalle no menor es que en su artículo 14, la Ley 25.849 establece que “decidida la liquidación de la entidad (Coviar) los bienes de la misma pasarán directamente al Patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura”. Lo que abre más interrogantes sobre la actividad, ya que el INV es otro de los organismos que están en la mira del plan de desregulación del Gobierno.