Presenta:

Consumidores sin defensa: el Gobierno disolvió el Coprec y le da un alivio a las empresas

La gestión libertaria avanza con el plan motosierra y deja sin efecto una herramienta para contrarrestar los abusos de las sociedades que prestan servicios y ofrecen bienes.
Mendoza incorporó la obligación de exhibir en los tickets de compra el WhatsApp oficial para reclamos, facilitando el acceso a la información para quienes consumen.

Mendoza incorporó la obligación de exhibir en los tickets de compra el WhatsApp oficial para reclamos, facilitando el acceso a la información para quienes consumen.

Santiago Tagua/MDZ

El plan para conseguir el equilibrio fiscal  del Estado que lleva adelante el presidente Javier Milei avanzó sobre diferentes servicios que se prestaban de forma oficial. Este lunes llegó el momento de los derechos de defensa al consumidor. Por medio del Decreto 55/2025 oficializó la disolución de una de las herramientas para resolver incumplimientos a la Ley 24.240: la instancia administrativa denominada Coprec.

La medida se efectivizó por medio de la publicación de la norma en el Boletín Oficial y también deja sin efecto el Fondo de Financiamiento -destinado al pago de honorarios y solventar las notificaciones- y eliminó el Registro Nacional de Conciliadores. “Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno y avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos”, argumenta la gestión libertaria entre los considerandos. 

“Desde el inicio de la gestión el Gobierno Nacional ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”, agrega el Ejecutivo en el texto.

A fin de establecer una transición ordenada, el cuarto artículo del decreto establece: “Las actuaciones administrativas del 'Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec)', iniciadas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 26.993 y sus modificaciones y que estuviesen pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, continuarán siendo tramitadas según su estado”. 

La Secretaría de Industria y Comercio continuará cumpliendo su rol de autoridad de aplicación sobre estos trámites en curso con “todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias” previstas. 

“La disolución del Coprec, con base en su finalidad y ámbito de aplicación geográfico, en ningún caso afecta los derechos de los consumidores o usuarios, ya que se mantienen vigentes las normas aplicables a las relaciones de consumo y los organismos y procedimientos existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias, que garantizan su protección”, insiste la letra del decreto.

La advertencia de los profesionales

Los rumores sobre la disolución del Coprec tuvieron una primera repercusión a mediados del año pasado. En aquel momento el Colegio de Abogados de la Ciudad dejó trascender la intención del Gobierno nacional de eliminar la herramienta de conciliación de conflictos entre consumidores y empresas. La asociación profesional manifestó su rechazo a cualquier medida de este tipo. 

“Nos preocupa especialmente que una reestructuración pueda reducir, limitar o cercenar el ejercicio profesional de nuestros colegas en el ámbito de la conciliación prejudicial de consumo, un servicio que contribuye al acceso a la justicia y a la resolución pacífica de los conflictos entre consumidores y proveedores”, manifestaron la institución que representa los intereses de los  letrados. 

“Esta posible modificación en el Coprec podría afectar de forma directa a los abogados conciliadores que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo”, agregaba el comunicado.

El Gobierno de Javier Milei hizo oídos sordos al reclamo del Colegio de Abogados local y avanzó con la medida. A modo de respaldo de esta decisión el decreto se emitió con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de economía Luis Caputo y el titular del Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.