Causa PBI, versión Londres: al país se le acaba el tiempo para apelar

Se acaba el tiempo para poder ejecutar la última, y quizá algo quimérica, alternativa para poder remontar el juicio que Argentina sostiene en el Reino Unido por la manipulación de títulos públicos durante el kirchnerismo, y que ya tiene fallo en contra del país en segunda instancia.

Esta semana culmina el plazo para que los abogados que representan a la Argentina presenten sus argumentos para justificar la apelación ante la Corte Suprema del Reino Unido por el caso Cupón PBI. Se trata del último recurso de peso para poder sostener la causa en los tribunales de ese Estado, con la esperanza que el máximo tribunal dé un giro extraordinario, y revierta los fallos negativos de primera y segunda instancia en las cortes inglesas, dos ámbitos en los que fueron negativos para las aspiraciones locales.

Si bien las posibilidades que esto ocurra son pocas (casi inexistentes), Argentina tiene todo el derecho a utilizar esta alternativa judicial, y, al menos ganar tiempo.

Supuesta manipulación

En junio pasado, el país había perdido en Gran Bretaña una causa heredada de los años del kirchnerismo en el poder, por el que deberá pagar unos US$ 1.500 millones más multas y costas. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales había dejado en firme la decisión de la justicia inglesa primera instancia, y condenó a la República Argentina a pagarle a un puñado de fondos buitre ese dinero en la causa por la supuesta manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año.

La Cámara incluyó, además, publicar la serie original de datos del crecimiento de la economía de ese año, con lo cual quedaría abierto el mecanismo por el cual la conducción económica de aquellos años habría manipulado los datos del PBI, según la versión de la justicia inglesa.

La causa que terminó en junio en la Corte de Apelaciones fue la segunda etapa, luego del fallo contra Argentina en primera instancia del juez Stephen Phillips, al presentar el país sus argumentos ante el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales contra los fondos demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros, que denunciaron a la Argentina por no haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual.

No resultó el argumento presentado por los abogados que representaron a la Argentina en los tribunales de Londres, de plantear como contraofensiva el fallo a favor del país del 2 de abril pasado en los tribunales de primera instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York que conduce Loretta Preska.

Ese día, la magistrada de Manhattan (que tiene en vilo al país por la causa por la reestatización de YPF en 2012), le había dado la razón a la Argentina en una causa paralela a la de Londres. Esta decisión fue llevada ante los tribunales de Segunda Instancia de Inglaterra y Gales, como argumento para modificar la decisión original en Londres. Pero no hubo suerte, y los jueces de Apelación mantuvieron el fallo del juez Phillips.

Depósito en caución

El fallo de Preska fue en sentido contrario del de Londres, donde en abril del 2023 se le reconocieron los derechos a varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013. Ya en marzo de 2024, el mismo tribunal dirigido por Phillips, determinó que el país debía depositar en caución unos US$ 309 millones.

La causa se encuentra ahora en segunda instancia, y ese dinero figura como garantía necesaria justificada ante el peligro que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo.

Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial británico, afirmando Argentina efectivamente alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006.

La Cámara de Apelaciones mantuvo los argumentos originales de Phillips, que el 8 de marzo pasado dictaminó que “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”.

Y agregó: "Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso".

Antecedentes en Nueva York

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta "mala fe" del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina. 

Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI.

El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue "adrede" para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones".

Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska en la causa YPF en Nueva York, pero tomados como válidos por Phillips en el Reino Unido, y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva York.

En ambos tribunales Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante el 2016, cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación del dato de crecimiento aportado por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.