Tribunales de Nueva York

Causa YPF: la petrolera negó ser un "alter ego" de Argentina

La petrolera de bandera comenzó el proceso para blindar sus acciones. El fondo Burford Capital busca que la Justicia logre que Argentina pague por la expropiación en 2012.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño jueves, 9 de mayo de 2024 · 16:34 hs
Causa YPF: la petrolera negó ser un "alter ego" de Argentina
La jueza Loretta Preska tiene en sus manos la causa por la que le reclaman un pago millonario al país Foto: Montaje MDZ

Argentina comenzó el miércoles el proceso formal y legal de protección de sus acciones en YPF, que buscan ser embargadas por el fondo Burford Capital, con la presentación elaborada por el estudio que defiende al país, Sullivan/Cromwell, con una colaboración de la propia petrolera.

La empresa presentó ante el tribunal de primera instancia de Nueva York, que maneja Loretta Preska, un escrito por el cual se opone a la entrega al juzgado de información privada y exclusiva de los socios de la compañía, asegurando que se trata de una sociedad privada, con cotización abierta tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y que como tal está protegida por las normas de confiabilidad y auditoría de las bolsas de comercio de las dos ciudades. Y que, además, en el caso de Wall Street, esa acción de apertura de información a los demandantes externos a la compañía, violentaría la protección de amparo de la Security Exchange Commission (SEC).

YPF, como sociedad cotizante en los mercados de capitales, aseguró en el escrito que mantiene, además del estado argentino, muchos socios privados, con lo que no podría ser un "alter ego" del país. Y que, en consecuencia, sus acciones (tanto las públicas como las privadas) no pueden ser pasibles de embargos. La contestación de YPF es una respuesta al reclamo que la semana pasada hiciera Burford en su posición de beneficiario del fallo por la renacionalización de la petrolera de bandera.

El fondo busca que Preska habilite bienes y activos financieros en poder de la Argentina con potencial embargable, como mecanismo de garantías que recibirá el pago final por parte del país en el caso que la causa termine finalmente volcada a favor de su reclamo.

Actualmente, la resolución se encuentra en la segunda instancia judicial de Nueva York, al haber presentado Argentina una apelación ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, tribunal que decidió aceptar el reclamo y que se tomará casi un año en resolver. Mientras tanto, y como garantías que cobrará los más de 16.000 millones de dólares que Preska consideró de retribución a Burford, el fondo busca los activos para avanzar en embargos. Uno de esos reclamos cayó sobre el 51% de las acciones que el país detenta en la petrolera, y que en 2012 pasaron a ser renacionalizados, acción que por la manera en que llevó adelante la operación el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, derivó en el juicio que en 2022 Preska falló en contra del país. 

La jueza del segundo distrito Sur de Nueva York debe resolver en junio si acepta o no el criterio que estas acciones cotizantes tanto en Wall Street como en Buenos Aires, más otras colocaciones de la petrolera argentina en los mercados de capitales, son pasibles de embargos, o si se trata de inversiones privadas (aunque un accionista sea un estado); y, en consecuencia, protegidas de embargos por parte de la SEC. Preska tendrá que resolver este capítulo en junio. 

Por otro lado, la magistrada también tiene que resolver otra cuestión planteada por Burford Capital y su socio en la demanda, Eton Park: el cálculo de intereses que el país deberá pagar por haber decidido apelar ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos. Según la jueza, en principio los intereses acumulados hasta la fecha llegarían a los 545.084.808 dólares, con lo que el dinero que se le debería pagar a los demandantes que vencieron en la primera instancia superaría hoy los US$ 17.000 millones. El cálculo lo realizó el especialista de Latam Advisors Sebastián Maril sobre la base de lo aplicado jurisprudencialmente por la justicia de los Estados Unidos, y a partir de la decisión de la República Argentina de aceptar el derecho constitucional a una segunda instancia. La misma podría ampliarse a una tercera si el país obtuviera una sentencia negativa y resolviera apelar también al recurso y que sea la Corte Suprema de ese país la que termine por resolver la cuestión.

El problema de las apelaciones a segunda y, eventualmente, tercera instancia cuando un fallo financiero es negativo, es que le otorga al demandante vencedor el derecho a poder reclamar no sólo el capital original (en este caso unos US$ 16.000 millones), sino que se le aplica la jurisprudencia referida al costo de oportunidad perdida por no recibir el pago en el tribunal de primera alzada. Este derecho autoriza al reclamo (ya realizado por los fondos demandantes Burford Capital y el Eton Park) a pedir que ese capital primario se mantenga actualizado, pero sumando además el costo de oportunidad de no haber podido invertir el dinero en el sistema financiero donde se ejecutó la demanda. Esto es, los Estados Unidos.

La justicia toma habitualmente el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el Gobierno de ese país durante el año en curso de la aplicación de la demanda, con lo que el cálculo final sería algo más de 500 millones de dólares extras que habría que sumarle al reclamo original habilitado por la jueza Loretta Preska.

Para saber finalmente a cuánto pudiera ascender el monto de intereses final a liquidar, habrá que esperar a la finalización de las dos instancias de apelaciones; pero siempre teniendo en cuenta ese monto de intereses como la base de cálculo. Luego, obviamente, las partes están autorizadas a una negociación final sobre el monto definitivo de pagos y los plazos de liquidación, lo que habitualmente incluye la negociación de los intereses en el paquete final. Pare esto, habrá que esperar. 

El capítulo embargos no será corto en el tiempo. En las próximas horas se conocerán los integrantes de la Cámara de Apelaciones del segundo distrito sur de Nueva York, donde Argentina llevó la causa. Tal como adelantó MDZ, se especula que podrían repetirse los tres magistrados o alguno de ellos, que ya habían actuado en 2017 en el caso. En ese momento, la Cámara se habilitó para decidir si el planteo de los demandantes Burford Capital y Eton Park, eran válidos y si había delito potencial por parte de Argentina. El 9 de julio de ese año, el país recibió un fallo en contra y la causa volvió al tribunal de Preska, quién finalmente el año pasado volcó la balanza a favor de los demandantes. 

Argentina se defenderá ente la Cámara cuestionando el hecho de haber tomado como jurisprudencia y sede del juicio los tribunales de Nueva York y la justicia de los Estados Unidos, en lugar de acceder al reclamo que es en los juzgados argentinos y de Buenos Aires donde se debería haber llevado a cabo el juicio; con leyes y cláusulas locales y no norteamericanas, las que teóricamente avalaban la posición.

Además, según la estrategia elaborada por S&C, se cuestiona el hecho de haber determinado que el país debe pagar US$ 16.000 millones por haber perdido el caso, dinero que había sido calculado estipulado por Loretta Preska. Por lo demás, la presentación de la Argentina de la semana pasada ante la Cámara, reconoce que el país perdió el juicio y que si quedara firme la sentencia, la necesidad que ordenan las leyes argentinas obligarán a una nueva presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para solucionar definitivamente el caso. 

La causa que debe tratar la Cámara se basa en la decisión de la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, por la manera en que durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios. La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos US$ 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera.

El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.

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