Contra las cuerdas

Caso YPF: piden embargar Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el BCRA y hasta los satélites

Burford Capital busca ir por todo y tiene en mente embargar Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el BCRA y hasta los satélites.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño viernes, 10 de mayo de 2024 · 12:02 hs
Caso YPF: piden embargar Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el BCRA y hasta los satélites
Foto: DPA

Burford Capital va por todo. El fondo buitre vencedor en el juicio contra Argentina por la manera en que el país reestatizó YPF en 2012, no sólo quiere que se habiliten embargos sobre las acciones de la petrolera en posesión del estado nacional, sino que además busca que se tomen en cuenta también los papeles que el país posee Aerolíneas Argentinas, ARSAT, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación y Enarsa.

El fondo presentó un escrito en las últimas horas en el juzgado de Primera Instancia de la Segunda Sección de Nueva York que maneja Loretta Preska, para que se considere a las acciones que la República Argentina tiene en estas sociedades como un “Alter Ego” del país. Y que, en consecuencia, esas posiciones sea consideradas como parte de los bienes del estado argentino. Y, luego, embargables como garantía que el país cumplirá el compromiso de pagarle al demandante, los US$ 16.000 millones más intereses que Burford y Eton Park (como minoritario) que Preska consideró como acreencias de los dos fondos que vencieron en el juicio.

La jueza de Nueva York, que determinó que la demanda de Burford y Eton es correcta y falló en contra del país, decisión que el país llevó a la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York; ahora debe resolver el reclamo de los dos fondos que quieren garantizarse el futuro cobro, embargando bienes de Argentina. En marzo habían presentado la alternativa de considerar como “Alter Ego” del país las acciones de YPF, y ahora amplían el reclamo a esas otras sociedades en poder todo o en parte del estado argentino. 

Loretta Preska es la jueza que lleva el caso. 

YPF, como sociedad independiente del estado argentino pese a tener la mayoría accionaria luego de la reestatización del 2012, presentó el martes pasado un escrito por el cual se opone a la entrega al juzgado de esa información considerándola privada y exclusiva de los socios de la compañía, y asegurando que se trata de una sociedad privada, con cotización abierta tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y que como tal está protegida por las normas de confiabilidad y auditoría de las bolsas de comercio de las dos ciudades. Y que, además, en el caso de Wall Street, esa acción de apertura de información a los demandantes externos a la compañía, violentaría la protección de amparo de la Security Exchange Commission (SEC).

YPF, como sociedad cotizante en los mercados de capitales, aseguró además en el escrito que mantiene, además del estado argentino, muchos socios privados; con lo que no podría ser un “Alter Ego” del país. Y que, en consecuencia, sus acciones (tanto las públicas como las privadas) no pueden ser pasibles de embargos. Siguiendo esta línea judicial, la argumentación no podría extenderse hacia el resto de las acciones reclamadas ahora por Burford, ya que ninguna de ellas tendrían cotización en Wall Street; y, luego, no estarían bajo la vigilancia de la SEC. 
El caso está hoy en la segunda instancia judicial de Nueva York, al haber presentado Argentina una apelación ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad; tribunal que decidió aceptar el reclamo y que se tomará casi un año en resolver. Mientras tanto, y como garantías que cobrará los más de 16.000 millones de dólares que Preska consideró de retribución a BUrford, el fondo busca los activos para avanzar en embargos. 

Preska también tiene que resolver otra cuestión planteada por Burford Capital y su socio en la demanda, Eton Park: el cálculo de intereses que el país deberá pagar por haber decidido apelar ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos. Según la jueza, en principio los intereses acumulados hasta la fecha llegarían a los 545.084.808 dólares; con lo que el dinero que se le debería pagar a los demandantes que vencieron en la primera instancia superaría hoy los U$S 17.000 millones. El cálculo lo realizó el especialista de Latam Advisors Sebastián Maril, sobre la base de lo aplicado jurisprudencialmente por la justicia de los Estados Unidos; y a partir de la decisión de la República Argentina de aceptar el derecho constitucional a una segunda instancia. La que incluso podría ampliarse a una tercera si el país obtuviera una sentencia negativa y resolviera apelar también al recurso que sea la Corte Suprema de ese país la que termine por resolver la cuestión. El problema de las apelaciones a segunda y eventualmente tercera instancia cuando un fallo financiero es negativo, es que le otorga al demandante vencedor el derecho a poder reclamar no sólo el capital original (en este caso unos US$ 16.000 millones), sino que se le aplica la jurisprudencia referida al costo de oportunidad perdida por no recibir el pago en el tribunal de primera alzada. Este derecho autoriza al reclamo (ya realizado por los fondos demandantes Burford Capital y el Eton Park) a pedir que ese capital primario se mantenga actualizado, pero sumando además el costo de oportunidad de no haber podido invertir el dinero en el sistema financiero donde se ejecutó la demanda.

Esto es, los Estados Unidos. La justicia toma habitualmente el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el gobierno de ese país durante el año en curso de la aplicación de la demanda, con lo que el cálculo  final sería algo más de 500 millones de dólares extras que habría que sumarle al reclamo original habilitado por la jueza Loretta Preska. Para saber finalmente a cuanto pudiera ascender el monto de intereses final a liquidar, habrá que esperar a la finalización de las dos instancias de apelaciones; pero siempre teniendo en cuenta ese monto de intereses como la base de cálculo. Luego, obviamente, las partes están autorizadas a una negociación final sobre el monto definitivo de pagos y los plazos de liquidacion; lo que habitualmente incluye la negociación de los intereses en el paquete final. Pare esto, habrá que esperar. 

El capítulo embargos no será corto en el tiempo. En las próximas horas se conocerán los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Argentina llevó la causa. Tal como adelantó este medio, se especual en podrían repetirse los tres magistrados o alguno de ellos, que ya habían actuado en 2017 en el caso. En ese momento, la Cámara se habilitó para decidir si el planteo de los demandantes Burford capital y Eton Park, eran válidos y si había delito potencial por parte de Argentina. El 9 de julio de ese año Argentina recibió un fallo en contra, y la causa volvió al tribunal de Preska; quién finalmente el año pasado volcó la balanza a favor de los demandantes. 

Argentina se defenderá ente la Cámara cuestionando el hecho de haber tomado como jurisprudencia y sede del juicio los tribunales de Nueva York y la justicia de los Estados Unidos, en lugar de acceder al reclamo que es en los juzgados argentinos y de Buenos Aires donde se debería haber llevado a cabo el juicio. Y con leyes y cláusulas locales y no norteamericanas, las que teóricamente avalaban la posición . Además, según la estrategia elaborada por S&C, se cuestiona el hecho de haber determinado que el país debe pagar U$S 16.000 millones por haber perdido el caso, dinero que había sido calculado estipulado por Preska. Por lo demás, la presentación de la Argentina de la semana pasada ante la Cámara, reconoce que el país perdió el juicio, y que si quedara firme la sentencia la necesidad que ordenan las leyes argentinas obligarán a una nueva presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para solucionar definitivamente el caso. 

La causa que debe tratar la Cámara se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios. La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera. Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera. El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. 

El gran misterio en esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, cuando Argentina pague,  miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford ya había vendido a estos accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en nos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos U$S 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de U$S 3.000 millones.

Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital pudo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York. Si la justicia de los Estados Unidos mantuviera en todas sus instancias el fallo contra el país (lo más probables) y los U$S 16.000 millones de dinero a liquidar (algo negociable); la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en algo más de 10 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

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