Trámite en Nueva York

El mundo al revés: los fondos buitres tuvieron que apelar una decisión a favor de Argentina

Avanzan nuevas actuaciones en una causa en la que el Estado argentino recibió una buena noticia. Qué puede pasar ahora y cuántos dólares involucra la operación.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño martes, 30 de abril de 2024 · 16:35 hs
El mundo al revés: los fondos buitres tuvieron que apelar una decisión a favor de Argentina
La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York falló a favor del país en la causa por el cupón PBI, no así en el de la estatización de YPF. Foto: Montaje MDZ y NA

Como si fuera el mundo al revés, Argentina recibió hoy la noticia que un grupo de fondos buitre que demandaron al país, y perdieron, presentaron una apelación contra un fallo de primera instancia en el Segundo Distrito Sur de Nueva York. Según la información de los tribunales de Loretta Preska, los fondos Aurelius, Norinver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, que recibieron un fallo negativo de la jueza de primera instancia por la supuesta manipulación de los datos de crecimiento económico de 2013, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estaba intervenido, recurrieron al tribunal de alzada neoyorquino para apelar esa decisión.

El Tribunal de Segunda Instancia de Nueva York recibió hoy el pedido de apelación de los fondos demandantes, y esa instancia deberá resolver ahora si acepta o no los argumentos para tratar el caso. Mientras tanto, los gastos de la apelación deberán ser recurridos por los fondos, estando liberada la Argentina del gasto.

Se trata de una situación inédita. En general lo que el país vive con este tipo de causas, es un fallo negativo en primera instancia y la obligatoriedad de apelar el fallo en segunda y, eventualmente, en tercera instancia dentro de los juicios en los tribunales de Manhattan.

Así sucedió con el juicio por la deuda pública defaulteada en 2001, perdido por el país ante los fondos buitre, y el caso por la manera en que se reestatizó YPF en 2009. En cuanto a la supuesta manipulación de los bonos en 2013 y el no pago del cupón PBI, es el primero donde Argentina resultó vencedora y ahora debe enfrentar una apelación.

Una causa con historia

La causa se inició ante la tenencia de deuda pública por parte de algunos fondos que ya se habían presentado en la causa por el default del 2002, y que mostraron tenencias de títulos públicos, en los que se indicaba que según el prospecto del canje de deuda de 2005 si el país alcanzaba un crecimiento de 3,22% se gatillaba automáticamente el cupón extra para los bonistas, pero finalmente dio menos que ese porcentaje. El tándem Cristina-Kicillof en el centro de la demanda de los fondos de inversión por la forma en que se calculó el PBI en 2013

Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía habrían impulsado una maniobra para evitar el pago del cupón.

En marzo de 2014 el Ministerio de Economía, entonces a cargo de Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, informó que el PBI había crecido en 2013 el 3%, por debajo de la pauta de 3,22% necesaria para disparar el pago del cupón a los acreedores. Sin embargo, este dato vino precedido por polémica, dado que según surgía del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en diciembre de 2013, publicado en febrero de 2014, la expansión de la economía había sido de 4,9%, pese a lo cual en marzo de 2014 el Indec difundió los datos consolidados del PBI, marcando un crecimiento del 3%. 

La clave de este esta diferencia es el cambio de la base de cálculo, que en ese momento decidió el Indec, intervenido por el gobierno, pasando de la base 1993 a la 2004. Justamente éste es el argumento de los demandantes, que se hizo el cambio para evitar el pago del cupón PBI.

Causa paralela

El caso del cupón ya tuvo un fallo favorable en la justicia del Reino Unido debido a la manipulación estadística durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que ese hecho afectó los intereses de los inversores e impactó en la rentabilidad de los bonos con cupón PBI.

Aurelius acumula tenencias por hasta US$ 2.000 millones nominales de ese título (no sólo propios sino de otros bonistas representados por los abogados de ese fondo buitre), potenciada luego por una segunda presentación de la sociedad uruguaya Novoriver S.A., que posee US$181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país, y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso.

La amenaza de los fondos buitre sobrevuela los despachos oficiales.

La jueza Preska rechazó este año el reclamo, negando que haya habido manipulación del PBI ese año, y, en todo caso, garantizó que es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas, siempre que haya justificaciones estadísticas sin "Mala Fe".

En total, Argentina evitó así pagar unos US$ 5.000 millones originales de la demanda de Aurelius, a los que deberían sumarse los reclamos de Norinver, que podrían haber llegado unos US$ 1.000 millones más. Pero si la causa hubiera sido negativa, el resto de los tenedores de aquellos bonos cupón PBI que no habría recibido los pagos del ejercicio 2013, podrían haber reclamado ante los tribunales de los Estados Unidos, con lo que el monto se hubiera podido hasta triplicar, dependiendo de la cantidad de tenedores que se presentarían en los tribunales de Nueva York.

Ida y vuelta

Preska había abierto el caso en febrero del 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según explica el analista Sebastián Maril, "según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón del PIB. Fue un anuncio sumamente 'desprolijo', que el mercado tomó como otra manipulación de datos, con tal de no pagar a los acreedores".

La causa, para la Argentina, podría haberse convertido en otra bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska hubiera determinado que el fondo buitre Aurelius tenía razón en su reclamo. La demanda se basa en la acusación que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del Indec de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos US$3.000 millones en 2014.

Según Aurelius, el Gobierno había alterado la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones". Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el cupón PBI hubiera sido obligatorio.

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