Causa Cupón PBI, versión Londres: Argentina pide negociar

Argentina le comunicó a la justicia de Gran Bretaña que no cuenta con los U$S 1.500 millones necesarios para cumplir la pena de US$ 1.500 millones por la causa “Cupón PBI”, versión Londres, y que está dispuesta a negociar una manera de fórmula de pago con los demandantes vencedores

Los abogados que defienden al país en los tribunales británicos se presentaron para abrir una nueva etapa; después de haber perdido definitivamente la causa luego de tres instancias en que el Poder Judicial de Gran Bretaña ratificara el mismo fallo condenatorio y de constatar que el país se encuentra ahora abierto a embargos y ejecuciones.

De hecho, Argentina tiene depositado en cuentas judiciales inglesas los U$$ 350 millones en calidad de custodia, los que podrían ser ejecutados inmediatamente.

En esta situación se encuentra el paía desde el jueves 21 de noviembre, día en que había vencido el plazo de liquidación de la demanda. El estado argentino tenía tiempo hasta ese día para pagar los U$S 1.500 millones que un puñado de fondos buitre reclaman por haber vencido definitivamente en la causa, cosa que, obviamente, no hizo.  Para evitar el embargo inmediato, ahora Argentina se presentó para intentar una vía negociadora con los demandantes vencedores.

La decisión del fin de la causa y el inicio de una etapa de liquidación de la deuda había sido anunciada a fines de octubre por la Corte Suprema del Reino Unido, luego que el 15 de ese mes se haya desestimado el pedido de la Argentina para que le permitiera apelar una sentencia que obliga al país a pagar ese dinero y que ya tenía sentencia firme tanto en primera como en segunda instancia.

La Corte Suprema del Reino Unido (SCUK) definió de manera negativa la causa por la ahora definitiva (al menos para la justicia inglesa) manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año.

Argentina había ya perdido el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueves en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Ahora el SCUK dejó en firme los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual.

No había funcionado la estrategia argentina para que para que la SCUK tome la causa, basada en el caso espejo en los tribunales de Nueva York de Loretta Preska, donde hubo un fallo favorable al país. Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York (el mismo donde obtuvo fallo negativo en el caso YPF), el país quedó liberado de pagar unos U$S 1.500 millones, al considerar la magistrada que las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno.

Los derechos de los demandantes habían sido reconocidos en abril del 2023 a varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013. Luego, en marzo de este año, el mismo tribunal manejado por Phillips, determinó que el país debía depositar en caución que ahora está a punto de ser ejecutada.

Ese dinero figuraba como garantía necesaria justificada ante el peligro que la Argentina no pague el fallo que se perfilaba desde comienzos de año para un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo.

Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que Argentina efectivamente alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006. Y que ante el mal curriculum pagador del país, ameritaba que la habilitación para una apelación necesitaba el pago de una garantía; algo que finalmente Argentina aceptó.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”.

Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

La causa original fue iniciada en los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York comandado por Loretta Preska, por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina. 

Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI.  Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips; y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apalerá su fallo en contra en la Cámara de Nueva Lork. 

En ambos tribunales Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante el 2016,  cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Preska falló de manera diferente a Londres, determinando que no hubo “mala fe” y directamente rechazó el reclamo, negando que haya habido manipulación del PBI ese año. Y que eventualmente es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas. 

Luego de la presentación del 2016, Preska había abierto el caso en febrero del 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según recuerda el analista Sebastián Maril, “el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”