Duro comunicado de una importante entidad contra "la industria oculta que destruye empresas"

Desde la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias se despacharon en contra de lo que nombraron como "una industria oculta que destruye empresas y engrosa bolsillos de abogados”. Indicaron que se tratan de demandas que destruyen a las pymes y benefician a algunos abogados "inescrupulosos".

Una acción de clase es un proceso judicial que le permite a un conjunto de personas en situación similar demandar de manera colectiva. En muchos casos, impulsadas por las asociaciones de defensa de derechos de los consumidores, cuyos patrocinadores encuentran una veta fácil y segura para obtener réditos económicos. Si bien existe una ley que ampara a los consumidores, indicaron que hay "ciertas asociaciones abusan y sólo se concentran en aquellos puntos que les permiten obtener ganancias desmedidas".

"La legislación, efectivamente, contempla tareas que deben cumplir quienes defienden los derechos de los consumidores, entre ellas educar y divulgar, además de difundir aspectos relacionados con el consumo responsable.No obstante, en general no actúan de manera adecuada y, por el contrario, ignoran intencionalmente posibles errores por parte de las empresas e, incluso, inducen a no corregirlos, generando cierta sospecha en cuanto al único objetivo: iniciar juicios colectivos", destacaron desde dicha institución.

"Dichos juicios, en general, tienen origen en supuestos cobros inadecuados o al margen de la ley. Lo más grave es que, en su gran mayoría, los clientes de las empresas denunciadas ni siquiera se enteran de estos acontecimientos hasta que reciben un crédito por unos pocos pesos. En cambio, los abogados de estas asociaciones suelen recibir sumas millonarias, ya que, multiplicados por miles de clientes, esos pocos pesos representan un gran monto sobre el que se calcula el 20% de honorarios. Estas prácticas extorsivas son tan frecuentes que, en ocasiones, los juicios resultan ser idénticos, repetidos. Peor aún, algunos presentan errores groseros, propios del copia y pega", resaltaron.

"Lo cierto es que, a la luz de esta artimaña tan frecuente en estos tiempos, los honorarios millonarios de los abogados se agigantan sin necesidad de esfuerzo extra. Mientras que las asociaciones de defensa al consumidor pueden iniciar demandas con el beneficio de la gratuidad, las pymes del sector deben afrontar abultados costos y gastos judiciales para hacer frente a demandas desmesuradas que, en ocasiones, ponen en riesgo su propia subsistencia. Esta amplia ventana perjudica de manera significativa a empresas o bancos que, invariablemente, son obligados a resarcir por actividades que han sido aceptadas por los organismos nacionales de control y, por lo tanto, jamás cuestionadas", indicaron.

"Todo esto, además, genera incertidumbre en el ámbito de las compañías, como medicina prepaga, seguros, financiamiento, comunicaciones, etc, que terminan siendo injustamente consideradas “las malas de la película”. Los daños que ocasiona la industria de los juicios de clase no se limitan sólo a lo ya expuesto. Una vez que el juez falla en contra, las empresas deben –en primer lugar-- realizar el correspondiente reintegro económico para, luego, poder apelar".

"Esto vuelve ineficaz la posibilidad de defensa, ya que los pagos deben efectuarse a miles de personas a las que, en caso de ganar en otras instancias, sería imposible reclamarles los montos entregados. En su momento, algunas de estas asociaciones fueron debidamente denunciadas, aunque nunca se llegó a buen puerto y, por el contrario, la extorsión se incrementó.

"Para que un sistema funcione, las reglas deben ser claras. Toda empresa debe poder, a través de sus ingresos, garantizar el pago de sus costos y obtener una rentabilidad razonable. Esto, muchas veces, no es tenido en cuenta por los jueces. Se penalizan los mínimos errores y se presupone la mala fe. Por otro lado, es ingenuo creer que, al final, los costos --incluidos los millonarios honorarios de los abogados-- no impactarán en los clientes", dijeron.

"Muchas de estas empresas podrían extinguirse no por razones de competencia o productividad, sino por algo mucho más grave: una ley que deja puntos oscuros y que abre la puerta a la ambición y al beneficio personal. En definitiva, una ley que no garantiza la debida defensa en juicio ya que es necesario, previamente, pagar para poder apelar", finalizaron diciendo.