¿Se viene un Fragata 2 por la causa YPF? Preska habilitó embargos en todo el mundo

Loretta Preska no tuvo contemplaciones con la Argentina. La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, cerró ayer su primera intervención en el juicio perdido por el país por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, inclinando nuevamente la balanza hacia los demandantes vencedores, los fondos Burford Capital y Eton Park.

Ambos ya habían sido declarados triunfantes en el caso y declarados acreedores por unos U$S 16.000 millones. Ahora además tendrán el derecho a reclamar embargos contra el país, mientras Argentina lleva la causa a la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El tribunal que maneja Preska publicó este mediodía el fallo que le permite a los dos fondos pedir embargos directos sobre posesiones del país dentro y fuera de los Estados Unidos, salvo que Argentina deposite garantías financieras por el mi monto reclamado en cuentas de los tribunales norteamericanos, algo que el país no hará porque, simplemente, no tiene ese dinero.

Mientras dure entonces el período de apelaciones ante la Cámara de Nueva York, un proceso que se extenderá más allá del 2024 y probablemente parte del 2025, Burford y Eton podrán, al menos, intentar embargar cuentas financieras y activos físicos de la Nación argentina en todo el territorio norteamericano, e intentar avances similares por el mundo.

Preska se volcó así por la peor de las circunstancias para Argentina, al reproducir la jurisprudencia que en su momento y en el mismo tribunal Thomas Griesa aplicó en el juicio que los fondos buitre le hicieron al país por el canje de deuda del 2006 y 2010, y que llevó en octubre de 2012 a la toma de la Fragata Libertad en el puerto de Tema, en Ghana. 

Argentina, mientras tanto, se presentará en la Cámara de Apelaciones, donde se especula no tendría mayores probabilidades de éxito. Sin embargo, podrá ganar tiempo por al menos un año hasta elaborar alguna estrategia financiera para conseguir los fondos que debería liquidarle a Burford y a Eton.

Se vienen los embargos

Mientras tanto, Preska ahora terminará su participación en la causa. Pero podría volver a hacerse cargo si el camino de las apelaciones a la Cámara primero y eventualmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos después termina siendo contrario al país. En ese caso, la causa volvería al despacho de la jueza para que vuelva a reunir a las partes para encontrar alguna vía de negociación, para que el país pague su deuda judicial con los demandantes.

Es lo que hizo en su momento Griesa en abril de 2016, momento en que durante el gobierno de Mauricio Macri se negoció con los fondos buitre el pago de unos U$S 9.000 millones al contado.

Para llegar a este fallo Preska se tomó su tiempo. Esperó a que el país termine su proceso electoral y la asunción de las nuevas autoridades para avanzar en la definición de la causa en la primera instancia. La base del derecho reconocido a los demandantes es la determinación de culpabilidad de la Nación por haber ignorado en el proceso de renacionalización de la petrolera en 2012 a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional, al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo, que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano, tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Economía Axel Kicillof, principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.