Caso YPF: el Gobierno ya está resignado a recibir otra mala noticia antes del 22 de octubre

Parece inevitable que Sergio Massa y, fundamentalmente, Axel Kicillof vayan a las elecciones del 22 de octubre con una pésima noticia económica en sus espaldas. La jueza Loretta Preska dará su veredicto final antes de la fecha de elecciones presidenciales de primera vuelta, con lo que el fallo final y definitivo para la primera instancia del caso por la manera en que se reestatizó YPF en 2012.

La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York dio ayer por cerrada la etapa negociadora entre las partes (Argentina y los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park) al no haberse comprometido los abogados que representan al país del estudio Sullivan & Cromwell LLP (S&C) a realizar una oferta concreta de pago, y adelantarles a los vencedores del caso que habrá apelación ante la segunda instancia judicial.

Ante estas novedades, hoy Preska recibirá el escrito final renunciando a la negociación, con lo que tomará dos decisiones. La primera, ponerle número a la demanda ganada por Burford y Eton Park, con una cifra que partirá de los U$S7.500 millones y que podría trepar a los U$S16.000 millones definitivos. Y finalmente, cerrar esta etapa en primera instancia con un fallo definitivo a favor de los dos fondos demandantes, dejando firme la sentencia contra el país.

Luego, será el momento de iniciar una segunda etapa a partir de una segura apelación por parte del estudio de S&C y comenzar a transitar una nueva fase de definiciones en un terreno ya empantanado y muy cuesta arriba para la Argentina. La única duda que queda en este momento es la fecha exacta en que Preska se pronunciará.

Pero por la jurisprudencia del tribunal donde reinó por décadas el extinto juez Thomas Griessa y ahora maneja Preska, la novedad se conocerá de forma sorpresiva. Y no con mucha postergación. Los abogados de S&C ya saben que la novedad es inminente y que, inevitablemente, se conocerá antes de ir a votar el 22 de octubre.

El camino de la demanda

Tal como contó MDZ en marzo, el fallo de Loretta Preska es claro. Especialmente al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional, al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.

Quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%) y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera, como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Los orígenes del pleito

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio -aunque hay sospechas de todo tipo- sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. Tampoco YPF como empresa es responsable de las consecuencias del juicio, tal como lo dejó expreso Preska en su fallo de marzo pasado. Así, la petrolera y sus activos en todo el mundo (incluyendo en los Estados Unidos), están a salvo de embargos y otras acciones penales.

No se sabe aun si esto alcanza también a los bienes expuestos de la Nación ante el mundo. Una historia que el país ya conoce de cerca, cuando desde el tribunal de Thomas Griesa se inició una cacería mundial de bienes argentinos para ser embargados a nombre del fondo buitre Elliot de Paul Singer. Un demandante que, al lado de Burford, se quedó corto.