Todo mal con el impuesto a la riqueza

Ya se los dije muchas veces, pero el público se renueva, así que lo repito: el sistema tributario de un país debería tener como único fin recaudar los fondos necesarios para que el Estado funcione. Ni un peso más. Sin embargo, está claro que la realidad es otra y es cada vez peor. Además, dado que todo impuesto restringe el derecho de propiedad de los individuos que conforman un Estado, la recaudación impositiva debería realizarse siempre buscando causar el menor daño posible. De eso surge la batalla cultural contra la voracidad fiscal, pero también contra el acoso fiscal.

Si bien la recaudación impositiva funcionó con el objetivo claro de sustentar a los Estados durante siglos -cuando los aumentos de impuestos fueron la excepción- hace tiempo que la realidad no es esa. En efecto, en las últimas décadas, fuimos testigos de dos fenómenos muy destructivos para el derecho a la propiedad de las personas:

• El uso de impuestos para promover o desalentar conductas (fumar, contaminar el medio ambiente, comer “comida chatarra”, utilizar dinero en efectivo y demás).
• El uso de impuestos para “redistribuir la riqueza” en nombre de la “justicia social”.

De esta forma, el gravamen que se conoce internacionalmente como “impuesto a la riqueza” y que algunos países denominan como “impuesto al patrimonio” o “impuesto a los bienes personales” no sirve para recaudar, no crea incentivos adecuados y, además, no promueve la distribución de la riqueza, sino todo lo contrario. Por eso, sin más, el impuesto debería eliminarse o, de ser estrictamente necesario, transformarse en un impuesto que afecte únicamente a los inmuebles ubicados en el país en cuestión.

Sería, ni más ni menos que el impuesto a la propiedad que existe en muchos países desarrollados. En ese contexto, no sorprende que los países de alta tributación pertenecientes a la OCDE que cobraban este tipo de impuestos se haya reducido de 14 en 1996 a solo 4 en 2017 que, por otro lado, tienen mínimos no imponibles elevados (como España o Francia) o lo cobran sólo sobre activos en el extranjero, como Italia.

• ¿Por qué sucede esta tendencia?

Hay razones que explican este fenómeno a nivel global. Entre ellas, se destacan las siguientes:

• Se trata de un impuesto que reduce el ahorro global de la población, disminuye las inversiones y, por lo tanto, afecta el crecimiento de la economía, la productividad y los salarios. Esto no es algo que digo yo, sino que surge, entre otras fuentes, de un estudio que realizó Ana Hansson en 2010, comparando información entre impuestos y crecimiento de veinte países integrantes de la OCDE entre 1980 y 1999 y de simulaciones impositivas realizadas por la “Tax Foundation” y el “IFO Institute”.
• Se trata de un impuesto difícil de administrar para los sujetos obligados, básicamente porque exige valuar activos que no siempre de fácil valuación.
• Otro argumento en contra de este tipo de impuestos tiene que ver con que es el gravamen más afectado por la llamada “Competencia fiscal” entre países. En muchos casos, de hecho, basta con cambiar la residencia fiscal para dejar de ser sujeto obligado. Ejemplos de esto, abundan.

Estas son solo algunas de las razones por las que este impuesto tiende a desaparecer -poco a poco, pero de forma constante-. No quedan dudas de que es un impuesto nefasto que no hace más que impactar de forma negativa en el crecimiento de los países, las inversiones, el ahorro de las personas y el desarrollo de fuentes de trabajo.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.
@MartinLitwak