FMI se endurece: las exigencias respecto al dólar y al ajuste fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se endureció. Más allá del lapidario informe sobre la realidad de la economía argentina y los reclamos de reformas estructurales que el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva le hizo ayer al país, y que apuntan más al 2024 que a la actualidad, los negociadores del staff técnico del Fondo que se encontraron ayer por segundo día cara a cara en la sede de Washington con los enviados del Palacio de Hacienda, les dejaron en claro y sin grises su posición a los visitantes.

Anoche, en tiempo de descuento, el propio Sergio Massa llamó a Kristalina Georgieva. Ambos se comprometieron a que la situación, al menos, no empeore, y la negociación pueda volver a los canales del diálogo. Y a las potenciales medidas desde Buenos Aires que no implique ni devaluaciones directas ni ajustes fiscales imposibles de aplicar. Se verá el resultado de la conversación en estas 48 horas frenéticas de negociaciones en Washington.

 En este sentido, la alternativa de un nuevo Dólar Soja o Dólar Agro o algún tipo de impuesto extra a las importaciones, son debates sobre la mesa.

El FMI quiere una devaluación que lleve el tipo de cambio, por lo menos, hacia los 317 o 320 pesos; y un ajuste fiscal de no menos de 2.000 millones de dólares. Sin estas dos condiciones, para la visión del director gerente para el Hemisferio Occidental Rodrigo Valdes y el  encargado del caso argentino Luis Cubeddu; no habría posibilidad de acuerdo posible. Los dos reclamos (obviamente) son imposibles de aceptar por el equipo de Sergio Massa, cuyo jefe no sólo es el ministro de Economía sino además el candidato del oficialismo, peleando voto a voto su identidad dentro de las alecciones PASO del 13 de agosto.

Pensar en un Massa devaluando el peso y anunciando ajustes fiscales concentrados en la política previsional, la obra pública (insumo básico de campañas electorales) y cualquier tipo de gasto social en tiempos políticos complejos, sería, simplemente, un suicidio político. Más para un candidato que basa su actual discurso (probablemente pasible de modificaciones radicalizadas luego de las PASO) en un acercamiento a posiciones más radicalizadas en materia económica y concentrando iras y responsabilidades sobre la situación actual en, precisamente, el FMI. 

En estas circunstancias, y cuando comienza en horas la tercera jornada cara a cara, ya se sabe que la única alternativa que esperan los enviados a Washington es un acuerdo de corto plazo. Esto es, quizá, no más allá del 13 de agosto (o en el mejor de los casos septiembre), con la alternativa de rediscutir todo una vez que el panorama electoral se calme para Massa. Saben esto el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de Asesores Leonardo Madcur, el secretario de Hacienda Raul Rigo y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, los hombres presentes desde el martes en el quinto piso de la sede del FMI en la capital de los Estados Unidos. 

Con este panorama, se sabe que Argentina no aceptará del Fondo Monetario menos de una hipótesis básica: un acuerdo de corto plazo que implique la devolución de parte del organismo que maneja Kristalina Georgieva de los aproximadamente U$S2.300 millones que hace 10 días el país giró por los vencimientos de junio correspondientes al primer trimestre; que deben abonarse en junio.

Ese dinero, según el programa de Facilidades Extendidas original, debía haberse liquidado con dinero girado antes por el propio FMI, pero debido a que el acuerdo firmado en marzo del año pasado está suspendido desde la segunda semana de abril, el organismo no aportó los fondos. Argentina, por buena voluntad, decidió pagar igual sabiendo que había una negociación en marcha con resultados seguramente positivos.

Saben en el ministerio de Economía que esta alternativa puede ser difícil, pero la más factible dado el panorama con que se encontraron en Washington. Solo requeriría un waiver desde Washington que dispense al país de haber cumplir las metas del primer trimestre del año; algo que no sólo es habitual sino que además está contemplado tanto en el acuerdo firmado en 2022 como en los estatutos del FMI.

En consecuencia, podría lograrse de manera relativamente rápida. Para el Palacio de Hacienda representaría además un acuerdo tenue pero con un valor agregado fundamental: el dinero iría directamente a fortalecer las reservas lánguidas del Central en momentos de dificultades graves, lo que garantizaría, además, una cierta estabilidad cambiaria hasta después de las elecciones PASO de agosto.

Lo negativo de un acuerdo de este tipo, es que nuevamente deberá abrirse un marco negociador con el FMI antes que termine septiembre, cuando el país deba liquidar otros US$2.300 millones al FMI. Esto además de saber que el pedido del FMI sobre ajustes y devaluaciones sólo se postergaría unos días, para volver al frente de batalla de los reclamos el 14 de agosto. 

Uno de los capítulos en los que aún no hay acuerdo, es el debate sobre el costo de la sequía y su impacto en las cuentas públicas, diferencia los cálculos de las consecuencias sobre las variables macroeconómicas; y, derivado de esto, sobre la corrección de las tres metas pactadas que el acuerdo de Facilidades Extendidas debería contemplar para cumplir con lo prometido y firmado en marzo del año pasado.

Para el equipo económico no hay dudas: el impacto directo sobre los ingresos del país provocados por la falta de lluvias y el consecuente deterioro del panorama exportador alcanzó un piso de US$20.000 millones; lo que derivó en que el país no pudiera cumplir con la promesa de una evolución positiva de las reservas del BCRA de unos US$4.800 millones, un nivel de déficit inferior al 1,9% del PBI y una emisión de 0,6% del PBI.

Para el organismo que maneja Kristalina Georgieva el fenómeno climático existió y fue grave. Pero sus consecuencias reales, al menos hasta junio 2023, no serían superiores a los US$10.000 millones; lo que además afectaría las metas de reservar (algo que siempre el FMI estuvo dispuesto a discutir), pero no a las metas fiscal y monetarias. Según la visión del Fondo, La Argentina tiene herramientas para aplicar más allá de la sequía, para cumplir en tiempo y forma las metas de déficit y de emisión monetaria. Y que, en todo caso, todo sería una cuestión de corrimiento en la medición trimestral de las metas, para aceptar que el país pueda mostrarlas de manera anualizada. 

Obviamente se trata de una discusión clave, dado que para el FMI las pérdidas por la sequía son el único argumento válido para que la Argentina pueda incumplir las metas de reservas y déficit fiscal pactados para este año en el acuerdo cerrado en marzo del año pasado; y que tiene un artículo donde se tienen en cuenta estas contingencias exógenas sobre las que no puede actuar el país.