Agroindustria: controversias por las elevadas multas que impone una ley
La ley provincial 9.133 funciona en Mendoza desde hace cinco años para el sector vitivinícola y, en 2020, fue modificada para sumar a la agroindustria. En pocas líneas, crea un Registro Único de Contratos para la compraventa de frutas y verduras destinadas a industria. Aunque tiene diversas aristas, la polémica hoy pasa por las multas que han recibido muchas empresas y el alto valor que tienen.
Según esta norma, que surgió en 2018 como una manera de proteger a los productores vitivinícolas, indica que su no cumplimiento debe ser sancionado con el 5% del monto de la operación. Esto ha provocado multas de alto impacto en muchas empresas agroindustriales; en especial en las que se dedican al sector frutícola.
Desde el punto de vista de Leandro Roldán, gerente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim) y presidente de la Federación Plan Estratégico de Durazno para Industria (Fepedi), se trata de una suerte de maniobra recaudatoria que no tiene en cuenta la realidad del sector. Entre otras cosas, porque no es sencillo comprometer mercadería por contrato; como solicita la norma.
“La ley se hizo para el sector vitivinícola, pero no es posible registrar de antemano ni por contrato la cantidad de fruta que se va a entregar”, subrayó Roldán. Agregó que, no obstante, se cumplen todas las exigencias con relación a declaraciones juradas de la materia prima recibida y otras especificaciones legales. Desde su punto de vista, por más que quieran, los productores no pueden (ni quieren) firmar un contrato de estas características debido a la variabilidad del producto.
“Las multas han llegado a los $30 millones, son montos importantes y muy difíciles de pagar en el actual contexto económico”, subrayó Roldán. Más allá de esto, el dirigente expresó que no se trata de mala voluntad del sector sino del desconocimiento que tiene la ley sobre cómo se trabaja en la agroindustria.
Del otro lado, Mario Leiva, de la Sociedad Rural del Valle de Uco, destacó que ni la ley ni su modificatoria (Ley 9.252) son inconstitucionales, ya que se trata de una adaptación del Código Civil y Comercial Argentino para proteger los derechos de los productores.
“La norma establece que el productor primario y la industria tienen que firmar un contrato, pero los industriales piden la fruta y después ven cómo la pagan, con el impacto negativo que eso tiene para el productor”, sostuvo Leiva. Agregó que existe un paso previo de concertación de precios para evitar situaciones de este tipo pero que nadie se presenta.
“Hoy todos se quejan, pero nunca se han sentado en esta mesa”, apuntó el dirigente para quien el principal perdedor es el sector primario. “El hilo se corta siempre por lo más fino y hoy se abandonan fincas, debido al ajuste que los industriales siempre han hecho sobre la tierra y quienes la producen”, observó Leiva.
Un cambio en la ley
Más allá de las diversas posturas e interpretaciones, lo cierto es que las multas llegan en parte por el fracaso del control o las negociaciones previas. En este sentido, pierden unos y otros más allá del espíritu original de la norma.
Hugo Tornaghi, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, explicó que han enviado una encuesta a sus asociados para saber si han tenido multas y cómo han sido afectados de manera concreta para sumar datos a la situación.
Tornaghi comentó que existe malestar en las industrias por esta situación al tiempo que explicó que antes del pago de las multas hay una etapa de defensa y pruebas. No obstante, coincidió en que hay partes de la norma que son muy difíciles de cumplir.
En primer lugar, opinó que -cualquiera sea el caso- una multa que sea del 5% de la operatoria es demasiado alta para cualquiera y que eso debería reverse. Por otro lado, también dijo que es compleja la realización de contratos sellados en la Bolsa de Comercio dadas las características variables de la fruta como plazo de maduración, cantidad y contingencias climáticas, entre otras cuestiones.
“Sería importante realizar una revisión y, en todo caso, ver si la ley se puede modificar. En especial en lo que respecta al monto de la multa”, subrayó Tornaghi. Desde el Gobierno de Mendoza no quisieron opinar debido a que no creen tener incidencia en una legislación que excede al Poder Ejecutivo.