Ley de alquileres: qué puntos se podrían modificar
Después de 18 meses desde que se estableció la Ley de Alquileres, quedó en evidencia que fue un rotundo fracaso. Si bien la intención de esta ley era bajar el precio de los alquileres, cosa que inquilinos y agrupaciones que los representan festejaron inicialmente, la realidad fue que muchas personas vieron muy poco rentable alquilar una propiedad, por lo que decidieron vender.
Esto resultó en un enorme aumento de la oferta y en la consecuente baja de los precios de las propiedades. Sin embargo, también repercutió en los alquileres: al haber menos oferta por la puesta en venta, es decir, al haber menos casas disponibles para alquilar, el precio subió considerablemente.
Además, al ser un mercado con demanda inelástica, es decir, que ante un aumento en los precios la demanda de la gente no varía tanto (porque se necesita un lugar donde vivir), los precios pueden subir fuertemente. Frente a esta situación, casi todos los costos extras que generó la ley de alquileres, como la obligación de registrar el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, fueron trasladados al inquilino, lo que los perjudicó aún más.
Hoy en día, a pesar de las enormes subas de precio, son muchas las personas que buscan alquilar una propiedad y no consiguen, algo muy distinto a la idea original de la ley que era beneficiar a los inquilinos y que los aumentos estuviesen por debajo de la inflación. Además, generó gran desconfianza en los inversores de nuevos proyectos inmobiliarios, al menos los destinados a casa habitación.
En este contexto, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti se reunió esta semana con inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, inquilinos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios para discutir mejores condiciones, tanto para los dueños como para los que alquilan, y avanzar con las modificaciones que le den solución a un problema que ya lleva años.
“Estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres”, explicó Feletti. Para el funcionario público, hay una explicación al fenómeno de los alquileres: el dueño del inmueble reclama una suma de dinero por la inversión que realizó, el inquilino no puede pagarla y ahí surgen los problemas y reclamos, sobre todo de las asociaciones de inquilinos.
Hay que recordar que todos los inmuebles están en dólares y no son nada económicos. Un departamento que se alquila en 40.000 pesos (menos de 200 dólares al tipo de cambio MEP) cuesta aproximadamente USD 100.000 por lo que rinde un 2,4% anual en dólares bruto. En otras palabras, la rentabilidad es muy baja.
A ese monto hay que descontarle los gastos del inmueble, como las comisiones extraordinarias del consorcio y el mantenimiento general, el Impuesto a los Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias, Impuesto Inmobiliario, Impuestos Municipales, etc.
Frente a este problema, el Gobierno nacional cree que la única forma de resolver esto es “castigar al propietario” con un posible impuesto a la propiedad “ociosa”.
Esto fue confirmado por la funcionaria Gabriela Cerrutti, quien expresó: “Es vivienda que se construyó o compró para ahorro o para especulación inmobiliaria, en otros casos y que no está puesta en el mercado del alquiler. Por lo tanto, inflación, viviendas ociosas, pocas viviendas para más inquilinos, hace que el precio de los alquileres empiece a ser prohibitivo para muchas familias y sobre todo para los jóvenes que necesitan alquilar su primera vivienda”.
Si bien la medida podría motivar a que muchas personas decidan poner en alquiler sus viviendas, también puede significar que muchas personas decidan no invertir en el futuro en este rubro.