Drama fiscal: Argentina perdió U$S250.000 millones en 13 años

Argentina perdió entre julio de 2008 y el mismo mes del 2021 U$S250.000 millones. No son dólares fugados ni inversiones fallidas. Es dinero que el estado gastó de mas ante la recaudación, y que debió ser financiado o con ahorros, emisión monetaria o toma de deuda. En el período analizado donde se incurrió en este pasivo entre ingresos y egresos de dinero (en moneda local) se incluyen gobiernos peronistas/ kirchneristas y macristas; con lo que se trata de una cuestión que no pudo resolver la clase política argentina.

Y, lo peor, es un número que se incrementará en los próximos años (no menos de cuatro períodos más), donde se descarta que el estado nacional gastará más que sus ingresos. Sólo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que discipline al máximo la situación fiscal, y que sea respetado por los últimos dos años de gestión de Alberto Fernández y el menos los primeros dos de quién lo suceda; esa cuenta dejará de incrementarse.

Hay un cálculo que agrava la situación. Si se sumaran estos U$S250.000 millones con los aproximadamente 400.000 millones de dólares que salieron en el mismo período del sistema financiero argentino (y que algunos políticos llaman fuga); la Argentina perdió unos U$S650.000 millones; superando largamente los U$S450.000 millones de la actual medición del PBI argentino. Demasiado dinero. Imposible de soportar para un país con debilidades crónicas para generar divisas sanas provenientes de exportaciones reales o endeudamiento barato. Y parte de la explicación que muestra la decadencia de los últimos 10 años de la economía argentina, y que determinará que el país estará 12 años en el mismo lugar de estancamiento. Ningún otro estado de la región (sólo Venezuela) y eventualmente algún país africano se pueden comparar con la Argentina y su tremenda pérdida de dividas con el combo salida de dólares y déficit fiscal.

Los datos parten al último informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que lleva la firma de Nadin Argañaraz y Ariel Barraud, presentado en sociedad esta semana. Las principales conclusiones del trabajo son las siguientes.

*Argentina tiene un problema fiscal crónico y recurrente: de los últimos 61 años, en 54 se va a terminar con déficit fiscal. Es decir que en el 9 de cada 10 años los ingresos no han sido suficientes para financiar el nivel de gasto público ejecutado. De su financiamiento, se derivan  un sinnúmero de distorsiones y desequilibrios que tarde o temprano terminan sincerándose. 

*Cada gobierno dice tener la receta para bajar la inflación (uno de los principales síntomas del déficit fiscal), pero con un set de alquimias que duran un tiempo determinado y que no evitan que las restricciones terminen materializándose. El problema de fondo es que, año tras año, crisis tras crisis y sin importar el color político, el Estado argentino gasta más de lo que recauda. Es un problema tanto de nivel de ingresos como de nivel de gasto. 

*Por el lado de los ingresos totales del sector público nacional no financiero en 2008 sumaron un total de U$S89.955 millones para luego subir hasta un máximo de U$S178.232 millones en 2015, declinar hasta volver en 2019 a representar menos de U$S90.000  millones, y tocar el piso de U$S68.904 millones el año pasado.

*El gasto público requiere ser financiado. Se lo puede hacer con impuestos legislados, con impuesto inflacionario (vía emisión monetaria) o con endeudamiento. Concretamente, el déficit  fiscal, que es la diferencia entre gastos e ingresos, cuando se financia con endeudamiento  genera un aumento equivalente del stock de deuda del sector público.  

*Es importante remarcar que el endeudamiento debe hacerse para cubrir el déficit primario y los intereses de la deuda. Estos últimos en parte son consecuencia del stock de deuda con el que se inicia una gestión, y en parte del déficit fiscal que se sigue generando. Dado esto, si en el primer año de gestión se toma deuda para financiar el déficit, en el segundo año el gasto devengado en  intereses de la deuda debe reflejar ese incremento de deuda del primer año. 

*La continuidad del déficit fiscal da continuidad a sus consecuencias. La discusión de la sociedad no debería ser cómo financiar el déficit sino cómo solucionar el problema del déficit, y así evitar las consecuencias permanentes sobre los indicadores socioeconómicos (pobreza, desempleo, desigualdad) que traen los brotes inflacionarios, las devaluaciones y los defaults. Los esfuerzos deberían centrarse en buscar una solución de fondo de forma sostenible en el  tiempo, lo que necesita un consenso social básico. La delicada situación amerita el compromiso de todos los actores para definir un sendero sostenible de la política económica. El marco de un acuerdo económico y social podría permitir esta definición y evitar decisiones de corto plazo  que no sean consistentes con objetivos de largo plazo, que básicamente deberían dirigirse en la  dirección de la búsqueda de un desarrollo económico sostenido.